Viejas y fallidas recetas económicas

José Luis de la Cruz Gallegos
(Profesor del Tecnológico de Monterrey-Estado de México; colaboración especial)

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los últimos 30 años el control del poder político en México se ha transformado en forma pero no de fondo. Sin el monopolio de un partido y con una mayor participación de la oposición, el cambio no se ha traducido en una mejor calidad de vida para la población, la cual vive un deterioro que parece irreversible.

La aprobación de la nueva Ley de Ingresos hizo evidente el hecho de que a pesar de contar con un Poder Legislativo plural, ello no se traduce en que este último sea capaz de proponer modificaciones que le den un giro a la política económica que rige al país. A pesar de que reiteradamente indicaron que la propuesta del Poder Ejecutivo era un retroceso para el bienestar de la población, y que no representaba el marco adecuado para favorecer el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, los diputados y senadores simplemente no pudieron cambiar la iniciativa.

Al igual que en el pasado reciente, la nueva ley es recesiva, en donde los incrementos a los impuestos son contrarios no únicamente a la teoría económica sino también a las experiencias que a nivel internacional se están observando.

En esta ocasión los legisladores y la Presidencia de la República no podrán argumentar que no conocían la problemática, básicamente porque ellos mismos denostaron algo que finalmente aprobaron. La contradicción que esto representa refleja el grado de deterioro de las instituciones: conocen los problemas pero no tienen la capacidad y/o el interés de plantear iniciativas que realmente solucionen las dificultades estructurales de México.

Al escuchar que la Cámara de Diputados no estaba conforme con lo recibido del Ejecutivo, la expectativa era que harían modificaciones sustanciales para promover el crecimiento económico. Sin embargo las nuevas ideas nunca llegaron y los cambios aplicados fueron parte del “plan B” que la Secretaría de Hacienda les hizo llegar, como el de eliminar el impuesto para el combate a la pobreza a cambio de subir el IVA del 15 al 16%.

Cuando los senadores recibieron lo elaborado por los diputados el estruendo mediático fue enorme, los miembros de la Cámara alta indicaron que le harían “cirugía mayor”. Con los desencuentros de los dos partidos de mayor peso legislativo la paternidad de la Ley de Ingresos de la Federación quedó en el aire, nadie quería aceptar su contribución a una legislación que retrasa el desarrollo del país.

Tomando las modificaciones hechas por el Senado, más de forma que de fondo, los diputados se dieron a la tarea de iniciar un debate que únicamente condujo a la aprobación de lo que en general ellos mismos habían elaborado anteriormente, y que en realidad era lo enviado por el Poder Ejecutivo, es decir, todo cambió para no cambiar nada.

El proceso y contenido de la nueva Ley de Ingresos fue criticado por todas las esferas de la sociedad y es increíble cómo la propuesta pasó a ser ley, principalmente porque desde la estimación independiente sus implicaciones son evidentemente negativas. El aumento del IVA del 15 al 16% (en la zona fronteriza del 10 al 11%), la creación de un impuesto de 3% a las telecomunicaciones (excepto en internet y telefonía rural), así como el incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y los ajustes programados en el precio de la gasolina y el diesel, van a desencadenar una inflación que de no controlarse podría llevar a que en 2010 sea de entre 5.5 y 6%.

El escenario económico se complica con el incremento del ISR de 28 a 30% (y los aumentos para quienes ganan más de 10 mil pesos), la modificación al alza en los impuestos a los depósitos en efectivo (del 2 al 3%, aplicable en depósitos superiores a 15 mil pesos), y la modificación en la consolidación fiscal. En conjunto los cambios reducirán la inversión y la generación de empleo. En 2010 el crecimiento oscilará alrededor de 2.5% y su escaso dinamismo va a ser responsable de que sólo se generen entre 200 y 250 mil fuentes de trabajo adicionales. La pérdida del poder adquisitivo real de la sociedad irá de 2.5% para los más pobres hasta 6% para los de mayores ingresos, propiciando el deterioro del mercado interno.

El problema de fondo es que la Ley de Ingresos aprobada no tiene ningún elemento de impulso al crecimiento: cobrando más a los de siempre simplemente representa una extensión a lo observado en las décadas pasadas, cuando el gobierno aumentó impuestos a costa del desarrollo del país. La receta es la misma pero con la participación de partidos políticos que no están en capacidad de proponer alternativas reales, con ello la deuda de la clase política sigue creciendo y presionando a la estabilidad, algo poco deseable para el futuro del país.