Miércoles, 06 de Julio 2022
Jalisco | Alfaro y representantes de colonias piden juicio político y cárcel para Alberto Barba

Brotan denuncias contra magistrado

Enrique Alfaro y representantes de colonias piden juicio político y cárcel para Alberto Barba

Por: EL INFORMADOR

Alfaro pide  juicio político en contra Barba por las anomalías en autorizaciones para edificios, gasolineras y espectaculares. EL INFORMADOR / A. García

Alfaro pide juicio político en contra Barba por las anomalías en autorizaciones para edificios, gasolineras y espectaculares. EL INFORMADOR / A. García

GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2016).- Mientras Enrique Alfaro y representantes de colonias pidieron ayer un juicio político contra Alberto Barba, por las anomalías detectadas en 36 afirmativas fictas autorizadas por la Sexta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), el próximo martes, el Ayuntamiento de Zapopan presentará cuatro juicios de lesividad por igual número de proyectos inmobiliarios irregulares en los que participó el mismo magistrado.

No sólo eso. Los alcaldes de Zapopan y Guadalajara, Pablo Lemus y Enrique Alfaro, respectivamente, presentarán pruebas para “demostrar” que el patrimonio actual del magistrado no corresponde a sus ingresos (aunque no precisó fecha para esto último). El primer edil zapopano explica que ya se tienen pruebas de esto.

“La siguiente etapa es demostrar que su patrimonio no corresponde con sus ingresos… que nos explique sus bienes inmuebles”.

Al ser entrevistado por una televisora local en fechas recientes, el magistrado afirmó que la prueba de que no había una sola queja de sus resoluciones era porque no se habían presentado juicios de lesividad en su contra; sin embargo, Pablo Lemus respondió que no se habían entregado porque no existían pruebas para sostener los juicios. “Lo que hizo fue otorgar una suspensión y obligar a la autoridad a entregar una licencia de construcción (…) En colusión con ex funcionarios, el magistrado y desarrolladores irresponsables se solicitaba esa licencia al municipio y se dejaba correr el plazo sin contestación, y como no hay contestación oficial, se otorgaba la afirmativa ficta. Efectivamente, la administración pasada otorgaba esas licencias”. Pero “cuando el magistrado dice que no se han presentado juicios, efectivamente no se han presentado. Nosotros no habíamos podido presentarlos porque los expedientes en los que supuestamente se había basado la solicitud, los expedientes no se encontraban. Fueron extraviados o robados del archivo de Obras Públicas u Ordenamiento Territorial”.

Hoy, apunta el alcalde, ya rastrearon y recuperaron las pruebas para presentar los expedientes perdidos. Sin estos no podría haberse hecho mucho, pues se corría el riesgo de una demanda contra el Ayuntamiento. “Y eso tampoco lo podemos permitir”.

De esta forma, el próximo martes acudirá al Tribunal de lo Administrativo para entregar formalmente estas pruebas y lograr las negativas fictas sobre cuatro desarrollos. Uno de ellos en el Bosque El Nixticuil.

ALBERTO BARBA EVADE ENTREVISTA

“La verdad, no quisiera dar ninguna declaración”

El magistrado Alberto Barba prefiere no continuar en un debate público sobre los señalamientos que hacen los alcaldes de Zapopan y Guadalajara, Pablo Lemus y Enrique Alfaro, respectivamente. “Ellos tienen su forma de actuar y, bueno, que ellos actúen…”.

Este medio solicitó una reacción de su parte, ante la segunda solicitud de juicio político que hacen en su contra este año. Su respuesta: “La verdad no quisiera dar ninguna declaración”.

En julio pasado y ante el juicio político que solicitó en su contra Pablo Lemus, el magistrado declaró a Canal 44 que en su trabajo sólo “aplica la ley” y que “absolutamente todas sus resoluciones están apegadas a derecho”. ¿La prueba? Según él, que no hay un solo juicio de lesividad en curso por éstas.

Expuso que los señalamientos no necesariamente van en su contra sino contra el Tribunal, y por parte de autoridades que perdieron en un juicio con ciudadanos, una labor elemental del TAE.

“Nosotros somos quienes resolvemos. Obviamente a las autoridades les molesta que resolvamos en contra de ellas. Esa es su gran molestia”.

También se le preguntó si Movimiento Ciudadano pretendía retirarlo del puesto para colocar un perfil afín a los intereses de ese partido y respondió que es “una posibilidad”. “Ahí están los manotazos para quitarme y nombrar a uno de ellos”.

