La explosión de un coche bomba ocurrida el pasado sábado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, atrajo la atención del ojo público, dado que los hechos ocurrieron mientras, transcurría la manifestación en favor de los siete años de la llamada Cuarta Transformación a cargo de los gobiernos federales de Morena. El hecho dejó como saldo seis personas fallecidas y otras seis lesionadas. Para el analista en seguridad y crimen organizado, David Saucedo, el ataque no debe interpretarse como un mensaje dirigido al país en el contexto de la manifestación de Claudia Sheinbaum, sino como un episodio más de la disputa territorial entre grupos delictivos, ya que representa la continuidad de un conflicto criminal que desde hace años se disputa el control de esta zona estratégica entre Michoacán y Colima. "Coahuayana es un municipio pequeño, con consumo de drogas no principal, pero su característica importante es que es la puerta de entrada para el control de la zona costera de Michoacán desde hace años", señaló el especialista. En este sentido, explicó que en este corredor opera el Cártel Nueva Generación, que desde tiempo atrás utiliza la Carretera Federal 200 para el traslado regular de hombres, armas y municiones. Esta vía cruza, precisamente, de forma directa por el municipio donde se registró la explosión, por lo cual se convierte entonces en un mensaje más local, dirigido a sus adversarios, que un mensaje contra la estrategia federal de seguridad. A la par, Saucedo Torres aseguró que los Cárteles Unidos identificaron tempranamente el valor estratégico de Coahuayana, desde hace alrededor de cinco años, y buscaron consolidar su dominio mediante el financiamiento de autoridades locales y la promoción de candidatos afines, estableciendo un control férreo, financiando autoridades locales, pagando candidatos, proyectos políticos, afianzando su proyecto criminal". El conflicto derivó en una cadena de ataques contra la policía comunitaria formada hace una década. Los intentos por desplazar a estas estructuras incluyeron acciones armadas y el respaldo a proyectos políticos locales, sin lograr arrebatar el control comunitario, pero, frente a esa resistencia, aseguró que los grupos criminales han escalado hacia métodos cada vez más violentos, añadió. "Es entonces que están recurriendo a esta estrategia de narcoterrorismo mediante el uso de drones, minas carreteras y ahora, coches bomba con el objeto de desplazar a la población civil que vive en la zona, y que presuntamente respalda a los grupos de autodefensa y también a los Cárteles Unidos. Entonces yo considero que se trata de un hecho estrictamente local", comentó David Saucedo. Aun así, reconoció que la explosión tuvo un impacto que rebasó las fronteras del municipio. La noticia circuló en medios nacionales e incluso internacionales, dado el tipo de artefacto utilizado y el contexto de violencia regional. El especialista advirtió además que el país enfrenta dos riesgos principales: el incremento de la "narcopolítica" y el avance de prácticas de narcoterrorismo dirigidas contra civiles. Aunque señaló que México aún no vive un escenario equivalente al de Colombia en los años 90, reconoció que la tendencia apunta hacia un deterioro mayor si no se actúa oportunamente. "Todavía no tenemos una escalada narcoterrorista al nivel de Colombia de los años 90 del siglo pasado, pero posiblemente para allá vamos", comentó, al referir que este no es el primer caso de este tipo en el País, pues previamente se han registrado hechos similares en Ciudad Juárez, Hidalgo y Guanajuato. Respecto a la resistencia del Estado mexicano a calificar estos ataques como terrorismo, luego de que la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, reculara de mencionar como tal el hecho, Saucedo explicó que existe una aversión oficial desde el Gobierno a adoptar esa categoría por razones diplomáticas, económicas y de imagen pública. Consideró, sin embargo, que esta postura obstaculiza la toma de decisiones urgentes en materia de seguridad. "Desde el sexenio pasado y en el actual hay una cierta aversión para el uso del concepto de narcoterrorismo. De hecho, varias razones creen que utilizarlo fortalece la narrativa de Donald Trump y de los americanos, que lo utilizan para combatir a los cárteles mexicanos. Es algo así como pensar en que pudiera ser un caballo de Troya para permitir el intervencionismo norteamericano", refirió. "En interior del Gobierno mexicano creen que utilizar el concepto de narcoterrorismo está generando un impacto en las inversiones y en los flujos turísticos. Me parece que no es el caso, pero no es lo que ellos creen, que utilizar esta denominación que circule en medios de comunicación, que se viralice en redes, pues genera un impacto negativo de imagen", añadió Saucedo Torres. Además, lamentó, negar el hecho de que tenemos actos de narcoterrorismo en el país impide al Gobierno a tomar decisiones que se tendrían que tomar: que haya un presupuesto antiterrorista, que se actualice la legislación, que existan convenios con países que tienen más experiencia, que se capacite a la población civil y que las policías estatales cuenten con unidades antibomba. La prioridad, dijo, más allá de un término debería centrarse en proteger a la ciudadanía. "Me parece que el bien superior sería salvar vidas; es más importante que todo", concluyó. El Capítulo VI del Código Penal Federal define los actos terroristas como el uso de sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, para actuar en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación. Quien lo cometa puede ser acreedor a penas en prisión que pueden ir de los quince a los cuarenta años tras las rejas, además de multas de cuatrocientas a mil doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La explosión del coche bomba en Michoacán, volvió a exhibir la complejidad del panorama de violencia en la región y las limitaciones de la respuesta institucional, luego del asesinato, el mes pasado, del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Para José Andrés Colomo Guajardo, académico de la Universidad Panamericana, los hechos no sólo deben entenderse como un episodio aislado, sino como parte de un patrón que ha ido consolidándose en los últimos años, marcado por el uso de artefactos explosivos y tácticas diversificadas por parte de grupos criminales. El académico señaló que estos métodos, antes poco frecuentes, hoy forman parte de una dinámica más extendida que podría seguir evolucionando, principalmente en municipios pequeños, debido a la capacidad operativa y política de las organizaciones criminales en diversas regiones del país. "Dígase coche bomba, dígase drones, al final son eventos que no son tan usuales, pero se empiezan a convertir, en los últimos años, en algo usual. Ante la pregunta de si esto podría seguir creciendo, yo malamente contestaría con una pregunta: ¿y por qué no? Están la condiciones para que sí, más que para que no. Podría volver a suceder porque ellos (los criminales) van haciendo todas las condiciones políticas. No es lo mismo reventar un coche bomba en un municipio de ese tamaño que en Morelia, pero la historia nos ha dicho que puede pasar", señaló. Para Colomo Guajardo, el hecho cobra mayor relevancia en el contexto del despliegue militar y policial anunciado por el gobierno federal dentro del llamado Plan Michoacán, la estrategia lanzada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, que presume reforzamientos pero que, a su juicio, no incide en los problemas estructurales que persisten en materia de seguridad y justicia. "Supuestamente el plan tienen un gran despliegue y para mí eso es lo más relevante. Deducir que a pesar de que tienen un despliegue de militares, de marinos y de policías, se siguen presentando casos. En los doce ejes que presentó el gobierno federal, en particular el de seguridad, hay una gran ausencia respecto al fortalecimiento de las instituciones. Poco se aborda o poco se habla de ese fortalecimiento institucional. Muchos de los grandes problemas que tenemos es la impunidad y la legitimidad", lamentó el especialista. El académico también advirtió que, aunque el refuerzo operativo es visible, no resolverá los factores que permiten que estos ataques sigan ocurriendo. Además, subrayó la necesidad de revisar quiénes están fabricando estos artefactos y cómo se está alimentando esa cadena de operación, al considerar el ingreso frecuente de criminales extranjeros, especializados en este tipo de artefactos. "Últimamente se ha empezado a registrar un incremento en el ingreso de colombianos y venezolanos. Los están reclutando con empresas fantasmas y los traen a México. Muchos poseen una especialidad. Son mercenarios que saben de fabricación de bombas y manejo de armas. Hay documentos que ya registran ese ingreso que no se está controlando en migración", refirió. Respecto al debate público sobre si estos hechos deben denominarse actos de terrorismo, Colomo Guajardo consideró que el uso del término tiene implicaciones jurídicas y políticas que el gobierno mexicano prefiere evitar, particularmente por el efecto que puede tener en la relación bilateral con Estados Unidos. ""Independientemente de cómo se tipifique, recientemente tanto la fiscalía en Michoacán como el gobierno federal dijeron que era terrorismo, quizá como un término coloquial y ya después recularon por las consecuencias jurídicas y políticas. Un factor importante es la relación con Estados Unidos. Al llamarle terrorismo, por las implicaciones políticas y de seguridad, se le daría mayor entrada al gobierno estadounidense respecto a sus políticas. Antes no estaban de acuerdo. Decir que sí es terrorismo sería ratificar esa entrada", finalizó el especialista. EE
