La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León detonó una bomba política este martes 26 de mayo del 2026 al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez. Anabel Alcocer, líder del partido en la entidad, acudió a la Ciudad de México acompañada de legisladores federales y locales para acusar a la pareja de orquestar un desvío millonario de recursos públicos. Los morenistas exigen a las autoridades federales investigar a fondo una presunta red de corrupción, conflicto de interés y promoción personalizada que involucra más de mil 400 millones de pesos. Esta acción legal sacude los cimientos del gobierno estatal y pone bajo la lupa el manejo del erario regiomontano. El esquema financiero denunciado revela una compleja ruta del dinero que inicia directamente en las arcas del Gobierno de Nuevo León. De acuerdo con la denuncia, diversas dependencias estatales entregaron contratos multimillonarios a empresas proveedoras de servicios, destacando firmas como Suministro MYR. Estas compañías, en lugar de retener los fondos por su trabajo, transfirieron el capital a firmas intermediarias para diluir el rastro del dinero y evadir auditorías. Finalmente, los recursos aterrizaron en las cuentas bancarias de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., un despacho privado donde el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro, figura como socio principal y beneficiario directo. Los legisladores de Morena aseguran que esta triangulación financiera no solo involucra dinero estatal, sino también presupuestos federales, lo que justifica la intervención inmediata de la FGR. La denuncia detalla que el despacho familiar recibió pagos masivos bajo el concepto de honorarios por asesorías legales que presuntamente nunca ocurrieron en la realidad. Además, los acusadores señalan que parte de este capital cruzó la frontera hacia Estados Unidos mediante empresas procesadoras de pagos electrónicos, como PayU México. Los implicados buscaron evadir el radar del sistema financiero mexicano, complicar el rastreo de los activos y consolidar el patrimonio inmobiliario de la familia del mandatario en el extranjero.Esta ofensiva legal no surge de la nada; responde a una serie de investigaciones periodísticas recientes que destaparon las anomalías financieras del gobierno emecista. Durante los últimos meses, la presión pública aumentó drásticamente debido a la crisis de movilidad y escasez de agua en Nuevo León, contrastando fuertemente con el enriquecimiento inexplicable del círculo cercano al gobernador. Casos similares en el pasado, como los escándalos de exgobernadores que utilizaron empresas fantasma para desviar fondos públicos, sentaron un precedente que obliga a la FGR a actuar con extrema rapidez. En términos sencillos, la "triangulación de recursos" ocurre cuando el gobierno paga por un servicio a la Empresa A, esta le transfiere el dinero a la Empresa B, y la Empresa B se lo entrega a la familia del gobernante. Este mecanismo disfraza el robo del dinero público haciéndolo pasar por transacciones corporativas legítimas. La inclusión de Mariana Rodríguez en la denuncia penal añade una capa de complejidad al caso, ya que Morena la acusa de beneficiarse directamente de estos recursos ilícitos para financiar su promoción personalizada y sostener costosas campañas digitales.Mientras Samuel García promueve inversiones extranjeras y presume la llegada de capital europeo a Nuevo León durante sus giras internacionales, la oposición exige su licencia inmediata para enfrentar las acusaciones sin la protección del fuero constitucional. Hasta el momento, ni el gobernador ni su esposa emiten una postura oficial sobre esta nueva querella federal, dejando un vacío de información que alimenta las especulaciones ciudadanas.JM
