Alcaldías reclaman deudas millonarias al Seguro Popular

GUADALAJARA, JALISCO (29/DIC/2015).- Mientras que en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco 775 mil afiliados del Seguro Popular padecen la falta de convenios entre los ayuntamientos y la dependencia federal, autoridades de los servicios médicos municipales reclaman al delegado Antonio Cruces Mada el pago de adeudos millonarios para reestablecer la atención gratuita a sus afiliados en las Cruces Verdes.

Bernardo Fernández, coordinador de Construcción de Comunidad de Guadalajara, confirmó que hay un pasivo por 104 mil servicios otorgados a enfermos y no cubiertos, que oscila los 73 millones de pesos.

“Tenemos la responsabilidad de ver qué vamos a hacer con ese adeudo… todavía estamos analizando la postura que vamos a tomar”, respondió Enrique Ibarra, secretario general de la alcaldía.

El Ayuntamiento de Zapopan asegura que hay una deuda de la dependencia federal por 263  millones de pesos, cifra que ha venido incrementándose desde 2011, por lo que el alcalde Pablo Lemus no descarta presentar una demanda en el primer día hábil de enero de 2016.

En Tlajomulco, el director de Servicios Médicos, José María Mercado, revela que les adeudan 95 millones por los servicios prestados entre 2014 y 2015, “es mucho dinero lo que el municipio ha aportado en la atención de los afiliados… hemos tenido muchos acercamientos y nos dijeron que no nos pueden pagar. Quedamos de reunirnos en los primeros días de enero”. El problema, a decir del funcionario, es que los recursos estipulados en los contratos presentados por el Seguro Popular no corresponden a los servicios proporcionados: “Este año el convenio presentando en septiembre decía que se nos iban a proporcionar siete millones, cuando ya habíamos prestado servicios por 45 millones”. El convenio no fue firmado.

Álvaro Salcedo Núñez, encargado de Servicios Médicos de Tlaquepaque, reclama una deuda de 17 millones de pesos: “Necesitamos que el Seguro Popular se responsabilice en los pagos, el gasto operativo oscila entre los 17 millones de pesos anuales, pero este año se firmó un contrato por 5.9 millones que se condicionan a ofrecer 104 mil servicios, pero estos servicios según los tabuladores representan 17 millones”.

La postura del funcionario es contundente: “No podemos seguir trabajando sobre contratos amañados, no podemos seguir trabajando si no se responsabiliza el Seguro Popular en el pago total de los servicios… mientras no exista la apertura de la dependencia federal y no se pongan los lineamientos para el ejercicio 2016, no podremos operar”.

¿Estarían en condiciones de presentar una demanda?, se les cuestiona: “Nuestro aparato jurídico ya está revisando el tema… mientras no haya un acercamiento, una negociación y no se establezcan los lineamientos transparentes, seguiremos bajo la misma dinámica”.

EL DATO

Obligación

De acuerdo con la Ley General de Salud, el Gobierno federal está obligado a transferir con puntualidad a los estados las aportaciones que le correspondan para instrumentar los regímenes estatales de protección social en salud (conocido como Seguro Popular).

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

Miles de afectados

Afiliados del Seguro Popular que no pueden recibir atención en los servicios médicos municipales (Cruz Verde)

Municipio	Afiliados	Adeudo del Seguro Popular con alcaldías (millones de pesos)
Tlaquepaque	300,000	17
Tlajomulco	200,000	95
Zapopan	155,000	263
Guadalajara	120,000	73
Total	775,000	448

Nota: Por anomalías, los Servicios Médicos de Tonalá no atienden a los afiliados del Seguro Popular desde hace nueve años.

REFORMAS A LA LEY DE SALUD

“Se les avisó desde junio de 2014”

Mientras los municipios demandan el pago de los adeudos, la delegación del Seguro Popular en Jalisco desconoce los pasivos y, en su versión, la negativa a pagar estos servicios se debe a que los ayuntamientos perdieron la acreditación de instalaciones de calidad, producto de las reformas a la Ley de Salud en 2014.

“Desde 2014 se les comentó a los ex alcaldes que si no hacían su proceso de acreditación ante el Consejo de Salubridad General, no accederían a un nuevo convenio o nos iban a privar de tener esa opción para el derechohabiente”.

El problema, a decir del funcionario, es que ninguna de las alcaldías (con excepción de Guadalajara, con quien ya firmaron un convenio para recibir nueve millones y mejorar unidades para evitar problemas) se ha preocupado por acreditarse.

“Se les avisó a los alcaldes anteriores desde junio de 2014, pero fueron omisos en sus procesos y, por ende, nos quitaron la oportunidad de tener esos convenios”.

Los municipios, por su parte, manifiestan al delegado su disposición de trabajar en conjunto.

“Nosotros con mucho gusto seguimos trabajando con el Seguro Popular, pero que sea de manera equitativa porque no tenemos por qué poner dinero”, asegura José María Mercado, director de Tlajomulco.

Los Servicios Médicos de Tlaquepaque añaden: “El municipio está en toda la  disposición de trabajar en conjunto con el Seguro Popular… esperemos que se firme algún convenio que favorezca a las dos partes”.

En tanto, Tonalá prevé firmar el convenio durante el primer trimestre de 2016: “Tenemos que implementar el servicio en el primer trimestre del año, ya estamos reuniendo todos los datos  que faltan. Nuestro alcalde (Sergio Chávez) ya tuvo una reunión con el delegado federal y estamos en pláticas para instalar el Seguro Popular en Tonalá”, prevé el director Alejandro Molina.

