El número de personas sin identificar que se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aumentó casi al doble en comparación con el promedio registrado durante 2019.Del 1 de enero al 30 de abril de 2020 ingresaron al instituto un total 526 personas que hasta ahora no han sido identificadas por sus familiares, según registros de la plataforma de Personas Fallecidas Sin Identificar. La estadística se traduce en un promedio de 131 personas cada mes.Los registros de este cuatrimestre representan un incremento del 87% respecto del promedio mantenido durante 2019, en el cual se reportaba un promedio de ingreso mensual de 70 personas.De acuerdo con la estadística oficial de la Fiscalía estatal, del 1 de enero al 30 de abril el IJCF realizó dos mil 194 autopsias, lo cual implica que de cada cinco cuerpos que ingresaron al instituto, uno no fue reclamado.Además, 5% de esos cadáveres son de mujeres; 58% corresponde a hombres, y en el resto, debido a las condiciones en las que se localizó, el sexo no ha sido determinado. La mayoría de ellos, señala la estadística se encuentra en el descanso forense del Fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque.En mayo de 2019, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, indicó que el instituto tenía la capacidad para albergar a 474 cuerpos en sus distintos refrigeradores; el número de cuerpos registrados en la plataforma solo este cuatrimestre supera por 52 los espacios disponibles.En diversas ocasiones Tamez Guajardo ha referido que gran parte de los cadáveres se encuentra en “secciones anatómicas” que pueden ser dispuestas en una misma gaveta, sin embargo, hasta ahora no hay una estadística clara sobre cuáles son las condiciones actuales de las más de 500 personas sin identificar que están a resguardo del IJCF solo de este año, pues en total la plataforma refiere un registro de mil 447 personas a su custodia.También se desconoce cuántos de esos cadáveres posiblemente ya fueron inhumados y pese a que se solicitó voz del IJCF para conocer la situación dentro del instituto, hasta el momento no ha emitido una respuesta.Para Ana Karolina Chimiak, co-directora del Centro del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el que no exista información clara y transparente sobre el manejo de estos cadáveres y su disposición final además de demostrar, representan también “graves violaciones a los derechos humanos”, pues el resguardo de dichos cadáveres se relaciona estrechamente con el trabajo realizado en torno a la localización de personas desaparecidas.Por ello el organismo, en coordinación con la Fiscalía estatal, deben realizar un protocolo de trazabilidad en el cual se documente y registre cada fase por la cual pasa el cadáver y la autoridad al mando y conducción de las etapas para garantizar un trato adecuado y se cuente con las pruebas necesarias para garantizar el derecho de identidad.LS
