Si resolver un caso de desaparición es complicado, la dificultad aumenta cuando cambian al Ministerio Público o al agente investigador a cargo. Y hay muchas menos posibilidades si esa rotación es constante. Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), afirmó que eso ocurre en Jalisco.“Hay unos que hasta ocho veces, lo detectamos. En algunos casos, siete, seis, cuatro… tres en el menor de los casos”.El 27 de septiembre, la CEDH emitió una recomendación por 73 quejas relacionadas con 84 personas desaparecidas. Un hallazgo de la Comisión fue que en seis de cada 10 casos se presentaron cambios frecuentes de ministerios públicos o policías investigadores.El visitador explicó que, al cambiar frecuentemente a los agentes, el nuevo responsable debe revisar todo de nuevo, lo que al final “entorpece, dilata. Y agrégale que son muchos los asuntos y es poco el personal”.Los casos de desaparición son muy complicados, puesto que generalmente combinan varias conductas delictivas, como con el homicidio, secuestro y extorsión, por lo que los encargados de estas investigaciones deben estar altamente capacitados y especializados.Aunque no tiene claras las causas de estos movimientos tan frecuentes, el funcionario auguró que mandan a los investigadores de un área a otra, o que simplemente los remueven.Perlasca Chávez recordó que todas las quejas que contiene la recomendación datan de casos ocurridos durante la pasada administración.En tiempos donde nueve de cada 10 mexicanos cuentan con un aparato celular con el que pueden ser geolocalizados, es casi una regla general que los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Desaparecidos no utilizan esta herramienta, explicó Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), después de analizar las quejas con las que emitieron la recomendación 25/2019.“Los mismos denunciantes referían que estuvieron marcando a su teléfono, que llevaba un carro equis, pero no se hace (la geolocalización) con el pretexto de que hay que solicitarlo a la agencia, a la telefónica, pedir una autorización judicial, etcétera”, amplió el funcionario.Perlasca admitió que en algunos casos sí se solicitó la geolocalización, pero se hizo meses después. “Cuando se trata de investigación criminal eso debe hacerse inmediatamente y no dejarse de hacer bajo esos pretextos”.De acuerdo a la recomendación, que analizó las quejas por 73 carpetas de investigación, en 67% de los casos “no se solicitó con inmediatez la geolocalización del teléfono de la persona desaparecida”.El visitador recordó que se ha tenido noticia de casos exitosos, cuando se pide la geolocalización de la persona. Un ejemplo de ello fue con un trabajador de la CEDHJ privado de la libertad el 24 de noviembre de 2017. En esa ocasión averiguaron en qué punto se deshicieron del teléfono y con eso establecer la dirección que tomaron antes de que se cortara la señal.Explicó que las áreas de búsqueda de desaparecidos de las fiscalías tienen una unidad de análisis de contexto donde revisan patrones y comportamientos comunes a este tipo de delitos, con lo que se pueden encontrar indicadores que lleven a las autoridades a tener éxito. Sin embargo, el Ministerio Público no aplica esto en todas las investigaciones.
