Aunque el gobernador aseguró que la Fiscalía estatal y su Policía Ministerial no dependen de él, en realidad en Jalisco no está vigente su autonomía constitucional, por lo que aún son instancias directas del Ejecutivo. “La Policía Ministerial y la Fiscalía son entidades autónomas del titular del Poder Ejecutivo. Yo no tengo autoridad alguna sobre esa Policía porque es de la Fiscalía”, dijo. Esta fue la justificación que presentó para deslindarse de decenas de detenciones ilegales y desapariciones forzadas realizadas por policías investigadores tras la protesta del viernes para pedir justicia por la muerte de Giovanni López. Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción (CPS), recordó que en noviembre de 2018 el entonces mandatario electo prometió cumplir 22 de 23 puntos impulsados en la iniciativa #FiscalíaQueSirvaJalisco, pero el único que no asumió fue perder la posibilidad de nombrar al fiscal. Luego de enviar una terna para el puesto, planteó al Congreso elegir a Gerardo Octavio Solís. Él fue ratificado por los diputados.Ibarra recalcó la incongruencia del gobernador al presumir que tuvo injerencia en la Fiscalía al retirar los cargos contra los aprehendidos en las protestas del 4 y 5 de junio.“El propio gobernador dijo que iba a retirar los cargos. Hay un coordinador de Gabinete de Seguridad que depende directamente del gobernador. Se supone que la autonomía iba a ocurrir cuando la Fiscalía estuviera lista para operar de forma institucional”, explicó.Luego de las detenciones ilegales y las desapariciones forzadas que protagonizaron el viernes pasado agentes de la Fiscalía estatal en contra de jóvenes que se manifestaban para pedir justicia por Giovanni, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) A.C exigió al gobernador que cese al fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, así como al coordinador de Seguridad, Macedonio Tamez.“El Gobierno de Jalisco está obligado a reconstruir todo su Gabinete de seguridad, a destituir al fiscal y a su secretario de Seguridad Pública y a sancionar a los policías y agentes ministeriales vestidos de civil que participaron en estos graves operativos”, dijo María González Valencia, coordinadora del IMDEC.Señaló que hay una aparente prisa por cerrar el caso de Giovanni, por lo que solicitaron que se investigue a fondo con instituciones independientes. “Exigimos justicia, no una cacería de brujas, chivos expiatorios, ni una verdad histórica”, indicó.Denisse Montiel, abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), se sumó a las exigencias de una investigación independiente. Refirió que estos abusos se advertían desde que se puso a cargo de las medidas restrictivas por COVID-19 a las policías municipales, quienes desde hace tiempo están involucradas en distintos casos de tortura y abusos.Agregó que es importante que se garantice la no repetición y que las víctimas estén acompañadas por organismos internacionales.Desde el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias, Rogelio Córdova opinó que, aunque debe hacerse, “remover a las autoridades no es suficiente para tener justicia. Los derechos humanos no están en cuarentena”.Astrid Fonseca, de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (AsiLEGAL) de la Ciudad de México, apuntó que “va ganando terreno un discurso punitivo, que nos conduce a un esquema de represión que lleva a la cárcel a chivos expiatorios”.Aunque no se definió fecha, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado acordó solicitar la comparecencia del fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, y del coordinador del Gabinete de seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, tras las detenciones ilegales en las marchas del fin de semana.El titular de la fracción de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, argumentó que la intención de la comparecencia es saber qué pasó en el operativo de ese día y revisar el avance del plan de trabajo para sanear la dependencia.La priista, Mariana Fernández Ramírez, refirió que se debe escuchar la demanda de los sectores sociales que solicitan que el fiscal sea removido del cargo para que se investiguen los hechos. “La renuncia (del fiscal) la está pidiendo la sociedad civil porque es muy fácil que se vayan sobre el eslabón más débil que en este caso son los policías y haya chivos expiatorios; no es solamente que renuncie, sino que antes dé explicaciones de lo que sucedió”, argumentó.El panista Gustavo Macías Zambrano dijo que espera escuchar explicaciones sobre las detenciones ilegales y los señalamientos de la posible infiltración del crimen organizado.La coordinadora de la fracción de Morena, Érika Pérez García, sostuvo que las manifestaciones son muestra del hartazgo social que se vive en el Estado y deslindó a su partido de los actos violentos.El coordinador General de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, justificó de legal la detención de seis jóvenes que que permanecen detenidos al ser acusados de dañar el mobiliario urbano en flagrancia tras la manifestación del fin de semana. Ellos no han regresado a casa, como ocurrió ya con las personas aprehendidas el pasado 4 de junio tras la protesta por el asesinato de Giovanni López. “Una vez que la manifestación concluyó sus actividades, estos jóvenes fueron detectados vandalizando el mobiliario urbano y algunos negocios en la zona de Chapultepec. Al filo de las 22:00 horas regresaron al entorno de Palacio de Gobierno y comenzaron a arrojar piedras, realizaron pintas y comenzaron a prender fuego a las puertas del inmueble, situación por la que seis de ellos fueron detenidos”.El excandidato a gobernador de Jalisco por Morena y exdelegado para los programas sociales en la Entidad, Carlos Lomelí, acusó al jefe del Ejecutivo estatal de utilizar la fuerza pública para acallar a quienes no piensan como él. Indicó que, a un año y medio de su gobierno, ha demostrado su verdadera cara: “que miente, que traiciona y no acepta sus errores.“Culpa al Gobierno federal, a la ciudadanía, a los partidos políticos y al sótano del poder, nunca hay un reconocimiento de sus propias fallas”, comentó en un video en redes.“No se da cuenta que su peor enemigo es su discurso de odio, un discurso equivocado porque la sociedad lo eligió para traer tranquilidad y bienestar a nuestras familias. Su enemigo son sus mentiras y su falta de capacidad para gobernar”, señaló.
