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Martes, 17 de Septiembre 2019

¿El interés público?

Es peligroso para una democracia que se esté dispuesto a violar derechos humanos por defender un supuesto bien común

Por: Enrique Toussaint

La tiranía de la mayoría es propio de sistemas políticos no democráticos. EL INFORMADOR / E. Victoria

La tiranía de la mayoría es propio de sistemas políticos no democráticos. EL INFORMADOR / E. Victoria

Como casi cualquier otro concepto político, el interés público es una construcción ideológica. Un día, el interés público son las reformas estructurales y, unas horas después, es erradicar la corrupción en México. No digo que sea un concepto plenamente arbitrario, siempre expuesto a los avatares de la lucha política, pero lo que sí es -el interés general- es un campo en permanente disputa. Sin embargo, más allá de eso, su usurpación, para la defensa de determinados objetivos, pone en riesgo la democracia y los derechos humanos.

Convenimos como sociedad que la democracia es el sistema que mejor garantiza la defensa de la voluntad de las mayorías con la protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales de las minorías. Convenimos que las mayorías no pueden pisar ciertas líneas rojas ni violar derechos adquiridos. No se puede que una mayoría le quite el derecho al voto a una comunidad. No se puede que una mayoría decida confiscarle los bienes a un tercero, nomás porque sí; o que nuestras libertades estén al libre arbitrio de lo que piensa la mayoría. El interés público tiene límites y por eso hay tratados de derechos humanos, garantías constitucionales y sentencias de la Corte. La tiranía de la mayoría es propio de sistemas políticos no democráticos.

La larga travesía del PRI hegemónico nos dejó el secuestro, por parte de unos pocos, del concepto del interés público. Revisemos los discursos de Gustavo Díaz Ordaz previo a los Juegos Olímpicos de 1968 y tras la masacre de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de aquél año. La brutal represión se justificaba bajo un argumento: la defensa del interés público. La defensa de México. Evitar que el comunismo nos arrebatara el país. Obviando, claro está, que el interés general que no es capaz de garantizar la libertad de manifestación, los derechos humanos, resistencia, disidencia y oposición, comienza a coquetear con el fascismo.

La continuación o no del proyecto de la Presa El Zapotillo en Cañadas de Obregón trajo de nuevo dicho debate. Hay quien intenta hacer una extraña dicotomía entre el interés general (suministrar agua a Guadalajara, Los Altos y León) frente a un interés particular (la resistencia de los pobladores de las tres comunidades que se niegan a ver sus pueblos inundados). Extraña dicotomía porque asume que la protección de los derechos humanos de tercera generación o derechos de los pueblos -ratificados por México en tratados internacionales y en sentencias de la Corte- no son materia de interés general para el Estado Mexicano. Este tipo de dicotomías son más propias de regímenes autoritarios como el chino o el modelo desarrollista mexicano de los años sesenta o setenta.

Tal antagonismo es inexistente. La protección de los derechos humanos de tercera generación o derechos humanos de los pueblos (como los define Naciones Unidas) y el derecho humano al agua son fundamentos constitucionales que el Estado debe defender. No uno u otro, sino ambos. Contraponerlos nos aleja de la democracia.

Y lo paradójico es que las reuniones celebradas en la Ciudad de México para encontrar una ruta sensata de salida a un problema político que se cierne desde 1997, corren por dicho razonamiento. Tanto el acuerdo con los gobernadores, como el diálogo con las comunidades, parte de la idea de que el proyecto del Zapotillo continuará sí y sólo sí, las comunidades son integradas en la mesa de acuerdos. La composición misma de la mesa es espejo de lo complejo de los debates: representantes federales (10); representantes de Jalisco (5); representantes de Guanajuato (5); representantes de las comunidades (10). En dicha mesa de negociación estarán productores de Los Altos, activistas, pobladores, funcionarios de los dos órdenes de Gobierno. La imposición no es una opción, así lo dejó claro el Presidente Andrés Manuel López Obrador y también lo sostuvieron los gobernadores. El diálogo se pone en marcha.

Detrás de las alusiones que algunos grupos económicos hacen al interés público se esconde un profundo autoritarismo. Es el egoísmo elevado a narrativa. ¿Qué significa un grupo de pobladores, de unos pueblitos perdidos en Los Altos, frente a las grandes exigencias de agua de las metrópolis de Guadalajara y León? ¿Por qué molestan, mejor que desalojen y se acabó?

La gobernabilidad democrática, tener la capacidad de tomar decisiones de autoridad con la legitimidad y acompañamiento de la ciudadanía, no solamente se construye desde el Estado. Lamentablemente, somos una sociedad educada en la lógica del puñetazo sobre la mesa, la represión y la criminalización del disidente. No entendemos que los problemas políticos deben ser solucionados a través de instrumentos democráticos. La política nos estorba. ¿Por qué perder el tiempo si podemos imponernos?

El futuro del Zapotillo, la altura de la cortina y la gestión del Río Verde, será definido civilizadamente. Existe legitimidad en todas las demandas que se ponen sobre la mesa. Es natural que el gobernador de Guanajuato quiera certidumbre de dotación de agua para León que es el motor económico de dicho Estado; es natural que el gobernador, Enrique Alfaro, piense en cómo garantizar el abasto de agua para Los Altos de Jalisco-bastión económico y productivo- y Guadalajara que es la segunda ciudad más grande del país. No obstante, ninguna de esas demandas legítimas se puede superponer al derecho democrático que tienen los pueblos de decidir sobre el futuro de su comunidad. Los gobiernos de Emilio González y Aristóteles Sandoval, a nivel local, y de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se negaron siquiera a tomar en cuenta a las comunidades. Hicieron todo para expulsarlos sin su consentimiento, pero la comunidad, las organizaciones sociales y la protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impidieron que se consumara la apuesta federal y estatal. Hay instituciones que funcionan y la Corte es una de ellas.

Ahora, tanto Alfaro como López Obrador tienen una oportunidad de oro para demostrar que estos conflictos no se resuelven con manotazos como en el pasado. Y no sólo eso, también tienen la posibilidad de buscar alternativas de provisión de agua que no se reduzcan a una presa, sino a un modelo integral de gestión del agua. Son 22 años de idas y venidas, pero entramos a una fase en donde la voluntad de todos podría encontrar cauces de salida al conflicto.

Tapatío

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