Arrancan acciones para reducir nómina del Congreso

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2012).- Oficialmente en el Congreso del Estado laboran mil 300 trabajadores. Este miércoles que se reanudaron las actividades en el Poder Legislativo, 600 empleados se encontraron con la sorpresa de que su contrato no será renovado, al menos no durante la primera quincena.

El presidente de la Mesa Directiva, Salvador Barajas del Toro, confirmó que antes de concluir el 2011, la Junta de Coordinación Política acordó que existiría una reducción de la nómina ante el problema financiero al que se enfrentaron los actuales diputados cuando se vieron con la dificultad de pagar la nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre pasado, reconocieron la mayoría de los legisladores que este problema se debió a la nómina obesa que existe en el Congreso local.

Como medida para evitar que esto volviera ocurrir, este miércoles se tomó la primera medida: los 600 empleados contratados bajo el esquema de supernumerarios --contratos que se renuevan por periodos, en su mayoría cada tres meses-- se encontraron con la sorpresa que no tenían nada seguro y su contrato podría no ser renovado.

Para definir el número de empleados a los que se les dará de baja, de manera definitiva la Secretaría General del Congreso, a cargo de Manuel Correa Ceseña, llevó a cabo un análisis y presentó un diagnóstico de los perfiles y los empleados que cobran pero que no laboran.

Entre los legisladores han existido disparidad de cifras sobre los empleados que podrían no ver su contrato renovado. El presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas López, refirió que podrían ser entre 200 ó 300, mientras que el presidente de la Mesa Directiva estimó que el número podría ascender a 400; a finales del 2011 el coordinador parlamentario del PRI, Roberto Marrufo aventuró que los despedidos podrían llegar hasta 600 ó 700.

Correa Ceseña señaló que los empleados que sí laboran, tendrán garantizado su espacio. "Para nadie es desconocido que la nómina del Congreso esta sobrecargada y a nosotros nos preocupan no tanto los trabajadores del Congreso los que sí vienen a trabajar, nos preocupan los que no trabajan y reciben un salario. No nos vamos a deshacer de ellos, lo que  estamos haciendo es que no estamos renovando los contratos, los contratos de supernumerarios de tres meses, no los estamos renovando hasta que hagamos un decantamiento para saber quiénes sí están trabajando y de los que detectemos que no están trabajando no les renovaremos sus contratos", explicó.

Se prevé que a más tardar el 15 de enero, la Junta de Coordinación Política en conjunto con el Secretario General del Congreso notifiquen de manera oficial a quiénes no se les renovará el contrato.

"En términos generales este tipo de contratos son poco más de 600, en ese universo es con el que deberemos trabajar. Quienes trabajan con ellos, no tendrán ningún problema. En general, estoy hablando de todas las áreas del Congreso, serán examinadas bajo una lupa", expuso.

Para llevar a cabo la revisión y determinar a quienes ya no se les renovará contrato en el Congreso se revisará "el reloj checador, tenemos el dicho de los directores de área que es muy delicado porque si avalan a alguien que no esté trabajando incurren también en irregularidades".

Correa Ceseña señaló que una vez que concluya el proceso para decantar al personal, propondrá a la Junta de Coordinación Política que se lleve a cabo una auditoría administrativa humana externa que "nos refleje y que garantice a la opinión pública que vamos por el camino correcto".

En cuanto a los ahorros que podría generar este mecanismo de no renovar contratos a las arcas del Congreso local, aún no se contabilizan pues están a la espera de determinar con exactitud al número de empleados y a los perfiles que se darán de baja.

El secretario del Poder Legislativo descartó que esta medida vaya a traer consecuencias legales y el pago de onerosos laudos laborales, pues afirma que ante las pruebas de que la mayoría de los empleados que no se les renovará el contrato es porque no acudan a trabajar, no existen argumentos en su defensa.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