La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Desaparición de Personas en México”, en el que realiza un diagnóstico sobre esta problemática en el país y emite 40 recomendaciones al Gobierno mexicano. Las más urgentes están relacionadas con resolver la crisis forense y mejorar las investigaciones en torno a este delito.En entrevista con EL INFORMADOR, Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la CIDH, señaló que la recomendación más urgente está vinculada con la crisis forense que enfrenta el país, ya que existen más de 70 mil cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses estatales. Debido a ello, calificó la situación como una “segunda desaparición”.“No solamente hay una tragedia cuando desaparece una persona, sino que hay una segunda desaparición cuando existe un cuerpo sin identificar; es una desaparición administrativa. El nivel de angustia que se le genera a un ser querido por no saber el destino de sus familiares es tremendo”.En su informe, la CIDH reconoció acciones implementadas por los gobiernos en México, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana y organismos similares en los Estados. Sin embargo, advirtió que “han tenido una efectividad muy limitada” debido a las restricciones en su alcance.“Es injustificable, absolutamente inadmisible, que un familiar tenga la obligación de acudir una por una a las entidades federativas para dejar su muestra de sangre. Los datos deben compartirse y, si aparece un resto, este debe confrontarse con todas las muestras existentes en el país”.Respecto a las indagatorias, Pochak urgió a implementar reformas para mejorar el sistema de justicia y las investigaciones, pues advirtió que la impunidad en los casos de desaparición alcanza casi el 99%; es decir, apenas uno de cada 100 casos relacionados con este delito recibe castigo.“Hay que llevar a la justicia a los perpetradores; de lo contrario, las desapariciones continuarán”, dijo.A la par, la comisionada señaló que los gobiernos mantienen pendiente la implementación adecuada de las búsquedas inmediatas y sus protocolos. Destacó que el informe reconoce a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y exige que la búsqueda de personas sea considerada un derecho.Para la CIDH, el fenómeno de las desapariciones en México es generalizado “porque se extiende en todo el país”, aunque con mayor incidencia en entidades como Jalisco y el Estado de México, que concentran la mayor cantidad de víctimas. Por ejemplo, ambas entidades superan las 16 mil y 14 mil víctimas, respectivamente.Además, considera que este delito puede afectar a cualquier sector de la población, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, niñas, niños, periodistas o personas que pertenezcan a la comunidad de la diversidad sexual. No obstante, uno de los grupos más afectados es el de los jóvenes, debido al reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada.A diferencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), la CIDH no considera que en México exista una política sistemática de desapariciones forzadas por parte del Estado —aquellas cometidas por servidores públicos—, al señalar que la mayoría de los casos son provocados por el crimen organizado, aunque dejó claro que este delito “no se ha erradicado”.“Esto no exime al Estado de responsabilidad, pero no se trata de una política deliberada”, indicó.La CIDH cuestionó que la responsabilidad de las autoridades está relacionada con la falta de prevención y búsqueda, así como con las fallas en la investigación y sanción de los responsables; la identificación de restos humanos; el acompañamiento y asistencia a las víctimas, y la ausencia de políticas de no repetición. La CIDH consideró que todas las desapariciones que ocurren en México “son responsabilidad del Estado”, al referirse a las autoridades mexicanas por la falta de acciones de prevención y sanción del delito. Es por esta razón que se requiere que haya políticas de seguridad y prevención del delito, con el fin de que se eviten las desapariciones y que haya políticas concentradas en los sitios y espacios territoriales con mayor incidencia, por ejemplo, en entidades como Jalisco donde la CIDH observa que hay una situación de alarma. “Se necesitan reforzar las políticas de prevención y de seguridad y que estas políticas deban estar focalizadas en los lugares y espacios territoriales que más alarma están generando, pero también enfocadas y focalizadas estas políticas de seguridad frente a los grupos más vulnerables a la desaparición”, dijo Andrea Pochak. En su informe, la CIDH reconoció que el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado es una de las causas de las desapariciones en el contexto actual de Jalisco y de México en general, principalmente afectando a jóvenes. Para ello, sugiere políticas de seguridad que sean más eficientes y campañas para sensibilizar sobre el reclutamiento forzado. “Es necesario que exista una política de seguridad mucho más eficiente, campañas de sensibilización, mucho más focalizadas en evitar este tipo de capturas y de engaños”. En sus testimonios recopilados, la CIDH fue informada de que niños sobrevivientes del reclutamiento declararon haber sido usados como combatientes, para la preparación de estupefacientes o como mensajeros. En el caso de Jalisco, se identificaron municipios como Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Tonalá y Lagos de Moreno. La Comisión confirmó que el reclutamiento se lleva a cabo a partir de ofertas laborales falsas, registradas principalmente en las entidades de Jalisco, Nayarit y Zacatecas, posteriormente, se trasladan a otras entidades federativas para realizar las actividades antes para los grupos criminales, según la CIDH. SV
