La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2004, proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 14 años antes (1990).En México, las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTTI) son víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad. La homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen en más de 70 Estados y se castiga con la pena de muerte en, dentro de poco, 11 de ellos. En algunos países, la homosexualidad y la transexualidad aún son consideradas enfermedades y buscan ser "tratadas" con terapias de conversión que, en nuestro país, están prohibidas.Para la ONU, la violencia y discriminación de las que son objeto las personas con orientaciones sexuales homosexuales e identidades de género distintas a su sexo registrado estimulan las llamada terapias de conversión, que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, partiendo de la base de que las personas LGBT+ y de género diverso están "enfermas", según Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.De acuerdo a un informe de la ONU, las terapias de conversión tienen como objetivo transformar a una persona no heterosexual en una persona heterosexual, y a una persona trans o de género diverso en una persona cisgénero (una persona cuya identidad de género corresponde a su sexo registrado).Estas terapias se llevan a cabo en al menos 68 países, en todos los continentes. Son "muy frecuentes" en África y "bastante frecuentes" en América Latina y el Caribe y en Asia.Las terapias de conversión causan profundos traumas físicos y psicológicos a las personas que las sufren. Por ese motivo, los mecanismos de las Naciones Unidas de lucha contra la tortura han concluido que esas terapias pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.En vista del sufrimiento que causan estos tratamientos, Madrigal-Borloz recomienda explícitamente a los Estados que prohíban estas prácticas, derogando las leyes que las permiten, así como las que penalizan la diversidad de orientación sexual e identidad de género. Asimismo, pide que se tomen medidas urgentes para proteger a los niños y jóvenes.El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Código Penal para penalizar a quien incurra en terapias de conversión sexual que utilicen métodos violentos que pongan en peligro la integridad de una persona desde julio de 2020.Desde ese momento, en CDMX se castiga de dos a cinco años de prisión a quienes obliguen a personas a tener estas terapias, además de 50 a 100 horas de trabajo comunitario y se deberá perseguir por la fiscalía capitalina por querella.Estas penas se agravarán cuando esté relacionado un menor de edad, las cuales la fiscalía deberá perseguir de oficio.OA
