El líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, solicitó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, continuar y concluir la investigación de la operación encubierta "Rápido y Furioso", y el castigo a los responsables de esos hechos.Monreal Ávila pidió que se solicite ante el juez de control competente la vinculación a proceso de quienes resulten imputados de esos actos ilegales, por los cuales a ninguna persona se le han formulado cargos.Señaló que "Rápido y Furioso" se realizó en 2009, por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos y consistió en introducir a México de manera ilegal dos mil 500 armas de alto calibre."El objetivo era identificar a los compradores y a los proveedores de estas armas a la delincuencia organizada y cárteles de la droga, para, con esa información de Inteligencia, proceder a levantar cargos y judicializar la investigación respectiva".Dicho objetivo se frustró y se provocó "una espiral de violencia en México, que se tradujo en más muertes, devastación, miedo, incertidumbre e inestabilidad en la sociedad mexicana", anotó en su recurso enviado al fiscal Gertz Manero.El legislador zacatecano subrayó que "todo indica que fue el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa el que abrió las puertas de nuestra casa y nunca supieron a cuántos invitados dejaron pasar".Así, "el expresidente Felipe Calderón Hinojosa opta por aludir al desconocimiento o lo que es lo mismo, a la incompetencia de su gobierno, alternativa que desde su punto de vista es la que menos daño produce a su persona".Con esa decisión se causó daño a millones de mexicanas y mexicanos que padecieron, y padecen a diario, el recrudecimiento de la violencia, además de la estela de daños colaterales que generó con su fallida guerra contra el narcotráfico, expreso Monreal."Millones de personas han muerto en medio de una crisis de seguridad sin precedentes, de cuyo fatal desenlace han sido potenciadoras estrategias como 'Rápido y Furioso' ", agregó.Requiere "respuestas (que) deben ser claras y precisas y, después de tantos años, conocerse públicamente, con miras a sentar un precedente para que, en lo sucesivo, situaciones o estrategias que pongan en riesgo a la población mexicana o la estabilidad social, política o económica del país, nunca más vuelvan a instrumentarse en territorio nacional, en ningún gobierno, con el pretexto de la seguridad nacional".JM
