El decreto presidencial para extinguir fideicomisos públicos sin estructura orgánica provocó críticas, ante la falta de precisión del documento. Por una parte se afirma que esos organismos tienen 740.5 mil millones de pesos y, de esa cantidad, el Gobierno prevé recuperar 250 mil millones para destinarlos a la crisis sanitaria, programas sociales o deudas. El ministro en retiro, José Ramón Cossío, remarcó que el decreto “tiene problemas, ese tipo de fideicomisos suele implicar obligaciones para con terceros. Esperemos que se haya hecho el cálculo costo-beneficio”. El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que sólo se extinguirán los fideicomisos no estratégicos. Algunos de ellos: Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, Sistema de Protección Social en Salud, Administración y Pago de Equipo Militar, Financiera Rural, Ley Aduanera, Desarrollo de Zonas de Producción Minera, e-México y Mejoramiento Urbano. No hay precisión de cuáles desaparecen.Los “guardaditos” que tenían distintas dependencias u organismos del Gobierno federal, que representan 250 mil millones de pesos, regresarán a la arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer frente a la emergencia sanitaria que se vive en el país por la pandemia del coronavirus, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Después de que se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para extinguir a los fideicomisos públicos sin estructura orgánica ni mandatos, explicó que los recursos que regresarán a la Tesorería representan casi un punto del Producto Interno Bruto (PIB); además, se tenían que desaparecer por mandato de ley.“Teníamos que hacerlo porque lo demanda la Ley de Austeridad Republicana. Plantea la extinción de los fideicomisos y los fondos que no se consideren estratégicos o que requieran modificaciones legales. Hay fideicomisos que sí están creados por ley, éstos no se pueden eliminar por decreto, pero hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos o decretos del Ejecutivo. Vamos a decir que cada dependencia, no todas, pero sí algunas, tenían sus ‘guardaditos’. Y lo que se está haciendo ahora es concentrar todos esos recursos en la Secretaría de Hacienda, que los va a distribuir”.El Presidente hizo una recomendación a la Secretaría de Hacienda para que los recursos obtenidos de los fideicomisos sirvan para atender cuatro propósitos: primero, fortalecer los programas sociales que se destinan a las personas de escasos recursos; segundo, que otra parte se destine a la reactivación económica (como los créditos que impulsen a la industria de la construcción para reactivar la economía). Como tercer propósito, dijo que se podría apuntalar a Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la caída en los precios a nivel internacional. Y cuarto, que se destine al pago de la deuda.Con estos fondos, subrayó, “podemos reunir en total alrededor de 250 mil millones de pesos. Es importante, estaríamos hablando como de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Eso nos ayuda, más otras medidas de ahorro que ya el domingo explicaré (en su informe)”.De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el regreso de los recursos de los fideicomisos que tienen las dependencias del Gobierno federal deberá de ser a más tardar el próximo 15 de abril.GUÍATras el decreto presidencial que elimina fideicomisos, mandatos y contratos análogos, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), celebra esta acción al asegurar que “se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción” que prevaleció en administraciones anteriores.Anuncia que la Secretaría y los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal se asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que cuentan sean correctamente transferidos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de abril para nutrir los programas prioritarios del Gobierno federal.Señala que el decreto publicado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador establece que la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán colaborar en la aplicación de la medida.“Desde la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por la Función Pública, ambas dependencias iniciaron un estudio de los fideicomisos públicos federales, su normatividad, la estructura, el patrimonio, el objeto, la eficiencia y la eficacia. Ahora ese análisis será la base para dar respuesta a las consultas que realice la Secretaría de Hacienda sobre la desaparición o permanencia de los fideicomisos que no hayan sido creados por ley”.La secretaria manifiesta que espera que esta “histórica acción” sea emulada por las Entidades federativas, por los órganos autónomos y por el Poder Judicial de la Federación.“Este decreto complementa la Ley Federal de Austeridad Republicana, crea áreas de veda y establece reglas más estrictas para la creación de fideicomisos, lo cual es reflejo de una política de gasto integral que avanza hacia un ejercicio presupuestal con más transparencia y rendición de cuentas”.ObservaciónLA VOZ DEL EXPERTOSarahí Salvatierra (investigadora)La extinción por decreto presidencial de una parte de los 338 fideicomisos que no tienen estructura orgánica en el país pudiera dotar al Gobierno federal de los recursos para enfrentar la situación de la emergencia económica y sanitaria, expresa Sarahí Salvatierra.La investigadora principal del estudio “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, recalca que el Gobierno tiene distintas opciones para contar con recursos adicionales. Y los fideicomisos pueden ser una de esas alternativas; sin embargo, el decreto presidencial deja “dudas importantes de aclarar”.Una interrogante estriba en que el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que se van a extinguir todos los que no tengan estructura orgánica dentro de la administración pública, los cuales manejan casi 93% de la disponibilidad total de recursos en estos organismos. Y de acuerdo con la última cuenta pública de 2018, este monto que manejan de recursos sería de 905 mil millones de pesos.Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestra que dichos recursos bajaron al 31 de diciembre pasado a 740.5 mil millones de pesos.Aunque el decreto maneja ciertas excepciones, es importante saber cuáles fideicomisos efectivamente se extinguirán, qué montos tienen de recursos y, al final, cuál será el dinero que se recuperará, ya que algunos tienen presupuesto comprometido o cartera vencida.Señala que “es indispensable conocer la información amplia de los estados de cuenta, los cuales deben estar conforme a la Ley de Austeridad para conocer sus gastos, con la intención de tener una idea más actualizada y real de los recursos disponibles”.Acentúa que sí existía una problemática de discrecionalidad y rendición de cuentas, “pero no necesariamente se deben satanizar, por lo que no estamos de acuerdo en su desaparición total”.Explica que son instrumentos que pueden ser útiles para garantizar ciertos fines de interés público porque, al final, tienen bolsas de dinero para garantizar fines específicos, como algunos que sirven para casos de emergencia.“Es importante no afectar a los que brindan garantía de derechos humanos”.Detalla que hay 19 fideicomisos en México que no están incluidos en lo que menciona el decreto. Además, algunos son de otros Poderes públicos, como el Judicial, el Legislativo y los organismos autónomos, que tampoco entran en el marco del decreto y no representan una gran cantidad de dinero, en comparación con los que no están en la entidad paraestatal.El documento publicado el jueves pasado precisa que, conforme con la Ley de Responsabilidad Hacendaria, se debe regresar el dinero a la Tesorería de la Federación, pero se necesita saber con claridad cuántos recursos se recuperarán, el uso y destino. Por eso recomienda crear un micrositio para transparentar la información.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina del dinero que se destina a los fideicomisos?Participa en Twitter en el debate del día @informador
