Viernes, 14 de Agosto 2020

Órdago al Estado

Cómo deberían responder las instituciones a la expansión y hegemonía del cártel  Nueva Generación

Por: Enrique Toussaint

Los delincuentes quieren mandar un mensaje de que no hay intocables: sean secretarios de seguridad, gobernadores o quien sea. ESPECIAL

Los delincuentes quieren mandar un mensaje de que no hay intocables: sean secretarios de seguridad, gobernadores o quien sea. ESPECIAL

El narcotráfico decidió declararle la guerra al Estado mexicano. El atentado contra Omar García Harfuch, secretario de seguridad de la Ciudad de México; el asesinato de Uriel Villegas, juez federal en Colima; la amenaza a representantes del Estado como son Rosario de Piedra o el gobernador Enrique Alfaro, son mensajes que tienen como objetivo desafiar a las instituciones en sus tres niveles de Gobierno. La extradición del “Menchito”, la operación Agave Azul y la priorización del combate al huachicoleo, han provocado una reacción fúrica del grupo delictivo más poderoso del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con información del especialista en seguridad, Eduardo Guerrero, hasta 21 altos funcionarios, de los tres poderes, estarían en el punto de mira de la organización criminal.

Hay un hecho innegable: el CJNG creció en los últimos diez años hasta volverse hegemónico. Nació en Jalisco para después convertirse en una organización que controla El Bajío, el puerto de Manzanillo, el corredor hacia El Golfo y hasta Veracruz. Su potencial comercial proviene de su control del trasiego de drogas hasta Canadá y sus vínculos con los flujos asiáticos. Una organización que se nutre financieramente de la venta de drogas sintéticas -cocaína y metanfetaminas, principalmente-, la delincuencia consuetudinaria en las plazas y el robo de combustible.  El CJNG se convirtió en hegemónico durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en gran parte por el debilitamiento de organizaciones como Sinaloa o la Familia.

El Cártel ha demostrado su capacidad operativa, financiera y armamentística para desafiar al Estado. Recordemos 2015. Los hechos del primero de mayo nos mostraron hasta qué punto había crecido la organización criminal. Los delincuentes utilizaron un lanzacohetes para derribar una aeronave de las Fuerzas Armadas. Y es que han construido una extensa red económico-empresarial que les sirve de soporte. A diferencia de otras organizaciones criminales, el CJNG ha diversificado sus inversiones en distintas arenas que van desde lo comercial hasta lo turístico pasando por la rama inmobiliaria. Es un Cártel con un gran poderío económico (sólo saquemos cuentas del costo de atentar cómo lo hicieron contra García Harfuch). En el mismo sentido, dicha capacidad económica les permite tejer una serie de redes de complicidad institucionales. En particular, a nivel municipal.

Ante este escenario, se abre un dilema para el Estado mexicano (pensado en sus tres poderes, los tres órdenes de Gobierno): ¿Cómo enfrentar al Cártel más poderoso de América Latina? ¿Qué hacer para no repetir el desastre que supuso la guerra contra el narco de Felipe Calderón? ¿Cómo hacer para proteger a las instituciones y al Estado sin abrir una ofensiva que sólo suponga más sangre y violencia? ¿Existe una estrategia clara y contundente para reaccionar a estas amenazas?

Siempre he pensado que la guerra contra el narco de Felipe Calderón fue política: una estrategia de cohesión y legitimación social luego de una elección cuestionada. En su libro (“Decisiones difíciles”, 2020), el expresidente trata de explicar por qué de la guerra frontal y asume algo de autocrítica. Sin embargo, sigue pensando que actuó correctamente con los datos y la información que tenía en aquél momento. Lo que difícilmente podemos debatir es que los resultados de aquella decisión de Calderón fueron terribles para el país: la violencia se triplicó en cuatro años; la atomización de los cárteles supuso problemas mayores de seguridad pública; no fue posible rescatar a las instituciones de la infiltración del narcotráfico; no se construyó un cuerpo policial confiable; los gobiernos locales siguieron siendo débiles para enfrentar al crimen. Es decir, la apuesta bélica de Calderón sólo dejó más dolor, sangre y cooptación.

López Obrador no puede cometer ese error, pero tampoco puede mostrar debilidad e inacción. No responder ante el órdago lanzado por los criminales es desproteger a los mandos policiacos, políticos o militares que todos los días enfrentan al crimen organizado. El Estado tiene que reaccionar con contundencia, pero también con inteligencia y objetivos muy claros.

Tengo la impresión que, en materia de seguridad, existen dos planos disímbolos en el Gobierno de López Obrador. Un plano es el narrativo. Las perlas discursivas del presidente que sirven más para los memes que para entender la política de seguridad y la estrategia del Gobierno. Usted recordará varias: “fuchi guácala”, “les pido a las mamás que cuiden a sus hijos”, “abrazos, no balazos”, y un larguísimo etcétera. Una serie de frases que se han quedado en el imaginario popular y que lo único que consiguieron fue minar la credibilidad del jefe del Ejecutivo. A juzgar por sus dichos, parecería que López Obrador no tiene ni idea de qué hacer frente a los delincuentes.

Sin embargo, existe un segundo plano en donde podemos ser menos pesimistas: los golpes al Cártel que se han hecho desde el propio Gobierno de México y desde las administraciones locales. No sabemos si los golpes financieros lograrán debilitar la base económica del Cártel, sin embargo si están haciendo mella —a juzgar por la virulencia que está mostrando el CJNG—. La cooperación con Estados Unidos en esta materia es fluida. La Unidad de Inteligencia Financiera (ese monstruo que se puede utilizar para bien o para muy mal) está cumpliendo con su labor de ir cercando a los criminales, congelando sus activos y cercenando sus vías de financiamiento. El combate al huachicoleo es, también, una apuesta por pegarles a los criminales en la cartera. Es innegable que existe una intención de parte de los gobiernos, a nivel nacional y en los estados, que busca debilitar a esa organización gigantesca que es el CJNG.

Ahora, las condiciones institucionales para golpear la estructura operativa del CJNG están muy lejos de ser las óptimas. El fiasco de Culiacán y la liberación de Ovidio Guzmán fue la constatación de la fuerza que tienen los cárteles, incluso los que parecían en declive como el de Sinaloa. La pésima planeación, la falta de inteligencia y visión estratégica terminó con la vergonzosa retirada de las fuerzas armadas de una ciudad capital. No es posible enfrentar al CJNG con policías municipales y estatales infiltradas. ¿Y la Guardia Nacional? Es hoy uno de los fracasos más palmarios de la actual administración. La Guardia Nacional no está ni siquiera coadyuvando adecuadamente con la reducción de delitos comunes en los estados donde tiene presencia (ya no digamos enfrentar al narcotráfico). El cuerpo insignia del obradorismo está carente de armamento, preparación y hasta vehículos. Otra vez: 14 años después, parece que sólo tenemos al Ejército, con todos los peligros y amenazas a los derechos humanos que eso implica.

La organización del CJNG para atentar contra García Harfuch es reflejo de su fortaleza armamentística, territorial y económica. El Cártel busca generar miedo ante ciertas decisiones que se han tomado desde el poder político. Los delincuentes quieren mandar un mensaje de que no hay intocables: sean secretarios de seguridad, gobernadores o quien sea. Nadie está a salvo. El Estado necesita tiros de precisión y cortar esos cimientos que permitieron el ascenso fulgurante de la organización delictiva. Es necesario Cortar su base económica, cortar la cooptación de instituciones a nivel local. Purgar a la clase política y económica que han servido de escudos de los delincuentes.

Tapatío

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