Abogados jaliscienses ofrecen asesoría gratuita a “víctimas” de Credencial Única

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUL/2012).- De continuar la iniciativa de una Credencial Única, que obligue a los ciudadanos jaliscienses de la tercera edad, o con discapacidad, a tramitarla para acceder a un beneficio de ahorro del 50% en sus gastos por transporte público, los abogados jaliscienses actuarían por su cuenta con asesoramiento gratuito para quienes se sientan afectados.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, Carlos Alonso Ramírez García, expuso lo anterior en el marco del Día del Abogado. Dejó en claro que la comunidad que requiera apoyo jurídico para hacer frente a este “retroceso” a los derechos humanos, puede solicitar el auxilio del gremio defensor de la ley.

“Si la Secretaría de Vialidad persiste en su postura, la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados afiliadas, estaremos convocando a grupos que se sientan afectados para elaborarles el amparo colectivo de forma gratuita, y desde luego procedería con base a un interés legítimo”.

Dijo que es deber de la federación que encabeza cuidar el fortalecimiento de las instituciones públicas de la Entidad, por lo que “pasar por alto” el principio de legalidad que se rompe con esta medida, iría en detrimento de sus premisas básicas.

Así, realizó un “llamado enérgico” al titular de la Secretaría de Vialidad, Diego Monraz Villaseñor, para que éste se “conduzca con estricta legalidad y en respeto a la Ley de Vialidad y Transporte”.

Desde su óptica, resulta innecesario un trámite burocrático que permita acceder a dicho plástico a los adultos mayores y personas con discapacidad.  “Resulta una arbitrariedad y, por lo tanto, una ilegalidad, el que se pretenda obligar a adultos mayores en esas condiciones infrahumanas, y con sus largas esperas, para tramitar esa credencial”.

“En ningún momento la sociedad, colegios y barras de abogados en defensa de esos grupos vulnerables, permitiremos que se pretenda hacer imposición de esta Ley, que es un derecho ya reconocido a favor de estos grupos importantes de la sociedad civil (…) Hacemos este pronunciamiento para que se anuncie como una medida opcional y no obligatoria, y que además se garanticen las condiciones dignas para su tramitación gratuita”.

EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA