Provoca indignación entre vícitmas de Franco la suspensión de Baltazar Garzón

MADRID, ESPAÑA (14/MAY/2010).- El Consejo General del Poder Judicial español  (CGPJ) suspendió este viernes al juez Baltasar Garzón, tras haber sido  inculpado por haber querido investigar los crímenes amnistiados de la época  franquista, ante la indignación de los defensores de derechos humanos y de  víctimas de la dictadura.

La suspensión cautelar fue decidida "por unanimidad" por el pleno del CGPJ,  el órgano de gobierno de los jueces españoles, reunido en sesión extraordinaria  para decidir sobre el cese del juez de la Audiencia Nacional, principal  instancia penal española, según la misma fuente.

El CGPJ ha tomado esta decisión después de que el juez del Tribunal  Supremo, Luciano Varela, ordenara la apertura de juicio oral contra Garzón,  acusado de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo  es) por intentar investigar sobre los crímenes del franquismo sin  supuestamente tener competencias para ello.

"Era algo cantado, el CGPJ no podía hacer otra cosa, cuando un juez es  sentado en el banquillo por un delito ejerciendo sus funciones como es el de  prevaricación, no quedaba otra opción que suspenderle, primero porque lo dice  la ley y luego porque es la práctica habitual", dijo el portavoz de la  asociación Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa.

El juez ya ha recibido la notificación oficial de su cese, aunque tendrá  que esperar para saber si se le autoriza a marchar a La Haya a la Corte Penal  Internacional como asesor de la fiscalía.

El fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo invitó a Garzón como  asesor por un periodo inicial de siete meses, pero la Comisión Permanente del  CGPJ reunida para decidir sobre ese traslado ha pospuesto su decisión tras dos  horas de reunión.

La suspensión del juez ha causado la indignación de defensores de derechos  humanos y de víctimas de la dictadura.

"Sinceramente, si hay un juez que ha sido el primero en preocuparse de las  víctimas del franquismo y termina así, es lamentable, realmente", afirmó el  vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica,  Santiago Macías, cuya asociación fue la primera en promover la apertura de  fosas de víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo.

Desde su página web, el escritor portugués José Saramago, aseguraba que  "las lágrimas del Juez Garzón hoy son mis lágrimas".

"Con el apartamiento de Garzón las campanas, después del repique a gloria  que harán los falangistas, los implicados en el caso Gurtell, los  narcotraficantes, los terroristas y los nostálgicos de las dictaduras, volverán  a sonar a muerto, porque la justicia y el estado de derecho no han avanzado, no  han ganado en claridad y quien no avanza, retrocede", escribió Saramago.

La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega,  se limitó a asegurar que "el gobierno como siempre respeta la decisión del CGPJ  y de la misma forma, insistimos en la necesidad de respetar la presunción de  inocencia del juez porque el procedimiento no ha concluido".

La justicia española todavía tiene que fijar una fecha para el juicio a  Garzón, que en el caso de se condenado podría ser inhabilitado por hasta 20  años como juez, lo que en la práctica supondría el fin de su carrera.

Después de conocer la decisión del CGPJ, el juez Garzón abandonó la  Audiencia Nacional entre abrazos de amigos y colegas y los gritos de "¡Garzón,  amigo, el pueblo está contigo!" de un grupo de partidarios del magistrado.

El magistrado no pudo evitar unas lágrimas de emoción al abandonar el que  fue su lugar de trabajo durante más de veinte años.

Por la tarde, varios centenares de personas se concentraron ante la  Audiencia Nacional, con gritos de "¡Garzón, amigo, estamos contigo!" y  enarbolando banderas republicanas y fotografía de víctimas de la dictadura  franquista.

Garzón investigó brevemente en 2008 la suerte de unos 114 mil desaparecidos  durante la la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo  (1939-1975), alegando que el delito de desaparición forzada no prescribe. Era  la primera investigación de estos hechos en España.

La fiscalía estaba en contra por estimar que esos delitos entraban en la  ley de amnistía de 1977, adoptada tras la muerte del general Francisco Franco y  al inicio de la transición democrática española, y el juez abandonó la  investigación.