Versiones encontradas entre autoridades de Estados Unidos y fuentes del Gobierno de México mantienen incertidumbre sobre la situación de Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.Una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó a EL UNIVERSAL que Almanza Avilés se entregó el pasado jueves a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, fuentes del Gobierno federal mexicano aseguraron posteriormente al mismo medio que el exfuncionario permanece en Culiacán y descartaron que se haya puesto a disposición de las autoridades de ese país.Almanza Avilés es uno de los exfuncionarios de seguridad pública señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia, el exjefe policial habría recibido sobornos mensuales por aproximadamente 300 mil pesos a cambio de brindar protección a las operaciones de dicha organización criminal. En documentos citados por las autoridades estadounidenses, se le identifica presuntamente con la clave “R1”.La acusación sostiene que Almanza Avilés permitió que integrantes de “Los Chapitos” operaran sin interferencia en diversas actividades relacionadas con el tráfico de drogas y facilitó el tránsito de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo a través de Culiacán.Asimismo, se le atribuye haber emitido órdenes de aprehensión contra rivales de la organización criminal a petición de sus integrantes y haber intervenido para lograr la liberación de miembros del cártel detenidos por otras corporaciones de seguridad. Según los documentos judiciales estadounidenses, también habría recaudado pagos de operadores de laboratorios de metanfetamina ajenos a “Los Chapitos”, con el propósito de incrementar los costos de operación de grupos rivales y obtener beneficios económicos.La acusación señala además que el presunto acuerdo de corrupción se habría establecido entre 2017 y 2018 durante una reunión realizada en uno de los ranchos atribuidos a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, en Sinaloa.Por estos hechos, Almanza Avilés enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para importar narcóticos —incluidos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina—, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con actividades de narcotráfico.No obstante, mientras una fuente del Departamento de Justicia sostiene que el exfuncionario ya se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses, fuentes del Gobierno federal mexicano afirman que continúa en Culiacán. Hasta el momento, ninguna de las dos versiones ha sido acompañada públicamente por documentación oficial que permita confirmar de manera independiente su situación jurídica o ubicación actual. Diversos medios presentaron como prueba de la presunta entrega del exfuncionario capturas de pantalla del Buró de Prisiones de Estados Unidos donde aparece el registro de un Marco Antonio Almanza, sin embargo, esta ficha data de 2013 y podría tratarse un homónimo. El gobierno de Estados Unidos preparó un expediente sumamente robusto contra el exjefe policial, basado en testimonios de testigos cooperantes y evidencia documental incautada. Almanza Avilés enfrenta cargos formales por conspiración para la importación de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Adicionalmente, los fiscales le imputan delitos graves por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos vinculados directamente al tráfico de drogas. De ser hallado culpable, las leyes estadounidenses contemplan penas severas y la incautación de todos sus bienes y ganancias derivadas de estas actividades ilícitas.Dos exfuncionarios se han entregado recientemente a las autoridades de EU: Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, sumándose a una lista de mandos de seguridad y figuras políticas investigadas por la corte federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos nexos de corrupción con el Cártel de Sinaloa.