Concluyó que su conciencia y su persona “están tranquilas” y dijo confiar en la justicia, pues ese ha sido siempre su trabajo, aunque hoy decidió callar.

GUÍA

¿Cómo se aplica la afirmativa ficta?

La positiva o afirmativa ficta permite, entre otros aspectos, la autorización automática de licencias municipales sin el aval de los ayuntamientos. Se aplica cuando los municipios no responden en un lapso de tres meses a una solicitud de un particular para la construcción de edificios, hoteles o cualquier otro giro comercial.

Esta figura considera como una aprobación el “silencio administrativo” del Ayuntamiento y autoriza el permiso solicitado, sin posibilidad de que el municipio pueda apelar la resolución. Se otorga principalmente para licencias o permisos de desarrollos inmobiliarios, gasolineras, espectaculares y otros giros restringidos. Ante esto, la sociedad civil, Gobierno y la iniciativa privada han demandado un alto a lo que consideran abusos.

Las anomalías en Guadalajara

Enrique Alfaro y representantes de colonias denunciaron ayer anomalías cometidas por el magistrado Alberto Barba, producto de afirmativas fictas autorizadas por la Sexta Sala. En todas hay irregularidades que van contra los reglamentos municipales. A continuación el listado (en algunos casos no se dieron detalles):

• Agencia Automotriz: A pesar de que se encontraba pendiente un juicio de lesividad, por el predio en Patria 2175, colindante al Bosque Los Colomos, el magistrado ordenó emitir la licencia para su funcionamiento.

• Casa Aguilar: La finca en Guadalupe 1001 estaba catalogada como de Valor Artístico Relevante, pero otorgó licencia de demolición y autorizó 104 viviendas, oficinas y un hotel, en un lugar donde el uso de suelo es exclusivo para comercios y servicios barriales.

• Mar Mediterráneo 1103: Otorgó una licencia para edificio con 69 viviendas, en una torre de 25 niveles, en un lugar donde sólo se permite vivienda unifamiliar.

• Mar Rojo 2095: Otorgó una licencia para un edificio de 11 niveles, con 44 viviendas. El plan parcial es para, máximo, cuatro niveles. Ya se interpuso un juicio de lesividad.

• Motel Mezquitán: Se presume que la licencia fue resultado de documentación falsa. Hace dos años se interpuso un juicio de lesividad, en manos del magistrado Alberto Barba, quien ha retrasado la sentencia.

• Olmecas 843: Otro edificio que incumple con el plan parcial. El Ayuntamiento suspendió la obra, pero el TAE otorgó una suspensión y se sigue construyendo. Desde marzo se interpuso un juicio de lesividad que fue turnado a la Sexta Sala.

• Chochocate en Los Colomos: Este predio está catalogado como Espacio Verde Nivel Regional, además de ser una zona de protección de mantos acuíferos. El magistrado autorizó una licencia para 35 viviendas, pero Guadalajara solicitó al Congreso decretarlo como Zona de Recuperación Ambiental, lo cual se logró y se detuvo la construcción.

• Hospital: En un predio donde sólo se permite la vivienda unifamiliar, el magistrado autorizó la ampliación del nosocomio, que contaría con 10 niveles.

• Paseo de la Cima 49: En un predio en donde sólo se permite construir viviendas unifamiliares se otorgó una licencia para tres torres, una con 17 niveles y dos con 21. La obra fue suspendida por la alcaldía, pero un tribunal federal emitió una suspensión para continuar la obra.

• Avenida Patria 18: El magistrado resolvió una afirmativa ficta interpuesta en 1992 y ordenó emitir licencia de construcción para un edificio comercial de oficinas, vivienda y estacionamiento.

• 19 anuncios espectaculares: Concedió la suspensión para retirar los sellos de clausura y que ninguna autoridad pudiera iniciar un procedimiento en contra del dueño, a pesar de que éste nunca ha realizado el trámite para obtener una licencia. Un año y medio después, se resolvió a favor del municipio.

• Malecón 165: Se otorgó la licencia de una gasolinera y se blindó para que no pueda ser clausurada ni sancionada.

Malecón 836: Ordenó la expedición de una licencia para una gasolinera, al tiempo que impide que la obra sea clausurada o sancionada.

• La Rioja 2914: Emitió una suspensión para permitir iniciar la construcción de ocho unidades de vivienda vertical.

• Francisco Cárdenas Larios 3358: Autorizó una licencia para una gasolinera y una tienda de conveniencia. Sin embargo, el uso de suelo no permite la construcción de la primera.

• Basilio Badillo 276, 280 y 284: A pesar de que el actor no demuestra evidencia de haber realizado el trámite correspondiente en el municipio, el magistrado ordenó emitir una licencia para una gasolinera.

• Madero 480: Autorizó una licencia para un restaurante y un bar anexo, a pesar de que el trámite no se remitió al Consejo de Giros Restringidos, ni se hicieron las inspecciones necesarias para obtener la licencia.

• Herrera y Cairo 2835: Ordenó una licencia de construcción de cambio de proyecto comercial para dos locales y oficinas.

• Agustín Yáñez 1306: A pesar de que el actor no compareció ante Padrón y Licencias para solicitar la licencia de giro de vinos y licores, fue concedida por el magistrado.

• Coral y Caracol (cruce con Platino): Emitió la licencia para unidad habitacional de siete niveles con viviendas y tres de sótano de estacionamiento.

• Mar Mediterráneo 1069: Ordenó el cambio de uso de suelo para 100 unidades de vivienda, en 21 niveles de altura y dos sótanos. El dictamen fue otorgado en tan sólo 21 días.

• Otawa 1106: Autorizó la construcción de 36 viviendas en 10 niveles y dos sótanos.

•  Calzada Independencia 1075: Aprobó gasolinera.

• Paseo Acueducto 2380: Torres habitacionales y un hotel, construidos dentro de una plaza.

• Reforma 2724: Autorizó construir un edificio de 12 niveles y tres sótanos.

• Calzada Lázaro Cárdenas 1800: Aprobó una gasolinera.

• Turín 2747 y 2763: Ordenó el cambio de uso de suelo para un edificio habitacional con seis niveles y un sótano.

• Avenida del Ejército 666 y 680: Autorizó una gasolinera y no se puede sancionar ni clausurar.

• Montreal 767: Construcción de un edificio de 11 niveles habitacionales, cuatro sótanos y dos locales comerciales.

• Federico Medrano 3358: Autorizó una gasolinera; sin embargo, el actor desistió en abril.

• Diagonal Golfo de Cortés 2880 y Vallarta 2828: Construcción de un edificio de 29 niveles y siete sótanos.

• Buenos Aires 2873: Otorgó suspensión para que no se clausuren ni sancionen los espectaculares en puentes peatonales (zonas prohibidas).

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Alistan “limpia” en el TAE

El diputado Ismael del Toro, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que el Sistema estatal anticorrupción contempla la salida de todos los magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).

Explicó que la iniciativa que presentó ante el pleno del Congreso del Estado, y que actualmente se analiza en comisiones, crearía una sala superior que revise la actuación de las salas y generaría la figura de un fiscal anticorrupción vinculado a un Tribunal de Justicia Administrativa.

“Nosotros propusimos que sea borrón y cuenta nueva, que no estén al frente los mismos personajes que hoy son señalados como los factores de la corrupción. No pueden ser estos factores de la corrupción quienes estén al frente de un Tribunal que se va a encargar de combatirla”.

Señaló que tras la renovación de los nombramientos analizarán el trabajo de los magistrados, pero se irán los que tengan señalamientos de corrupción, como Alberto Barba, que en este año acumula dos solicitudes de juicio político por sus acciones.

“En el caso específico del magistrado Barba no sólo se tiene que ir del TAE sino que la propuesta es que también tenga una sanción ejemplar que pueda ser, si se le comprueban los actos ilícitos, el primer ejemplo de un funcionario público corrupto que pisa la cárcel”.

El diputado destacó que un punto jurídico clave para que los magistrados no puedan impugnar el nuevo modelo se encuentra en un transitorio de la reforma federal. Según Del Toro, este artículo mandata a los estados respetar a los titulares de las salas de justicia administrativa que dependen del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Jalisco es la excepción, pues la reforma de 2005 puso al TAE en la esfera del Poder Judicial.

“Esa salvedad jurídica nos da pie a que aquí renovemos toda la institución y los nombramientos que están hasta hoy. Cuando se dé el nacimiento de una nueva institución estarán perdiendo su vigencia. Quienes tengan una carta curricular para hacerla valer podrán presentarse como nuevos aspirantes. En el caso del magistrado Alberto Barba y de otros que tienen señalamientos puntuales, por ningún motivo podrán tener esa segunda expectativa”.

