El brote de contagios por COVID-19 en el Congreso de Jalisco sigue activo y ya van seis legisladores que han dado positivo. Este fin de semana, tres diputados más confirmaron haber contraído la enfermedad. A través de sus redes sociales, las diputadas Priscila Franco Barba y Mirza Flores Gómez, ambas de Movimiento Ciudadano (MC), y el perredista Enrique Velázquez, informaron que dieron positivo a la prueba de coronavirus. Los tres refirieron presentar síntomas leves y permanecen en resguardo domiciliario. El diputado Ricardo Rodríguez Jiménez (MC) anunció estar contagiado el viernes. Tanto Rodríguez como los tres legisladores antes mencionados estuvieron en la sesión presencial del pasado martes, cuando se eligió a un comisionado del Instituto de Transparencia. En semanas pasadas, dieron positivo por COVID-19 Héctor Pizano Ramos (MC) y Adenawer González Fierros (PAN). Como consecuencia del brote, el Congreso entrará en cuarentena durante los próximos 15 días y sólo mantendrá algunas actividades no presenciales, informó el secretario general del Poder Legislativo, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. Se había anticipado que los diputados sesionarían esta semana para aprobar las reformas pendientes en materia de desapariciones forzadas, pero tras los recientes contagios, la reunión se pospondrá o se efectuará de manera virtual como medida preventiva. Desde que inició la contingencia sanitaria, el pleno del Congreso estatal ha sesionado al menos 20 ocasiones. Por los presuntos excesos cometidos en el proceso de nombramiento de tres nuevos consejeros de la Judicatura, el Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso de Jalisco realiza una investigación derivada de tres denuncias recibidas tras la aprobación de las designaciones. Raúl Bermúdez Camarena, titular del OIC, explicó que las quejas fueron presentadas por dos organizaciones civiles (Sigue al Congreso y el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción) y uno de los participantes en el proceso de nombramiento (el abogado Gabriel Valencia). La pesquisa se hará conforme a la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Esto se suma a los amparos promovidos por el Comité de Participación Social y por aspirantes como la académica Rosa Imelda Hernández, la única candidata que pasó la evaluación que los diputados anularon. JL
