Burócratas opacos evaden multas del Itei

GUADALAJARA, JALISCO (04/JUL/2015).- Los pocos servidores públicos que han sido sancionados en Jalisco también se niegan a pagar las multas decretadas por el Instituto de Transparencia (Itei), acumulando deudas por 111 mil 523 pesos.

De 72 sanciones económicas contra funcionarios opacos, sólo han pagado 32; siete no se han localizado para multarlos y 33 se encuentran apercibidos para que paguen. Cuatro de éstos últimos interpusieron un medio de defensa en tribunales para tratar de impedir la sanción.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, existen cuatro personas que interpusieron un recurso jurídico de defensa, por el que no quieren pagar alrededor de mil 100 pesos cada uno. Un hecho que el propio funcionario calificó de “ocioso”, pues estos recursos todavía se pueden disolver en tribunales. “Lo mejor es que los funcionarios asuman su error y paguen”.

Hasta el momento se contabilizan 60 mil 162 pesos recaudados por el concepto de pago de multas originadas porque los servidores públicos fueron sancionados por el Instituto de Transparencia, al comprobar que hubo incumplimiento de la ley en la materia.

De los siete funcionarios que no se han localizado para cobrar la multa impuesta se estima un monto de 14 mil 156 pesos. Pérez Partida espera las nuevas disposiciones de la ley general para continuar con el cobro a los burócratas estatales y municipales.

Entre los que han tenido que purgar un arresto administrativo se encuentran los alcaldes de Juanacatlán, José Pastor Martínez Torres; de Teocuitatlán, Carlos Adrián Lomelí Becerra, y de San Martín Hidalgo, Juana Ceballos Guzmán.

Hay que destacar que los cambios en la Ley de Transparencia de Jalisco son inminentes. La puesta en marcha de la Ley General impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto ocasionará que el Estado cumpla con criterios mínimos para otorgar información pública a los ciudadanos.

Será en este mes cuando el Instituto de Transparencia (Itei) pueda hacer una propuesta formal a las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana y Transparencia del Congreso local, para que se puedan establecer nuevos plazos y medidas de apremio, cuando los funcionarios responsables de otorgar información pública no otorguen lo que se les requiere.

“En el caso de las multas, la propuesta va por el lado de que quede claro que la sanción es para las personas, no para la institución. Porque hasta ahorita no sabemos si los funcionarios sancionados están pagando de sus recursos o del erario”, señala la titular del Itei, Cynthia Patricia Cantero Pacheco.

COLECTIVO POR LA TRANSPARENCIA
Apuestan al fortalecimiento de órganos estatales

El Colectivo por la Transparencia, que incluye organizaciones civiles como Fundar y Ciudadanos por la Transparencia en Municipios, celebró la instalación del Consejo General de Transparencia, uno de los órganos que implementará el sistema que opere la ley general en la materia.

Sin embargo, pide que se le dé seguimiento a los pasos a seguir, como la homologación de leyes de transparencia en los estados. “Contar con un marco legal homogéneo es el primer requisito para que pueda operar.

Desde el Colectivo por la Transparencia estaremos dándole un especial seguimiento a la armonización de las leyes estatales. El término establecido por la ley general vence el próximo 05 de mayo de 2016 para que las legislaturas locales armonicen las legislaciones en la materia, con el fin de garantizar la transparencia”.

En un comunicado, refieren que es importante el fortalecimiento de los órganos garantes. “Es imperativo que el Sistema Nacional emita lineamientos o promueva buenas prácticas para contar con mecanismos adecuados en los procedimientos de selección de los comisionados en las entidades del país que garanticen la transparencia, apertura y participación de la sociedad”.

Debido a que la ley es novedosa, también pide que el Sistema Nacional expida los lineamientos para la creación e implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como homologar la implementación de las nuevas obligaciones.

“La implementación adecuada de la plataforma como de las obligaciones de transparencia permitirán contar con información accesible y oportuna, piedra angular del derecho de acceso a la información”.

Por último, buscan que la atracción de los recursos de revisión sea clara. “El Sistema Nacional deberá establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre el Instituto Nacional y los organismos garantes de la entidades federativas para el efectivo ejercicio de la facultad de atracción en los recursos de revisión pendientes de resolución que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Esto garantizará el respeto a los criterios de interpretación emitidos y evitará a toda costa las resoluciones diversas en asuntos similares que surjan en los estados cuando sean derivados de condiciones políticas locales”.

