Castigo de $105 mil a burócratas opacos

GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2015).- La nueva Ley de Transparencia de Jalisco endurece las sanciones a los servidores públicos opacos. La multa mínima va de siete mil pesos y puede ser aplicada a todos los que no implementen un sistema de recepción de solicitudes y entrega de información vía electrónica, como ocurre en una decena de alcaldías como Tapalpa. En el otro extremo, la sanción más alta se incrementó a los 105 mil pesos (antes era de 70 mil) a todas las entidades que reciben recursos públicos y no constituyan una unidad de Transparencia, a quienes difundan información confidencial sin autorización del titular y por incumplir las resoluciones del Itei.

En medio de discusiones, críticas y señalamientos, los diputados aprobaron ayer la reforma para homologarla con la legislación federal. El dictamen fue avalado con 29 votos a favor, las abstenciones de Juan José Cuevas y Celia Fausto, así como seis votos en contra por la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y del panista Guillermo Martínez Mora.

El coordinador emecista Ricardo Rodríguez expuso que el ordenamiento es una regresión, ya que se armoniza la Ley General con recovecos legales que permitirán omitir la publicación de información fundamental. Uno de los principales riesgos es la eliminación de los artículos que pretendían obligar la publicación de los subejercicios fiscales, así como el detalle de los pagos de pólizas de cheques. También se rechazó la propuesta de que se transparenten las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas por la Auditoría Superior de Jalisco, por lo que será hasta que sean dictaminadas por el Congreso.

“Los gobiernos de los tres niveles tienen por obligación transparentar el gasto público, pues no es de ellos”, respondió el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Juan Alonso Niño Cota, quien afirmó que, en específico, se debe tener una revisión puntual y en tiempo de las cuentas públicas, pero antes que el Congreso las dictamine.

Aunque la gratuidad, que se entiende como el acceso gratuito a la información pública, es un principio que presume la nueva ley, en la práctica el costo a la información obstaculiza la rendición de cuentas y transparencia. De acuerdo con las modificaciones, las entidades están obligadas a expedir “en forma gratuita las primeras 20 copias simples relativas a la información solicitada”, pero a partir de la veintena de hojas, el costo estará previsto por los sujetos en sus leyes de ingreso; es decir, cada quien cobrará lo que quiera por cada impresión.

Los sujetos obligados también deben “promover la publicación de la información en formatos abiertos y accesibles”, aunque todo quedó en buenas prácticas y no están obligados.