Una vez que el ahora ex presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Javier Armenta, ha dejado el cargo, fue citado en los juzgados de Puente Grande Jalisco, donde deberá librar una audiencia por el delito de “Despojo de tierras y aguas”.Lo anterior, ha sido denunciado por la FEU como un acto de persecusión política, pues señalan, las acciones se han tomado a manera de represalia por la protesta social emprendida en marzo de 2021 para defender el parque “Resistencia Huentitán”.“Esta defensa provocó el enojo del Gobierno Estatal al grado de desalojar violentamente a las y los estudiantes, vecinos e integrantes de colectivos ciudadanos que se encontraban en un plantón permanente para impedir la devastación del parque. El acto de violencia ordenado por el gobernador fue la muestra clara del estilo autoritario con el que se gobierna nuestro Estado”, señaló la FEU a través de un comunicado.Por ello, dijo la Federación, es que se ha citado al ex dirigente para que declare, pues se presume buscan inculparlo de invadir e intentar despojar de los predios ubicados la colonia Huentitán, en Guadalajara, lo cual consideran es un acto de intimidación, dando muestra de que el gobernador de Jalisco tiene sometido a los poderes públicos de Jalisco “petendiendo utilizar a las autoridades de procuración de justicia para silenciar a la organización”.“En lugar de atender los graves problemas de seguridad y violencia que vivimos todos los días, el gobernador se dedica a perseguir estudiantes. Condenamos cualquier acción que el Gobierno Estatal pretenda iniciar en contra de nuestros compañeros y le decimos con claridad: no vamos a permitir este acto de intimidación prepotencia”, indicó el comunicado, que también señaló el “poder corruptor” por parte de la empresa que pretende doblegar con el negocio inmobiliario a las autoridades.Al respecto el gobierno de Jalisco informó que "es falso que se lleve a cabo una persecución política en contra de Javier Armenta pues los temas de impartición de justicia no dependen del Ejecutivo".Aseveró, el Gobierno del Estado no tiene ninguna injerencia en los conflictos y en las demandas entre particulares, como lo es este caso.MF