CONGRESO DE JALISCO
Endurecerán sanciones

Una de las propuestas que tiene el Instituto de Transparencia para homologar la ley estatal con la federal es que se incrementen las sanciones, “no sólo porque sea una propuesta nuestra sino porque se debe de homologar con las sanciones federales”, añade Cantero Pacheco. “Eso nos permitiría reforzar el cumplimiento de la ley de parte de los funcionarios porque hay a quien se le hace fácil mil o mil 500 pesos… la propuesta es que las sanciones sean más altas”.

Otro de los puntos que se deben trabajar, dice, es la toma de conciencia en el cumplimiento de las leyes, pero que los titulares de las dependencias puedan tomar medidas internas. “En muchas de las ocasiones, lo que sucede es que los directores, los jefes de departamento o los cargos operativos son los que incurren en las sanciones, y la ley establece que el responsable es el titular del área de Transparencia”.

La propuesta del Instituto es dotar de más poder a los titulares de las áreas de Transparencia, para que puedan señalar arbitrariedades contra los funcionarios operativos que sean omisos de cumplir con la ley.

“El responsable no puede ser el titular de Transparencia, cuando no se le otorga información de las áreas que producen dicha información”.

Hasta el momento se han desarrollado foros en el Congreso del Estado para que las asociaciones civiles vinculadas con la defensa del derecho a la información puedan otorgar sus propuestas y aprovechar el mandato de homologación de la norma estatal con la federal. De acuerdo con Cantero Pacheco, no hay acuerdos tomados sino una recepción de iniciativas.

“Nosotros estamos haciendo un ejercicio con todas las áreas (del Instituto) para que se genere una propuesta de una ley, o bien una propuesta global de la institución para que se incorpore a la ley estatal. Todavía no se han acordado los puntos, pero hay diputados que se han mostrado receptivos”.

Inicia el Sistema Nacional

El pasado 23 de junio comenzó a operar el Sistema Nacional de Transparencia, un supra organismo que integra a todas las instancias que funcionan como garantes del derecho a la información. Serán ellos quienes pongan en operación la Ley General de Transparencia, que apenas entró en vigor en mayo pasado.

Entre las novedades que contempla la Ley General es la creación de un sistema electrónico para todas las dependencias y organismos que reciban recursos públicos y que generen información en los niveles de Gobierno municipales, estatales y el federal.

Esta plataforma no es opcional sino de cumplimiento general, destaca Cantero Pacheco. Dentro de los plazos de la Ley General se contemplan tiempos más holgados que los estatales. En ese sentido, “nosotros no podemos tomar la temporalidad que marca la legislación general, porque no podemos establecer criterios que van en perjuicio de lo ya ganado”. Mientras que en la ley estatal se contemplan cinco días para responder una solicitud de información hacia cualquier sujeto obligado, en el ámbito federal el plazo es de 20 días.

“En ese sentido, la propuesta es que el plazo se siga conservando, pero que se quiten pasos administrativos al procedimiento actual; es decir, la persona recibe su información en el noveno día por los procedimientos administrativos. Todo ese tipo de cuestiones nos demandan de cinco a nueve días”.

Otra de las propuestas que hará el Itei para la creación de la ley estatal es que la solicitud de información elimine el requisito de poner el nombre del solicitante, porque en ocasiones este dato ha ocasionado que la información no se otorgue, pues ven fines políticos con la liberación de la información.

Carecen de equipamiento

El otro problema es que la mitad de las unidades de transparencia de los municipios no tienen el equipamiento mínimo para cumplir con su responsabilidad. “Hasta este momento van 56 ayuntamientos que van a requerir todo: computadora, escáner, cámara web e internet”.

Cantero Pacheco adelanta que en los próximos días se entregará el equipamiento para que puedan cumplir con su responsabilidad.

Sobre los retrasos en la instalación del Portal Único de Transparencia del Estado donde se publicaría la información de 700 sujetos obligados en Jalisco, explica que ya está funcionando con la información del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados y del Instituto de Transparencia. Lo que falta, dice, es la firma de convenios con los municipios para que puedan incorporarse. “La intención es firmar los convenios con los nuevos alcaldes y subir a los 125 municipios… ahora se trabaja con el Poder Judicial y organismos autónomos”.

