La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados exigió conocer el destino de los recursos de los fideicomisos extintos por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que se hagan públicos los contratos otorgados en las licitaciones y las adjudicaciones directas.“No se puede eliminar un fideicomiso (sin estructura) y no decir qué harás con él”, advirtieron diputados.Pidieron que se informe el impacto que tendrán las áreas que se quedan sin dinero para su desarrollo, ya que el fideicomiso fue una figura que funcionó en su momento y, en otros, se abusó.El diputado panista Sergio Fernando Ascencio dio a conocer un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal y las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública informen respecto a los mecanismos para transparentar el destino y el ejercicio de esos recursos. También los esquemas supletorios que se establecerán ante la desaparición del “Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales” y el “Fondo para Reconstrucción de Entidades Federativas”, por ejemplo.Por su parte, la legisladora Martha Elisa González planteó que se hagan públicos todos los contratos otorgados a través de las licitaciones públicas y las adjudicaciones directas, con la finalidad de transparentarlos en los tiempos que marca la normatividad y que la Función Pública investigue todos los contratos.La diputada Gloria Romero señaló la importancia de una mayor transparencia y máxima publicidad, no sólo en las compras de insumos médicos para atender el coronavirus sino también en todas las adquisiciones.CLAVESOrden. En abril pasado se publicó el decreto presidencial para la extinción de varios fideicomisos públicos federales sin estructura orgánica, provocando críticas ante la falta de precisión en el documento. Por una parte, se afirmó que esos organismos tenían 740.5 mil millones de pesos y, de esa cantidad, el Gobierno recuperaría 250 mil millones de pesos para destinarlos a la crisis sanitaria, programas sociales y deudas.Críticas. Sin embargo, el ministro en retiro José Ramón Cossío remarcó que el decreto “es delicado”. En resumen, “tiene varios problemas. Ese tipo de fideicomisos federales suelen implicar las obligaciones con terceros. Esperamos que se calcule el costo-beneficio”.Involucrados. Algunos de los fideicomisos sin estructura son: Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, Sistema de Protección Social en Salud, Administración y Pago de Equipo Militar, Financiera Rural, Ley Aduanera, Desarrollo de Zonas de Producción Minera, así como e-México, entre otros, pero jamás se precisó cuáles desaparecieron. Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda todavía no informa cuántos recursos fueron regresados por los fideicomisos extintos.Tras la devolución de los recursos de los fideicomisos a la Tesorería federal, Raúl Rodríguez, del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO, indicó que el “gran riesgo” es el uso que se le dará al dinero porque queda a la discreción presidencial. “El Presidente aún considera que Pemex en algún momento será una fuente de recursos para el país; sin embargo, hay pocas posibilidades”.Por otro lado, advirtió que “es una mala señal” que los recursos recuperados de los fideicomisos se destinen para pagar deuda pública. “Preocupa porque las proyecciones fiscales son un poco peores de las que estimamos. Habla de una situación fiscal que pudiera ser un grado más riesgosa porque se supone que los pagos ya deben estar programados. Probablemente el Gobierno está pasando por un problema de liquidez”.Aunque el decreto presidencial para extinguir los fideicomisos públicos sin estructura orgánica remarca que los recursos debían reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar el pasado 15 de abril, el ministro en retiro José Ramón Cossío consideró que no es probable que se cumpliera con la fecha porque los procesos de liquidación o extinción son tardados.Explicó que normalmente los fideicomisos contratan distintos tipos de obligaciones con terceros, por lo que es prioridad revisar cómo será la liquidación. Una vez que concluya el procedimiento, que puede tomar varias semanas o meses, entonces se podría hacer la operación de transferirlos todos a la Tesorería. “Mientras no se lleve el proceso de liquidación o extinción, me parece sumamente difícil que se pueda tomar ese dinero (para ayudar ante la crisis sanitaria o económica)… además, se pretendía que fuera antes del 15 de abril”.Recordó que los fideicomisos tienen convenios entre distintas instancias: el que pone el dinero, la institución bancaria y el que recibe el beneficio. “Entonces los fideicomisos son contratos mercantiles cuyos fondos no pueden ser dispuestos por la Federación, aunque esos fondos originalmente hayan sido federales. Para tomar los fondos de un fideicomiso, el mismo se tiene que extinguir… o terminar”.El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el mes pasado que recuperaría 250 mil millones de pesos de estas estructuras, con el objetivo de hacer frente a la pandemia por el COVID-19. Los recursos se distribuirían en fortalecer los programas sociales, reactivar la economía mediante créditos e impulso a la industria de la construcción, apuntalar a Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la caída en los precios del crudo, así como para pagar la deuda federal. “Les diría que, a este concepto, vamos a destinar la