Sindicatos protestan con una huelga por el plan de despidos

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Los sindicatos del sector público de Puerto Rico advirtieron hoy con una huelga al gobernador Luis Fortuño de su oposición frontal al plan de despidos de hasta 30 mil funcionarios y de privatizar las principales corporaciones del país.

Decenas de miles de trabajadores, unos 30 mil según la policía, recorrieron el centro de San Juan en señal de protesta por la iniciativa de Fortuño, en una jornada de huelga coordinada por el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL).

El portavoz del FASyL, Luis Pedraza, calificó de exitoso el día de huelga y la manifestación (una de las más importantes nunca antes registrada en Puerto Rico), aunque no fueron difundidos datos oficiales de seguimiento, durante una jornada sin servicio de autobuses en la capital.

Miles de trabajadores -convocados por 22 organizaciones sindicales- iniciaron el día con una concentración ante el Departamento de Trabajo en San Juan, encabezados por representantes de la Unión Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Federación de Maestros de Puerto Rico, entre otros.

La huelga, que secundaron también la Hermandad de Empleados de la Universidad de Puerto Rico, bomberos y los trabajadores de la compañía de autobuses de la capital, se convocó para protestar contra la Ley de Despidos Masivos (ley 7) y el plan de alianzas público-privadas.

El FASyL difundió un comunicado en el que señala que la huelga expresa la indignación ante un plan de Fortuño que pretende, según la versión sindical, despedir a miles de trabajadores y desmantelar el Estado de Derecho a través de la privatización de los servicios públicos esenciales del país.

El comunicado eleva la cifra real de trabajadores gubernamentales que podrían perder sus empleos a 60 mil, que además coincidiría con una recesión económica galopante.

Los sindicatos denuncian también que la iniciativa del gobernador despoja a los empleados públicos de los aumentos salariales y beneficios ya negociados.

Además, apuntan que cuando se aprueben las alianzas público-privadas en el Legislativo, lo que permitirá a la iniciativa privada prestar servicios en corporaciones gubernamentales, se producirá un efecto "nefasto" para el conjunto de la sociedad puertorriqueña.

Por su parte, Fortuño, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), señaló hoy que el Gobierno estudia alternativas para los funcionarios que pierdan sus trabajos.

Fortuño destacó que en Estados Unidos hay cuarenta estados que han reducido la nómina gubernamental, pero que a diferencia de Puerto Rico ninguno de ellos ha puesto en marcha planes de solidaridad, lo que sí tiene lugar en la isla.

El gobernador aclaró también que la anunciada reducción en el presupuesto general de dos mil millones de dólares no se circunscribe exclusivamente a ahorro de nóminas, ya que en esa cantidad se incluyen gastos operacionales.

Fortuño sostuvo que en 24 meses se subsanará el déficit estructural, a través de un ajuste que impedirá al Gobierno llevar a cabo inversiones, que a su entender deberán, por tanto, ejecutar empresas por medios de las alianzas publico-privadas.

También opinó sobre el asunto el presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, quien denunció que el plan de Fortuño supondrá la pérdida de sus empleos a 45 mil funcionarios.

El Capítulo puertorriqueño de Amnistía Internacional abordó los despidos del Ejecutivo y pidió que se evalúe el impacto que tendrá sobre los derechos humanos el despido de funcionarios.

Grupos de trabajadores anunciaron que repetirán la protesta de hoy el próximo lunes ante el Capitolio, sede del Legislativo. EFE