Fiscalía pide restituir a jefe militar despedido en Honduras

TEGUCIGALPA HONDURAS.- La fiscalía pidió el jueves a la Corte Suprema restituir a un jefe militar a quien el presidente Manuel Zelaya despidió en la víspera por no acatar su disposición de apoyarlo en una consulta popular para reformar la Constitución de Honduras.

''Es una orden ilegal que ningún funcionario público debe acatar y eso no es causa para un despido'', dijo en rueda de prensa el fiscal general Luis Alberto Rubí.

Indicó que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general de división Romeo Vásquez, ''debe ser puesto de inmediato en su cargo. Para ello, la Corte Suprema debe anular de inmediato la orden que dio el presidente''.

Rubí presentó en la corte un recurso de amparo en favor del oficial. El alto tribunal aún no se pronuncia en torno al caso.

Zelaya ordenó a Vásquez respaldar una encuesta fijada para el domingo tendiente a consultar a la ciudadanía si acepta que en Honduras se instale una Constituyente, la cual es rechazada por la oposición que estima que se busca aprobar la reelección presidencial.

Pero Vásquez se negó a acatar la noche del miércoles la disposición presidencial y Zelaya lo destituyó, tras aceptar la renuncia también de su ministro de Defensa, Edmundo Orellana, por presuntamente hacer lo mismo.

En solidaridad con Vásquez, dimitieron además los comandantes del Ejército, Miguel García Padgett; de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez.

Rubí, que no especificó si el resto de los oficiales retornaría a sus cargos, instó a Zelaya a ''reflexionar y a actuar con madurez en este momento difícil que enfrenta la patria''.

El Tribunal Supremo Electoral anunció el jueves que decomisará todos los votos, afiches y materiales de la consulta, que el gobernante depositó la semana pasada en las instalaciones militares.

Al menos cinco organismos estatales han declarado ilegal la intención del presidente: la fiscalía general, la Corte Suprema, la procuraduría general, el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

No obstante, Zelaya ha advertido que su proyecto ''va contra viento y marea''.

En tanto, los militares están concentrados en sus cuarteles y la vida transcurre aparentemente normal en Honduras.

La crisis se produce a siete meses de que culmine el periodo presidencial de Zelaya en enero y a cuatro meses de celebrarse las elecciones generales de noviembre.

En esos comicios los hondureños escogerán un presidente, tres vicepresidentes, 256 congresistas, 40 diputados al Parlamento Centroamericanos y 298 alcaldes.