En lo que hay avances es en el establecimiento de quioscos. El Gobierno del Estado se comprometió a instalar 125 dispositivos para que los ciudadanos consulten y hagan sus solicitudes de información en el Portal Único. A la fecha se han instalado 70.

POR RECIBIR RECURSOS PÚBLICOS DEBEN ENTREGAR INFORMACIÓN
Sindicatos y concesionarias, obligados a rendir cuentas

La nueva Ley General de Transparencia, aprobada a nivel federal, establece como sujetos obligados a los sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, así como a las empresas que tienen concesionados servicios públicos.

Para que esto suceda, en Jalisco se tendrá que ajustar la legislación para que se vuelvan sujetos obligados y rindan cuentas. Para ello, el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) trabaja una propuesta de armonización jurídica, que busca que los nuevos sujetos obligados informen sobre el manejo de los miles de millones de pesos en recursos públicos bajo su tutela.

La propuesta del Instituto es que los sindicatos informen, además del ejercicio de su presupuesto, sobre la estructura que tienen, el número de trabajadores incorporados y otros datos sobre la vida interna del organismo.

¿Cuántos sindicatos rendirán cuentas?, se le pregunta a Cynthia Cantero Pacheco, titular del Itei: “Es una gran cantidad de sindicatos, son más de 100”. Sin embargo, en Jalisco, según la Secretaría del Trabajo, existen 672 gremios, aunque “no todos reciben recursos públicos”.

Una vez que se aprueben las modificaciones a la legislación estatal se conocerá con precisión qué información tendrán que hacer pública, “son temas que se analizarán”.

Lo que “sí es definitivo es que los sindicatos deberán tener una unidad de transparencia”.

Además de los sindicados y los fideicomisos públicos, “serán sujetos obligados todas las personas físicas o jurídicas que realicen actos de autoridad o de interés público, por ejemplo, las asociaciones que reciban recursos públicos y empresas que tengan concesionados servicios que les corresponden a la autoridad”.

Esos son algunos de los ejemplos de sujetos obligados, pero “seguramente van a existir más… necesitamos definir las responsabilidades que van a tener que atender o cumplir (estos sujetos)”.

La gran novedad es que las concesionarias que manejan servicios públicos serán también sujetos obligados, por lo que empresas como Caabsa Eagle y Metro Meters, que se encargan de la recolección de basura y parquímetros en Guadalajara, respectivamente, tendrán que transparentar cómo se gastan el dinero de los contribuyentes, sus ganancias y su gasto corriente.

Con los cambios a la ley, la empresa Metro Meters estará obligada a informar sobre los procedimientos de cobro y recaudación en los parquímetros, “forzosamente tendrán que publicar información fundamental”, subraya Cynthia Cantero.

En 2014, la concesionaria tuvo una recaudación promedio mensual de apenas 1.56 millones de pesos, pero el universo de cuatro mil 900 estacionómetros podría otorgar hasta 12.8 millones; es decir, ocho veces más, si se toma en cuenta que cada parquímetro puede generar 102 pesos diarios en 306 días al año (los domingos y días festivos no se paga). Este medio buscó a la empresa para que explique la deficiencia en el cobro del servicio pero evadió responder.

La próxima semana se realizará en el Congreso del Estado un foro para analizar las propuestas de ajuste a la legislación federal.

La reforma a la Ley General de Transparencia acota, además, las solicitudes de reserva de información: ya no se permitirá acudir a esta figura en cuestiones de contratos y compras públicas con indicios de corrupción. Cantero Pacheco añade que se quita la reserva de información para los casos que tengan que ver con la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

DATO
Una centena en la mira

De acuerdo con el Itei, más de 100 sindicatos y concesionarias de ayuntamientos o del Gobierno del Estado deberán rendir cuentas de cómo gastan los recursos públicos.

Reservados

El cambio más importante es que los procedimientos administrativos, como compras y obras públicas, están reservados por la ley hasta que no sean concluidos, “con estos cambios se establece una excepción en los casos donde se presuma que existen casos de corrupción… vamos a poder aperturarla”, advierte Cantero Pacheco.