mayoría de los recursos porque no queremos que se incremente la deuda, queremos hacer todo lo posible para mantener el compromiso. Esto es contrario a lo que se hacía antes”, justificó López Obrador.Especialistas coinciden en que la extinción de los fideicomisos públicos federales, con o sin estructura orgánica, podría generar problemas legales al Gobierno. El ministro en retiro José Ramón Cossío remarcó que es importante que la extinción de los contratos se realice conforme a los pasos que establecen las leyes. Mencionó que el dinero no regresaría de forma íntegra a la Tesorería porque se deben pagar las obligaciones adquiridas con terceros. “Te podrías encontrar en una condición donde, después de que pase todo esto, los interesados, las instituciones fiduciarias y los bancos demanden al Gobierno federal por la manera en la que los recursos fueron retirados”.Indicó que podrían existir impugnaciones porque se trata de una operación de carácter mercantil. “Si retiran el dinero sin seguir los procedimientos jurídicos podría considerarse que están en un procedimiento de carácter confiscatorio, que está prohibido por la Constitución. Podrían demandar a la propia Federación la entrega de ese dinero, con los correspondientes intereses, actualizaciones, daños y perjuicios”.Acentuó que la estrategia para evitar problemas legales es que, antes del decreto presidencial, se hubiesen realizado las terminaciones de cada fideicomiso de manera individual.Sobre los señalamientos sobre la falta de transparencia y discrecionalidad en el manejo de los fideicomisos, opinó que se pudo arreglar mediante los procedimientos individuales y judiciales, además de generar las responsabilidades correspondientes hacia los que utilizaron los fondos de mala manera. “Me parece que no es una buena razón para cancelar todos los fideicomisos. No es verdad que exista una condición de profunda discrecionalidad, los fideicomisos se rigen por reglas muy estrictas que siguen los bancos… y en caso de que esas reglas no se cumplan de manera oportuna y puntual se da lugar a las demandas, a las responsabilidades”.Por su parte, Raúl Rodríguez, del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), subrayó que se podrían tener problemas legales, aunque matizó que el hecho de que el decreto involucre sólo a los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal, podría disminuir las complicaciones.“Toda acción de Gobierno puede ser debatible, pero creo que, precisamente por eso, fue que se quedaron fuera de este esfuerzo los que requirieran algún cambio en la Constitución. El Gobierno se protegió un poco. Al dejarlos fuera minimizó el riesgo de demanda”.TELÓN DE FONDOSegún el Informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública al cuarto trimestre de 2019, los recursos de los fideicomisos sumaron 740 mil 573 millones de pesos, pero “muestran una disminución de 22.5% real respecto a las disponibilidades registradas al mismo periodo de 2018. Del total de las disponibilidades, 652 mil 627.7 millones (88.1%) se concentraron en 25 actos jurídicos”.De los 338 actos jurídicos registrados contra fideicomisos, 308 se encontraban en operación y 30 en proceso de extinción o terminación, por lo que su clave de registro estaba en etapa de baja.El anexo en materia de extinción de fideicomisos precisó que el año pasado tuvieron diferentes porcentajes de avance de los actos jurídicos en extinción, que van del 10% al 100%. Por ejemplo, uno de los que registró menos progreso es el Fideicomiso para la adaptación de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo: “Se está en espera de la instrucción de Hacienda para que la fiduciaria elabore el convenio de extinción”. Y en los que ya registraron su baja está el Fondo de Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, por lo cual se retornarán más de cuatro mil 018 mil millones a la Tesorería. La calificadora HR Ratings afirmó que de los 740 mil 573 millones en referencia, 457 mil millones están en fideicomisos con disposiciones legales y 283 mil 560 millones en actos jurídicos sin estructura.GUÍAEl documento “Rendición de Cuentas y Fideicomisos: El Reto de la Opacidad Financiera”, escrito por Irma Eréndira Sandoval en 2007, reveló que entre las empresas públicas, descentralizadas o paraestatales, muchas veces se generan conflictos de interés, pues hay personajes que participan en los consejos de administración y que simultáneamente están encargados de regular y vigilar los sectores productivos en los cuales dichas empresas participan, lo que incide de manera importante en el manejo de la información.Indica “que ha pasado mucho en México que, con dinero del erario, se funda un fideicomiso público al que se le instala un Comité Técnico integrado por personas cercanas al funcionario promotor del mismo. De esta forma emergen incentivos perversos cuando los consejeros resultan ser miembros de alguna organización civil a la que el Comité Técnico del fideicomiso le otorga generosos donativos”.Algunos casos emblemáticos son el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la Integradora de Servicios Operativos, el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, los diversos fideicomisos establecidos por los Poderes Judicial y Legislativo, así como el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina de la función de los fideicomisos públicos?Participa en Twitter en el debate del día @informador