PIDEN APOYO PARA CLÍNICAS

La semana pasada el Seguro Popular firmó un convenio con el Ayuntamiento tapatío para otorgarles un financiamiento de nueve millones de pesos, como apoyo en el proceso de mejoras en infraestructura de sus cinco  unidades de la Cruz Verde, con miras a la acreditación que exige la normativa federal.

Lo anterior es un requisito para que los municipios puedan recibir dinero de la dependencia federal a cambio de la atención brindada a sus afiliados. Tras conocer la noticia del convenio, el resto de los ayuntamientos de la metrópoli también esperan recibir apoyo para acreditar sus unidades.

Tlajomulco tiene tres unidades de la Cruz Verde y un Consultorio Comunitario, pero solamente dos unidades están acreditadas. Para avalar la Unidad de Los Agaves y el Consultorio, la Dirección de Servicios Médicos estima que necesitarán cinco millones de pesos.

Tonalá tiene una unidad y también buscará la acreditación, mientras Tlaquepaque cuenta con seis clínicas de servicios médicos.

CLAVES

El proceso

Transferencias. El Gobierno federal debe transferir a los gobiernos de los estados los recursos por concepto de cuota social y de aportación que le correspondan, con base en los padrones de familias incorporadas al Seguro Popular que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social.

Acuerdos. El Gobierno federal y los gobiernos estatales deben celebrar acuerdos de coordinación para la ejecución del sistema de protección social en salud, en los cuales se determinarán, entre otros, los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación del sistema.

Sin cuotas. El régimen estatal de protección social en salud (Seguro Popular) proveerá los servicios de salud y medicamentos sin exigir cuotas, siempre que los beneficiarios cumplan con sus obligaciones.

Infraestructura. Según la legislación federal, el régimen estatal de protección social debe destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, a partir de las transferencias que reciba.

Sanciones. La nueva ley determina prisión y multa por desvío de recursos, sanción que consiste en cuatro a siete años de cárcel a la persona que desvíe recursos del sistema, ya sea en numerario o en especie.

Gasto. Hasta noviembre pasado, el Seguro Popular invirtió en medicamentos a nivel nacional 18 mil millones de pesos, lo que ha permitido que las personas que no tienen recursos tengan acceso a ellos de manera gratuita.

TESTIMONIOS

Las tres caídas de Juan

Juan Ruvalcaba Bravo, de 67 años, sufrió una caída que le dejó el hombro dislocado y 500 pesos menos en su cartera. Desde hace cuatro meses ha perdido la fuerza en las piernas y le cuesta trabajo ponerse de pie. “Le han sacado radiografías de la cabeza y de la columna, pero no saben qué tiene”, cuenta su esposa.

A raíz de su problema se ha caído tres veces. La última lo trajo a la unidad “Benjamín Araujo” de la Cruz Verde de Guadalajara, pero la sorpresa que se llevó le dolió más que el accidente: por la falta de un convenio entre el Ayuntamiento y el Seguro Popular tuvo que pagar por las radiografías y la dosis de anestesia para que le acomodaran el hombro.

Juan está afiliado al Seguro Popular y hasta ahora no había tenido problema. Cuando lo diagnosticaron de cáncer, hace siete años, el Seguro le sirvió para disminuir el costo de las quimioterapias y radiaciones, aunque no cubrió el costo total del tratamiento.

“Pagamos con trabajos el tratamiento para el cáncer, con todo y descuento nos salió en cinco mil pesos”, recuerda la esposa de Juan, quien también es diabético.

Juan se lamenta: “El servicio está muy mal, se supone que el Seguro Popular debe cubrirnos, pero no alcanza. Se me hace mal porque deben ayudarnos a los que no tenemos… además es muy tardado y eso que vine por una emergencia”.

MARÍA GUADALUPE SOTELO, BENEFICIARIA DEL PROGRAMA FEDERAL

Le niegan medicinas gratuitas; pedirá limosna

María Guadalupe Sotelo tiene 70 años, pero desde hace dos décadas padece los estragos de una diabetes que cada día se complica más. En los últimos días es acechada por una incesante preocupación: el desabasto de medicinas. Desde hace un mes, la farmacia que surte las recetas de los beneficiarios del Seguro Popular que acuden al Hospitalito de Zapopan permanece cerrada. “¿Qué voy a hacer? Pues pediré limosna… ya no puedo trabajar, tampoco puedo pedir ayuda a mis hijos”. María debe tomar todos los días una cápsula de telmisartán para el corazón, otras dos de metformina para controlar el azúcar y una inyección de insulina todas las noches. La primera tiene un costo de casi 300 pesos y le alcanza para 15 días, la segunda tiene un precio de 500 pesos y le dura un mes, mientras que la insulina cuesta mil pesos para tres meses.

Es la primera vez que le dejan de surtir la medicina gratuita, “la última vez que vine a consulta me dieron todo el medicamento para un año, pero no me alcanzó, me faltan mis pastillas para los próximos tres meses (hasta marzo le toca consulta)”. Hace dos semanas tuvo que comprar la pastilla para el corazón, pero sólo le quedan cinco, “sino me la tomo me empieza a dar un dolor muy fuerte en la cabeza”.

Para María “no es justo” que la gente esté siendo afectada de esta manera: “Yo no tengo por qué pagar las consecuencias de este problema… estoy sola”.

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