REZAGO EN CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS
Avanza lento “Jalisco Transparente”

En octubre de 2014, el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) y el Gobierno del Estado suscribieron el convenio “Jalisco Transparente” para dotar de herramientas, como computadoras, escáneres, cámaras e internet, a todos los ayuntamientos que así lo requieran para que puedan cumplir con la publicación de información.

Para enero de 2015, los municipios tendrían que haberse incorporado al sistema Infomex, pero siguen existiendo 33 ayuntamientos (de 125) que no aparecen en el portal para hacer una solicitud en línea o por internet (http://www.infomexjalisco.org.mx/).

“Se encuentran en proceso una gran cantidad de sujetos obligados, cerca de 115 que están en proceso de ser incorporados. No podemos incorporar a todos en un sólo momento porque llevan diferentes etapas de capacitación, y todo el trámite administrativo ante el Itei, pero en uno o dos meses tendremos una base cercana a los 360 sujetos obligados”.

Desde marzo pasado todos los municipios están obligados a transmitir sus sesiones de Ayuntamiento en vivo por una plataforma en internet, para que cualquier habitante pueda conocer las decisiones que se toman en el cuerpo edilicio.

El problema es que hay municipios que ni siquiera tienen internet con la capacidad suficiente para mantener publicada la información que la ley les obliga, “es otro de los compromisos que quizá nos llevará algunos otros meses, pero la intención es cerrar este año con el compromiso 100% cumplido en cuanto al internet”.

ALCALDÍAS
A 10 años siguen incumpliendo con la ley

A pesar de los casi 10 años de existencia del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei), todavía existen en Jalisco municipios que incumplen con sus obligaciones básicas en materia de transparencia.

Este medio publicó que 78 de 125 alcaldías no publicaban su Presupuesto de Egresos 2015, de manera que se desconoce cómo gastan el erario.

Entre los más incumplidos destacan Tonila, Villa Guerrero y Zapotitlán de Vadillo al no tener una página de internet.

Pero le siguen los que no tienen un portal de transparencia: Tapalpa, Tolimán y Guachinango.

También hay municipios que sí tienen un sitio de transparencia, pero nunca han publicado sus presupuestos, aunque la ley los obliga. La mayoría se excusa en la falta de personal e infraestructura tecnológica.

Entre septiembre de 2013 y lo que va del año, el Itei ha interpuesto 215 sanciones contra funcionarios públicos, pero solamente la mitad de las sanciones han sido ejecutadas: “Hay medidas de apremio y sanciones. como medidas de apremio, las más altas, han sido los arrestos administrativos sobre funcionarios… y la multa económica más alta ha sido de 32 mil pesos”, recuerda la titular del Itei, Cynthia Catero Pacheco.

Los municipios más reincidentes son: “Tala, Cuquío, Cihuatlán, Juanacatlán y Tonalá. son los que tienen el mayor número de funcionarios sancionados”.

CLAVES
Sanciones mínimas

Legislación Aunque la Ley de Transparencia de Jalisco establece penas como la inhabilitación por al menos tres años, multas por mil días de salario mínimo y arresto administrativo de hasta 36 horas para los funcionarios que vulneren el derecho ciudadano de acceder a la información pública, hasta hoy los castigos se han caracterizado por ser muy blandos.

Responsabilidad El Itei puede emitir sanciones en dos casos: como respuesta a la queja de algún ciudadano que no recibió los datos que solicitó, o como medida de apremio cuando el funcionario incumple una resolución del organismo.

Saldo Entre septiembre de 2013 y lo que va del año se han impuesto 215 sanciones (de todo tipo) contra funcionarios públicos, pero sólo la mitad de las sanciones han sido ejecutadas.

Balance En 10 años se registran 182 mil solicitudes de información, cinco mil 800 recursos de revisión, 226 recursos de transparencia y 57 de protección de datos.

Infomex Desde enero de 2015, todos los municipios tendrán la obligación de incorporarse al sistema electrónico. Actualmente son 92 los que aparecen en el portal para hacer una solicitud en línea.

Sigue: #debateinformador

¿Conoce las reglas para solicitar información a cualquier entidad pública en Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador