Los procedimientos de responsabilidad administrativa que han sido abiertos contra el personal del Poder Judicial en Jalisco terminan, en su mayoría, declarados improcedentes o sin materia.De acuerdo con el portal del Consejo de la Judicatura del Estado, el año pasado se abrieron 56 procesos pero sólo en dos casos las quejas se declararon fundadas y las sanciones quedaron apenas en extrañamientos.En esos asuntos se comprobaron conductas como extravío de documentos en un expediente que llevaba el Juzgado Sexto de lo Mercantil, o exceder el término para notificar en los procesos de seis expedientes en el Juzgado Primero de Ciudad Guzmán. Las otras quejas resultaron improcedentes, sobreseídas, infundadas o incluso prescritas.Este año, hasta el mes de mayo se iniciaron 40 procesos. Y de ellos, nueve ya fueron desechados y dos más, sobreseídos. El resto continúa en trámite y no se ha emitido una resolución.En 2017 se interpusieron 440 quejas que arrojaron 12 extrañamientos al personal señalado y siete amonestaciones públicas. El correctivo más fuerte que se aplicó entonces fueron dos suspensiones por 15 días sin goce de sueldo contra personal de los Juzgados Segundo y Séptimo de lo Mercantil, Quinto de lo Familiar y Primero de lo Penal, por omisiones en sus declaraciones patrimoniales.Otra sanción de dos semanas sin sueldo se aplicó a personal del Juzgado Tercero de lo Familiar por retardo en sentencias y por notificar actuaciones pendientes.En respuesta a una solicitud de información vía Transparencia, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reportó que en los últimos seis años únicamente un procedimiento administrativo concluyó en cese. El castigo se aplicó a un auxiliar judicial de la Tercera Sala y la sanción data de 2015.El presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Esteves, negó que las quejas se “bateen” sistemáticamente y argumentó que si se rechazan es porque éstas no son interpuestas adecuadamente. “A la hora de analizar la queja se advierte que la sentencia fue confirmada por la sala y hay amparos negados. Que se rechacen las quejas no quiere decir que haya impunidad, sino que las pruebas aportadas no demostraron responsabilidad”, argumentó.El funcionario aseveró que ni los extrañamientos ni las amonestaciones son sanciones menores, pues se integran al expediente de los implicados.La intención de aplicar pruebas de control de confianza es una invasión y aumentará la presión contra los juzgadores, advirtió Bogar Salazar Loza, presidente de la Asociación de Jueces del Estado.Apuntó que revisan los detalles de la reforma constitucional aprobada por el Congreso estatal y adelantó que esperan que el Poder Judicial del Estado fije una postura institucional y recurran a la controversia.El representante de los jueces afirmó que están a favor de ser evaluados, pero argumentó que debe ser a través de mecanismos que no puedan ser manipulables, cuestionó que vayan a ser los legisladores quienes designen al titular del Sistema de Evaluación y Confianza que se crearía en el Poder Judicial.Salazar Loza añadió que suprimir la inamovilidad de los jueces atenta contra sus derechos y dijo que no se puede pretender que sean retirados del cargo si no acreditan las evaluaciones.La reforma aprobada por los diputados locales establece que el periodo de los jueces de primera instancia será de cuatro años, al vencimiento del cual podrán ser reelectos, previa acreditación de la aprobación de las evaluaciones de control de confianza. El proceso de designación lo realizará el Consejo de la Judicatura.El Poder Legislativo del Estado defenderá la legalidad de la reforma constitucional aprobada para cambiar el proceso de designación de magistrados y jueces, que incluye la aplicación de evaluaciones y pruebas de control de confianza, aseveró Salvador Caro, presidente de la Junta de Coordinación Política.Tras los señalamientos del magistrado Ricardo Suro Esteves, presidente del Poder Judicial, que advirtió analizan presentar controversias contra la reforma, el legislador de Movimiento Ciudadano aseguró que cuidaron todos los aspectos constitucionales de las modificaciones para defenderla con argumentos.El emecista argumentó que la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial es porque el Consejo de la Judicatura en todos los años de su existencia nunca cubrió su papel.
