Ex ministro de Defensa salvadoreño llega deportado a EU

SAN SALVADOR, EL SALVADOR (08/ENE/2016).- El general en retiro José Guillermo García, exministro de Defensa vinculado a violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil en la década de 1980, fue deportado el viernes por Estados Unidos y llegó a El Salvador, donde no enfrentará cargos ni restricciones a sus actividades.

Al igual que todos los repatriados, García, de 82 años, recibió un paquete de alimentos y debió participar en una conferencia de las autoridades migratorias de El Salvador. Posteriormente fue entrevistado por oficiales de la Dirección General de Migración y también por la policía.

García fue condenado en 2012 en Estados Unidos por crímenes de guerra en el conflicto salvadoreño (1980-1992). Llegó a El Salvador en un vuelo del gobierno de ese país en el que también viajaban otros 131 salvadoreños deportados.
Este es el segundo militar salvadoreño de alto rango expulsado de Estados Unidos por estar vinculado a graves violaciones a los derechos humanos.

En abril de 2015, el general retirado Carlos Eugenio Vides Casanova fue deportado por Washington también por el cargo de violaciones a los derechos humanos mientras ejerció los cargos de director de la extinta Guardia Nacional y ministro de Defensa.

Vides Casanova, al igual que García, vivió más de 25 años en el estado de Florida, donde buscaron refugio cuando dejaron sus puestos en el alto mando de la fuerza armada de El Salvador.

Activistas por los derechos humanos llegaron hasta el aeropuerto internacional para exigir que el militar sea llevado ante los tribunales de justicia, pero García no será juzgado en El Salvador debido a una ley de amnistía decretada en 1983 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de las Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que responsabilizó a los altos mandos militares de horrendos crímenes.

Cuando García pasó los controles de migración y aduanas fue recibido con insultos por un grupo de familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, pero varias personas lo protegieron y lo llevaron hasta una camioneta, en la que partió sin mayores problemas.

Cuando proferían insultos contra el militar y exigían justicia se pudo escuchar que tanto García como los que los cuidaban pedían respeto a su integridad física.

"Piden respeto, así son estos criminales, piden respeto cuando ellos torturaron, secuestraron, desaparecieron y masacraron a cientos, a miles, y se van tranquilos a sus casas", dijo visiblemente molesto Ernesto González, uno de los manifestantes.

García, que fue ministro de Defensa desde 1979 a 1983, se asiló en Florida en la década de 1990. En un juicio civil en ese país fue vinculado con múltiples asesinatos y torturas cometidas por los militares salvadoreños a su cargo durante la guerra civil, y también de haber encubierto el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero ocurrido en marzo de 1980. Además se le acusó de una operación que encubrió la participación de un grupo de militares que mataron a cuatro monjas estadounidenses ese mismo año.

Está acusado también de haber encubierto la matanza de más de un millar de campesinos, en su mayoría ancianos, mujeres y niños.

"Esta persona que llega de los Estados Unidos ha sido condenada por torturador y asesino, por eso viene deportado para nuestro país porque ha sido condenado por delitos de lesa humanidad", dijo el abogado David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

Ortiz recordó que el ex ministro de Defensa "fue uno de los más poderosos del país cuando aquí se masacraban civiles", pero dijo que El Salvador ya cambió y es importante darle un mensaje a la comunidad internacional de que "no será refugio para torturadores y asesinos".

Por su parte Ovidio Mauricio, de la organización no gubernamental Tutela Legal María Julia Hernández, pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la ley de amnistía "en la que se están amparando estos criminales".

Por su parte, Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, dijo a la AP que "seguimos en un país lleno de injusticia, lleno totalmente de impunidad y él (García) sabe que al venir aquí vienen a gozar de toda libertad, de toda impunidad, porque no hay un sistema de justicia capaz de poder investigar y deducir responsabilidad a los que cometieron graves violaciones a los derechos humanos".