Arturo Zamora sospecha de tráfico de influencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los diputados federales del PRI Jalisco, Arturo Zamora Jiménez, juzgó de atinada la decisión de la Secretaría de la Función Pública de dejar sin efecto la licitación para la construcción de la Presa El Zapotillo; pero “es importante investigar si hubo en el proceso de licitación delitos como el tráfico de influencias”.

En conferencia en San Lázaro, el legislador reiteró que “podríamos estar incluso ante la comisión de delitos del orden federal, como sería en un momento dado el tráfico de influencias para favorecer a determinadas empresas”. Y afirmó que “algunas de las empresas que participaron en el concurso de licitación ofrecían el mismo trabajo con el mismo resultado, el mismo tiempo, la misma calidad; incluso casi con 40% menos del recurso que estaba ahí autorizado a su gasto”.

La presa que se iba a construir en El Zapotillo, dijo el legislador, tenía como misión dotar de agua potable a la Zona Metropolitana de Guadalajara, Los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato.
Fue producto de un convenio que en su momento firmaron los gobernadores Alberto Cárdenas Jiménez (Jalisco) y Vicente Fox Quezada (Guanajuato). “Pero finalmente se descubrieron irregularidades en el proceso de licitación”, agregó.

A decir de Zamora Jiménez, “fue muy atinada” la decisión de la Secretaría de la Función Pública “con la finalidad precisamente de que se reponga el procedimiento”. Sin embargo, acotó, un proceso de investigación debería determinar “si dentro de este tipo de licitaciones hubo cosas irregulares donde puedan subyacer elementos de dolo”.

En opinión de Arturo Zamora Jiménez, la suspensión evitó que el poblado de Temacapulín, un pueblo bicentenario, quedara sepultado.

Ahora falta, dijo, que las autoridades ofrezcan alternativas para solucionar el abastecimiento de agua.

“El abastecimiento que venía a través de la presa que se pensaba realizar en Huentitán, tampoco se realiza, y los últimos tres trienios no han atinado (los gobiernos locales) en determinar el abasto garantizado de agua potable para toda la zona metropolitana”.