Autoridades defraudaron al fisco con el ISR, afirman

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2013).- La condonación de los adeudos de las entidades gubernamentales de Jalisco, de orden estatal y municipal, que incumplieron con el entero del Impuesto sobre la Renta (ISR), de parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) federal, está emitiendo una señal de impunidad sobre manejos financieros que, en realidad, son equiparables a la defraudación fiscal: un delito.

Así lo analiza el especialista Horacio González Vázquez, presidente de la Academia de Derecho Fiscal de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. En Jalisco se ha hecho público hasta el momento la condonación de más de 394 millones de pesos a instituciones gubernamentales del Estado y los municipios que dejaron de cumplir con su obligación ante el fisco, y que en lugar de ser sancionados, fueron premiados.

“Ellos tenían la obligación de enterar ese impuesto a la Federación, cuando existen este tipo de condonaciones se mandan mensajes perniciosos de impunidad; además de que incumplen una obligación sustantiva, es también una conducta típica de delito. El artículo 109 del Código Fiscal federal establece los supuestos equiparables a la defraudación, y éste es uno de los contenidos en ese numeral. Es decir, las entidades (de gobierno) como personas morales de derecho público no incurren en delito, pero sí los funcionarios que tenían la obligación de hacer la retención y el entero correspondiente a la Federación”.

El especialista se refiere a la fracción II del artículo citado, que señala que comete defraudación fiscal quien “Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado”.   

De esta manera, aunque “hay una obligación constitucional de contribuir y existen leyes específicas que le asignan responsabilidad en este caso a los empleadores, para que sean ellos los que retengan y enteren, es el propio Estado (mexicano) el que rompe esos esquemas virtuosos de un estado de derecho”.

Las entidades de gobierno como los ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá, el Congreso del Estado y el mismo Gobierno de Jalisco, estuvieron reteniendo parte del salario de sus trabajadores para pagar el ISR al fisco, pero lo destinaron a otros fines, por eso generaron adeudos que, en lugar de que fueran exigidos en su saldo por el SAT, se decretó un “borrón y cuenta nueva”.

El SAT ejecuta la quita pero, en realidad, quienes la determinaron fueron los legisladores federales que así lo establecieron en la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, como una alternativa a la mano de cualquier instancia de gobierno del país interesada (y sin importar de qué partido político emane).  

Ahora bien, por un lado el Código Fiscal federal considera este hecho como una defraudación con implicaciones penales, y por otro, los legisladores incluyen la excepción a la regla en la Ley de Ingresos federal ¿qué se concluye de esto?

“Vemos que de manera frecuente acuerdos políticos rebasan el estado de derecho, se realizan en este caso acuerdos para vulnerar el contenido de disposiciones jurídicas. Es cierto que en el país hay un gran problema de liquidez tanto en personas de derecho privado como en las personas de derecho público (los gobiernos), pero esa falta de liquidez desde luego que no justifica que aquellas cantidades que ellos ya les retuvieron a sus empleados, se las queden, y no las enteren a la Federación, porque es  realmente una conducta indeseable”.

Y advierte: “Es una de las conductas más anómalas tratándose del cumplimiento de obligaciones fiscales y que por eso está sancionada desde el punto de vista penal. Es una conducta punible y tipificada como delito. Esos acuerdos políticos posibilitan que esas conductas infrinjan el contenido de las normas”.

El Código Fiscal federal establece que este conducta se sanciona “con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de dos millones 054 mil 890 pesos”.

A los servidores públicos se les estuvo haciendo la retención de una parte de su salario devengado para el pago del ISR. La autoridad se gasta ese recurso en otro fin, pero el adeudo que generó se perdona por el SAT. ¿Tiene derecho el trabajador a decirle a su empleador –como me estuviste descontando parte de mi salario, y el fisco ya no exige que cumplas con el impuesto, entonces quiero que me regreses lo que me quitaste?

A decir del especialista, no. En términos legales, refiere, la parte de su salario descontada, a la hora de ser retenida por el ente gubernamental, se vuelve justo en ese momento recurso del fisco, y ya no le pertenece ni a el empleado ni al empleador, y es precisamente por eso que haberlo desviado a otros fines es una “conducta típica de delito a la que se refiere el artículo 109 del Código Fiscal, que implica que hay un menoscabo, que hay una conducta que está defraudando y afectando al fisco federal, y es éste el que está facultado en su caso de las querellas o denuncias”.

El 18 de junio de 2013 el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con los mandatarios de las principales potencias del mundo que forman parte del G8, para comprometerse y combatir juntos la evasión fiscal internacional. Aquí, en el país, al mismo tiempo, el SAT cancela los adeudos de los gobiernos de los Estados, de los municipios, y cualquier otra instancia pública que así lo desee, sin mayores consecuencias.

Otra incongruencia que apunta el especialista: El Gobierno federal constantemente expresa que la recaudación fiscal en el país es muy baja con respecto a la de otros países, lo que hace depender el gasto público en gran medida de la renta petrolera. Siendo así, ¿por qué desprenderse entonces de recursos que ya habían sido descontados de los servidores públicos, y que debieron ingresar a las arcas federales?

“Es un insulto a la inteligencia de las personas por una parte expresar en el exterior (del país) tu voluntad de cerrar los cauces a la evasión, pero internamente estás, no sólo permitiéndolo, fomentándolo, que es lo que más preocupa, porque no existe una sanción económica ni de carácter corporal para los que incurrieron en ese tipo de conductas, y por tanto no se desalienta; en el exterior decimos una cosa pero internamente posibilitamos eso que en el exterior decimos que vamos a evitar. No queremos evasión pero en lo interno justifico, incluso, las conductas que se ubican en supuestos típicos de delito”.

Por si fuera poco, en el año 2013 todos los entes gubernamentales tendrán un descuento sobre el entero del ISR del 60%, y en 2014 del 30%.

Lo que se ha publicado hasta el momento son quitas para el Poder Ejecutivo de Jalisco por 259 millones 793 mil 844 pesos (según su cuenta pública); para el Poder Legislativo, 94 millones 457 mil 114 pesos; para el Ayuntamiento de Guadalajara, 130 millones de pesos, y para el de Tonalá, por 27 millones.

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA