La presión a funcionarios del Gobierno de Jalisco para que promuevan entre familiares y conocidos la consulta popular sobre el pacto fiscal contraviene los lineamientos aprobados para la realización del ejercicio.En el artículo 18 se establece que le corresponde al Instituto Electoral del Estado realizar la promoción y difusión de la consulta.Según lo autorizado, las acciones de promoción se deben realizar en escuelas, con organizaciones civiles y población en general. No especifica la promoción en dependencias públicas o entre burócratas.Tras la denuncia de personal de la Secretaría de Turismo Jalisco sobre presiones para que promuevan la consulta, el Gobierno estatal argumentó que son invitaciones a participar y que los servidores públicos tienen la “obligación moral” de poner el ejemplo en ejercicios democráticos.La doctora en Derecho, Lucía Almaraz Cázares, advirtió que no les toca a los servidores públicos promover la consulta y cuestionó que se justifique como una “responsabilidad moral”. “Sí hay una irregularidad y sí se tiene que atender. La Ley de Responsabilidades en el ámbito administrativo marca el tema de desvío de recursos cuando se use equipo humano o material sin que exista un fundamento jurídico para tal acto”.La académica, Annel Vázquez Anderson, consideró que, al utilizar a burócratas para promover la consulta, la administración estatal aprovecha una laguna legal; aunque éticamente lo ve cuestionable.La extitular del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción apuntó que con la promoción sesgada para apoyar la postura del gobernador se atenta contra el espíritu de la herramienta ciudadana. “Se está desvirtuando el mecanismo y se está usando para legitimar una decisión de las autoridades y nos está saliendo carísimo a los jaliscienses”.La organización y promoción del ejercicio tendrá un costo de 22.5 millones de pesos.Se solicitó entrevista sobre el tema con el Instituto Electoral y con Margarita Sierra, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, sin obtener respuesta.Los burócratas que denunciaron las presiones señalaron que además de entregar información personal de 20 contactos, les advirtieron que el día de la consulta tendrían que acudir a los módulos de votación para corroborar los datos que proporcionaron.
