La historia política mexicana está atravesada por el pactismo. Revisemos los sexenios, sobre todo los posteriores a Lázaro Cárdenas, y nos encontraremos con una proliferación incontable de acuerdos históricos. Casi todos repiten la misma fórmula: el Estado convoca, los empresarios se suman y los trabajadores asienten. Firmas de alianzas, en eventos cargados de grandilocuencias, en donde las partes expresan su voluntad de cumplir su función. El Estado no ser corrupto, los empresarios pagar un poquito mejor y los trabajadores, sin rechistar, a ser productivos para su país.En México, el pactismo es una cultura que trasciende a la clase política. Ponerse de acuerdo es un fin en sí mismo. Luego, si se cumplen o no las cosas conveniadas, es otro cantar. Desde que tengo uso de razón, y conciencia política, he presenciado en Jalisco una acumulación de grandes alianzas por el Estado, pactos de unidad y coaliciones de todo tipo.No recuerdo una sola exitosa. No recuerdo que el voluntarismo, per se, haya sido motor de transformación política, económica o social de envergadura.No niego la relevancia de la voluntad. Sobre esto, se ha teorizado durante décadas en las Ciencias Sociales, desde la psicología hasta la filosofía. Uno de los libros más importantes que marcó a generaciones de líderes fuertes en el mundo es “el papel del hombre en la historia” de Georgi Plejánov. La voluntad es condición necesaria, pero no suficiente. Es indispensable, pero dicho impulso, que muchas veces nace de la visión de una persona o un grupo de personas, debe institucionalizarse para que se reproduzca en el tiempo. Es el cambio de una sociedad de dádivas, muy arraigada en la cultura religiosa, a una sociedad de derechos y libertades.Nuestra cultura política, que premia históricamente el voluntarismo y su narrativa, se ha vuelto aún más intensa luego de la victoria política de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional y Enrique Alfaro Ramírez en Jalisco. Sólo hay que escuchar 10 minutos al Presidente para entender que el voluntarismo es un manto que cubre su narrativa entera. ¿Por qué se va a acabar la corrupción? Porque estoy yo. ¿Qué garantías tenemos que la Guardia Nacional no va a reprimir? Porque estoy yo y no reprimo al pueblo. ¿Cómo le vamos a hacer para que crezca la economía al 4%? Vamos a invitar a los empresarios a reunirnos y convencerlos de que inviertan. La voluntad es el motor político del Presidente, suficiente para él, pero difícilmente para el país. Impuestos, leyes, nuevas instituciones, eso es accesorio.En Jalisco, el voluntarismo es también un eje que marca la relación entre el Gobierno y la Iniciativa Privada. El 24 de julio pasado, el gobernador del Estado en conjunto con representantes de cúpulas empresariales, acordaron que los industriales harían un esfuerzo para mitigar el impacto económico sobre las familias con un incremento de salarios o compensaciones por un total de entre 250 a 300 pesos mensuales. Es decir, los empresarios harían un análisis para detectar quienes son los afectados por el incremento de 2.5 pesos en la tarifa del tren ligero, el Macrobús y el 20% de las rutas de camión -que han venido incrementando su precio de forma gradual cada que se constituyen como Ruta Empresa-, y entregarían tarjetas de Mi Transporte cargadas con montos semanales o mensuales para aligerar el costo de la tarifa para sus empleados.El problema es que desde el principio se recalcó que el apoyo era “voluntario”. Es decir, no es un derecho del trabajador, sino una compensación voluntaria que otorga el patrón que así lo considere oportuno. El Estado no tiene ningún mecanismo para hacerlo cumplir y en esta ecuación el trabajador queda en incertidumbre. No puede exigir nada, simplemente rezar a la diosa fortuna de tener un empleador que entienda la situación económica por la que atraviesan la mayoría de las familias.Esta semana, Rubén Masayi Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, señaló que los industriales se echaban para atrás en el apoyo anunciado hasta no ver cambios significativos en la calidad del servicio que brindan los transportistas. Como diría Joaquín Sabina, el pacto histórico duró “lo que duran dos hielos en un whisky on the rocks”. Esa muestra de voluntad del empresariado, que no debiera ser conveniencia política sino un convencimiento de la precariedad que afecta a la clase trabajadora en Jalisco, se diluyó a la hora de la verdad. ¿Y qué mecanismos democráticos tiene el Estado para obligarlos a que cumplan?El Estado no es una Organización No Gubernamental. No debe ser nunca una asociación que procure la caridad. Por el contrario, el Estado tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza para aplicar el Estado de Derecho y para cobrar los impuestos. Se asume que es el garante del bienestar público, que el Estado es y debe ser el protector del interés general, y por eso le encomendamos que vele por una sociedad justa. El voluntarismo es loable, pero sucumbe frente a la realidad. En este caso, lo vemos. En lugar de buscar reformas necesarias para que el apoyo al transporte esté indexado al encarecimiento de su costo -como una prestación obligatoria de los patrones- con aquellos que ganan menos de 4 salarios mínimos o contemplar el subsidio estatal directo a las familias que están por debajo de la línea de la pobreza que marca Coneval. Con todo respeto a la buena voluntad de los empresarios, el Estado no puede permitir que el futuro de los más necesitados esté atado a la buena disposición de la Iniciativa Privada.Entender los instrumentos que tiene el Estado a su alcance no significa tener un discurso que denigre el papel de los empresarios o que decrete la abolición de cualquier posibilidad de consensos con el sector productivo, sindicatos, universidades u organizaciones. La gobernanza democrática exige este diálogo y encontrar espacios de coincidencia. Sin embargo, si para Alfaro es una prioridad pública que las familias más vulnerables no resientan los incrementos en los servicios públicos, debería pensar en formas no voluntarias, sino obligatorias. Lo mismo con López Obrador, el Presidente puede hacer los discursos que sean en materia de combate a la corrupción, pero sólo apuestas institucionales como la Unidad de Inteligencia Financiera está mostrando avances concretos en esta agenda. Es la institucionalización de la voluntad. En una sociedad democrática, en un Estado que procure mayores niveles de igualdad, la política laboral no se construye con voluntarismo, sino con leyes y derechos.
