Jueves, 28 de Marzo 2024

Ante extracción de agua, agricultores reclaman derechos

Piden en Tamaulipas una distribución justa y equitativa de los recursos hídricos 

Por: EFE

El conflicto de los agricultores de Tamaulipas y estados fronterizos como Chihuahua se produce cuando falta un mes para que venza el plazo para cumplir con el Tratado de Aguas de México con Estados Unidos. EFE/ARCHIVO

El conflicto de los agricultores de Tamaulipas y estados fronterizos como Chihuahua se produce cuando falta un mes para que venza el plazo para cumplir con el Tratado de Aguas de México con Estados Unidos. EFE/ARCHIVO

Los agricultores del estado de Tamaulipas reclamaron este miércoles al Gobierno mexicano que respete sus derechos de uso del agua y que terminen con las extracciones ilimitadas enviadas a Estados Unidos en un conflicto que afecta a miles de campesinos.

Los cultivadores de Tamaulipas solicitaron a las autoridades una distribución de los recursos hídricos justa y equitativa, pues sus actividades representan el 50 % de la producción promedio anual de productos agrícolas en ese estado fronterizo.

A su juicio, el Gobierno a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha privado a Tamaulipas de los mínimos volúmenes del líquido que necesita para sostener su producción agrícola.

"Hemos buscado resolver este conflicto a través del diálogo y la vía legal. Los agricultores trabajan de forma honrada la tierra y han sido ignorados por Blanca Jiménez, titular de la Conagua, y por la misma institución, incluso han decidido pasar por alto a la misma ley para seguir con las extracciones ilimitadas, actuando no solo de forma ilícita, sino violando uno de sus derechos más básicos: el del agua", dijo José Luis Carrasco, representante legal de la Asociación de Agricultores de Tamaulipas.

Con el fin de hacer valer la ley y defender sus derechos al agua, la agrupación agrícola promovió un Incidente de violación de la Suspensión del Acto Reclamado en el Juicio de Amparo, que esperan sea resuelto el próximo 29 de septiembre.

El conflicto de los agricultores de Tamaulipas y otros estados fronterizos como Chihuahua se produce cuando falta un mes para que venza el plazo para cumplir con el Tratado de Aguas de México con Estados Unidos.

El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe entregar cada quinquenio cerca de 2.160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por los ríos que comparten en la frontera, aunque los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9.250 millones de metros cúbicos.

Pero por las sequías, la mayor demanda y el creciente uso industrial, los agricultores temen quedarse sin agua para el ciclo agrícola de 2021.

A pesar de que el Tratado de Aguas tiene casi 80 años de vigencia nunca había desatado una lucha partidista así, explicó el investigador Vicente Sánchez, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

El pasado mes de junio, Conagua dispuso destinar el 100 % del agua proveniente del Río Conchos para cumplir antes del 25 de octubre con la deuda con Estados Unidos, a pesar de que en el artículo 4º del Tratado se ha establecido que solo puede extraerse una tercera parte de la corriente principal del Río Bravo para cumplir con el acuerdo.

Esta estrategia de pago determinada por la institución ha comenzado a cobrar factura a los agricultores de Tamaulipas al quedarse sin suministros de agua para sus siembras.

Por ello, las Asociaciones de Usuarios del Distrito de Riego 025 de Tamaulipas optaron por solucionar este conflicto por la vía legal, promoviendo un Juicio de Amparo el día 26 de junio y concedido el 9 julio, por lo que las autoridades no podrán disponer del agua a la que tienen derecho.

Sin embargo, acusaron al Gobierno federal a través de Conagua y Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) de violar la suspensión otorgada por la autoridad judicial, al continuar con la entrega ilimitada de agua a Estados Unidos y también para garantizar a Chihuahua sus volúmenes concesionados con el agua del Río Conchos.

Los más de 16 mil agricultores de Tamaulipas se han visto afectados por esta disposición del Gobierno, pues prevén una pérdida estimada de 3.000 millones de pesos (134.1 millones de dólares) que repercutirán en la economía de las más de 60 mil familias que se benefician de estas actividades de forma directa e indirecta.

IM

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