Acentuó qu e tiene “buenos augurios” para que procedan los dos juicios políticos interpuestos este año contra el magistrado Alberto Barba.

“La gran diferencia es cuando un juicio político se utiliza como una herramienta política, como una presión política. Yo no tengo nada que esconder, he estado siempre en disposición de que se hagan todas las investigaciones de las denuncias. La diferencia es que estas denuncias contra el magistrado Barba son provenientes de hechos muy concretos que afectan la ciudad, que están violando las normas, de actos que se presume hay corrupción en ellas”.

TELÓN DE FONDO

Tribunal opaco y sin mediciones

La discrecionalidad en la forma en que “caen” los casos en las Salas y la casi falta de transparencia en las resoluciones de los magistrados han sido cuestionadas por alcaldes y diputados.

El problema es que no hay auditorías que evalúen la conducción del Tribunal de lo Administrativo.

Las auditorías le corresponde realizarlas a la Auditoría Superior, pero “en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 no se realizó auditoría alguna”, señala el TAE en su portal de internet y añade que el último antecedente data del año 2009.

Tampoco existen auditorías internas, pese a que el reglamento interno del TAE prevé una “Unidad de Contraloría, Auditoría Interna”, la cual, justifica el Tribunal, “no ha sido autorizada en la plantilla presupuestaria por el Congreso”.

El remate es que, en 2015, no se realizó ningún dictamen técnico de la actuación y desempeño de los magistrados del TAE.

Sólo un juicio político
 
La solicitud de juicio político que presentó Enrique Alfaro y representantes vecinales contra Alberto Barba es la número 295 que registra el Congreso de 2009 a la fecha.

De acuerdo con el Cuadrante de Juicios Políticos del Poder Legislativo, esta es la cuarta solicitud de juicio político contra Alberto Barba. Las primeras dos, concluidas, archivadas o desechadas, se registraron en 2010. En 2016, los alcaldes Pablo Lemus y Enrique Alfaro emitieron otras dos solicitudes.

Sin embargo, de las 295 solicitudes sólo ha procedido la que se emitió contra Elisa Ayón, ex regidora tapatía que fue destituida e inhabilitada por 10 años para ocupar cargos en el servicio público.

REFORMA PENDIENTE

Participación ciudadana, sin fecha

El diputado independiente en Jalisco, Pedro Kumamoto, afirmó que la iniciativa para crear el juicio político ciudadano aún no tiene una fecha de presentación.

El pasado 7 de marzo, este medio de comunicación publicó que la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información del Congreso del Estado incluiría en las reformas en la materia esta figura, que ayudaría a la sociedad a decidir qué funcionarios podrían ser destituidos del cargo o ser acreedores a una sanción.

El legislador explicó que la iniciativa incluyó la erradicación del fuero para los servidores públicos y la creación del juicio político ciudadano. Sin embargo, sólo prosperó el primer punto, que se aprobó el pasado 14 de julio.

El objetivo de la creación del juicio político ciudadano es que, cuando se reciban solicitudes de juicio político en el Congreso, la Comisión de Responsabilidades incorpore a integrantes de colegios y de organizaciones de la sociedad civil que puedan participar en el proceso.

Kumamoto destacó que, aunque la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos le permite a cualquier ciudadano solicitar juicio político contra servidores públicos, el problema es que “casi nadie” sabe cuál es el destino que tienen estas peticiones.

CLAVES

Recursos contra ayuntamientos

Juicios. Los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque enfrentan dos mil 867 expedientes vigentes en el Tribunal de lo Administrativo. Sus direcciones jurídicas han recurrido a diversos juicios de nulidad contra los actos emprendidos por particulares, quienes han interpuesto recursos ante el TAE, pero que “contravienen los reglamentos municipales”, como desarrollos inmobiliarios, proyectos de urbanización, usos de suelo, gasolineras, espectaculares, antros y otros giros.

Guadalajara. En el arranque de la presente administración, el Ayuntamiento confirmó que tenía mil 350 casos de nulidad vigentes donde particulares demandaron al Ayuntamiento.

Zapopan. Enfrenta mil 326 juicios activos y también se reservó información sobre los procedimientos por motivos de seguridad jurídica. En la lista sigue Tonalá, con 109, y Tlaquepaque, con 82.

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