GUADALAJARA, JALISCO (04/JUL/2017).- La consulta popular sobre la ciclovía en la avenida Marcelino García Barragán, que se realizará el próximo domingo 9 de julio, viola los derechos humanos y no debió autorizarse aseveró el diputado Alejandro Hermosillo González, vocal de la Comisión de Movilidad en el Congreso, argumentó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) no hizo una correcta interpretación de la Código Electoral que, en su artículo 387, plantea que los asuntos relacionados con derechos no se pueden someter a consulta.El legislador emecista presentó iniciativa de reforma al código para que sea el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quien valore si las peticiones de consulta contravienen alguna garantía individual y posterior a esa revisión el IEPC analice si cumple con los requisitos solicitados para aprobar el ejercicio de opinión.“Vemos que con un análisis superficial, el Instituto Electoral falló en su decisión aprobando con criterios muy débiles una consulta que a todas luces viola la disposición actual del Código Electoral en el articulo 387. De este ejercicio rescatamos el debate que se ha generado y que estamos seguros nos deja grandes aprendizajes, sobre todo una mayor sensibilización del tema”, puntualizó el legislador.Hermosillo González llamó a los activistas y ciudadanos a participar bajo protesta en la consulta, para poner en evidencia la necesidad de que se cumpla con el plan de movilidad no motorizada y se invierta en más promoción e infraestructura en favor del uso de la bicicleta. El diputado también presentó propuesta de reforma constitucional para incluir el derecho a la movilidad. Además, presentó exhorto al Gobernador para que se concluya la vía ciclista en Marcelino García Barragán, que se promueva la movilidad no motorizada y se ejecuten los 49 millones del programa pro bici.SABER MÁSQUÉ DICE LA LEY:Código Electoral y de Participación CiudadanaArtículo 387Ninguno de los instrumentos de participación social podrá utilizarse para disminuir o revocar el reconocimiento o ampliación de derechos humanos. EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS
