La reciente solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha reactivado el debate sobre los límites legales y políticos para procesar a funcionarios en activo frente a requerimientos de Estados Unidos, así como el cómo el Gobierno el turno deberá librar los señalamientos si no quiere enfrentarse al Gobierno de Estados Unidos, explicó el académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jesús Ibarra.Resaltó que, a diferencia de otros casos de exmandatarios que enfrentaron procesos internacionales una vez concluido su encargo, el elemento central en esta coyuntura es la vigencia del fuero constitucional, que actúa como un primer "escudo" jurídico frente a cualquier intento de judicialización o extradición.Recordó que la mayoría de los casos en los que políticos mexicanos han sido enviados a Estados Unidos ante señalamientos por parte del país vecino corresponden a exgobernadores, es decir, figuras que ya no contaban con inmunidad procesal al momento de ser detenidas, lo que permitió su extradición o el poder seguir su proceso en el país vecino sin "mayores" problemas.En ese sentido, el especialista señaló que incluso en casos donde hubo detenciones en terceros países o procesos complejos de extradición, como el de Javier Duarte (extraditado de Guatemala a México), el no estar en funciones elimina un obstáculo clave: la necesidad de retirar el fuero mediante un proceso político y legislativo previo."Jorge Torres López de Coahuila, fue gobernador interino y ese fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos en 2019, pero de nuevo ya había pasado su gubernatura interina. Aunque no eran requeridos por Estados Unidos, en casos como Javier Duarte de Veracruz, o Roberto Borge de Quintana Roo, también ya eran exgobernadores cuando fueron detenidos".A diferencia de estos casos, señaló Jesús Ibarra, el caso de Rocha Moya se encuentra en una etapa inicial, donde aún no existe formalmente una orden de extradición, sino apenas una 'solicitud de detención provisional', que constituye el primer paso dentro del procedimiento previsto en los tratados internacionales y la legislación mexicana."Para empezar hay que ubicarnos dónde estamos, porque he visto varias notas que lo están manejando mal. Ahorita todavía no hay una extradición, apenas está esta solicitud de detención provisional con fines de extradición, y ese es el primer paso, es la puerta. Y claro, este gobernador tiene inmunidad procesal. Ahora que México ya recibió de Estados Unidos esa solicitud, toca que México revise, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Fiscalía General de la República, y que ellos son los primeros que valoran que sea viable o no el proceder con la detención", explicó el especialista.El académico subrayó que uno de los puntos más controvertidos es el estándar probatorio exigido para dar curso a la solicitud, el cual, aclaró, no implica demostrar culpabilidad, sino acreditar indicios suficientes de la posible comisión de delitos."Se debe existir suficiencia probatoria, pero cuidado, esto no quiere decir probar culpabilidad. Lo que dice el tratado de extradición y la ley es que debe haber un umbral probatorio jurídicamente verificable, es decir, suficiente para acreditar indicios de los delitos que se están acusando. No puedes poner un estándar de que ya sea culpable, porque para eso es el juicio en Estados Unidos", dijo.Como referencia inmediata, Ibarra señaló el caso de Francisco García Cabeza de Vaca (aunque no aplica al 100% en una similitud con los casos anteriores, puesto que él es ciudadano estadounidense y se le procesa distinto). Aun cuando se activaron mecanismos federales para retirar el fuero, la decisión final recayó en el congreso local, que rechazó la procedencia, permitiendo al entonces gobernador conservar su inmunidad."El caso de Cabeza de Vaca pudiera ser el más ilustrativo porque ahí tienen una salida que ya funcionó. El gobierno federal declaró procedente, pero el Congreso local no aprobó, y entonces se mantuvo con la inmunidad procesal. Esa referencia es bien importante porque exhibe que, aunque quiera el poder federal, no siempre se logra", señaló.Ante ello, recordó que no importa que el Gobierno Federal, representado por Morena, y que, a su vez, representa al partido de Rocha Moya (y quien de hecho es sumamente cercano a Andrés Manuel López Obrador, según lo ha declarado el mismo gobernador) no quiera aprobar desaforarlo, pues también basta con que lo haga el congreso local. De esta forma se abren dos puertas.Aunque hay quienes pudieran pensar que el gobierno de Claudia Sheinbaum podría llegar a protegerlo, a partir de declaraciones ya compartidas, Jesús Ibarra advirtió que el escenario actual incorpora un componente adicional que no estuvo presente con la misma intensidad en casos anteriores: la presión diplomática desde Estados Unidos, en un contexto donde el combate al narcotráfico puede escalar hacia marcos de seguridad nacional."Otra cosa que no se ha hablado mucho es la declaración de organizaciones criminales como terroristas. Eso mete una presión diplomática fuertísima, porque entonces se aplica el derecho antiterrorista desde Estados Unidos. Ya vimos lo que sucedió en Venezuela, por ejemplo, y con un presidente como Trump, puede pasar que esta discusión jurídica se convierta en una situación más bien diplomática, política y de intervencionismo", señaló el académico como referencia a que, de no entregarlo, podrían incluso llegar a intervenir México para su detención tal como ocurrió con Nicolás Maduro.En ese contexto, Ibarra planteó que el caso no solo implica una disputa legal sobre el fuero y los estándares probatorios, sino también una tensión política interna y externa que podría tener implicaciones más amplias para el País, que incluso podría convertirse en un tema arancelario."En un caso extremo que el gobernador sea extraditado, es complicado porque jalaría el hilo de muchos negocios muy turbios. Entonces están jugando aquí la unidad y el futuro político, pero también hay presión externa muy fuerte. A diferencia de otros casos, ese factor diplomático pesa mucho", advirtió el especialista. YC
