Jueves, 28 de Marzo 2024

“Maquillaron” cifras de delitos por tres años: Alfaro

A nivel estatal, la Fiscalía reportó sólo siete de cada 10 crímenes patrimoniales; el gobernador anuncia investigación a fondo y advierte sanciones penales

Por: El Informador

De enero a noviembre de 2018 se ocultaron ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública 27 de cada 100 ilícitos que llegaban a oídos de la autoridad estatal. EL INFORMADOR/Archivo

De enero a noviembre de 2018 se ocultaron ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública 27 de cada 100 ilícitos que llegaban a oídos de la autoridad estatal. EL INFORMADOR/Archivo

Al menos durante los últimos tres años, los datos que la Fiscalía del Estado reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron falsos o “maquillados”, afirmó el gobernador Enrique Alfaro.

Lo anterior se detectó al realizarse un cruce de información entre las estadísticas que la anterior administración estatal envió al Sistema Nacional, y las carpetas de investigación registradas por la Fiscalía entre junio de 2016 y noviembre de 2018. La “investigación integral” la hizo el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco y su Comisión Ejecutiva.

De acuerdo con las cifras de delitos presentadas, entre junio y diciembre de 2016 se reportó sólo 68% de los delitos que realmente se investigaban en Jalisco; en 2017, siete de cada 10, y de enero a noviembre de 2018 se ocultaron 27 de cada 100 ilícitos que llegaban a oídos de la autoridad estatal.

En el caso de delitos patrimoniales como robo a vehículos, robo a negocios y robo a personas que ocurrieron en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la Fiscalía reportó menos de la mitad en los tres años de análisis, según las nuevas mediciones.

El gobernador subrayó que ese anuncio “no quedará allí”, pues el Consejo Estatal mantendrá abiertas las investigaciones hasta dar con los funcionarios involucrados en la omisión. Agregó que también se presentará una denuncia para que se ejerza sanción penal, toda vez que se trata de un delito federal.

Eduardo Almaguer, quien encabezó la Fiscalía General entre julio de 2015 y noviembre de 2017, negó que durante su gestión se “maquillaran” cifras. En una entrevista radiofónica, sostuvo que la información compartida “siempre era en el marco de la norma o de los requerimientos técnicos” demandados por la autoridad federal. También se dijo dispuesto a colaborar si, eventualmente, se abre una investigación y se le cita.

Enrique Alfaro anunció que la información en materia de seguridad tendrá acceso público a través de cuatro nuevas plataformas, tres de las cuales se encuentran en proceso de creación. Los datos, agregó, podrán ser verificables por cualquier organismo público que la sociedad considere, e incluso ser investigados por el Sistema Estatal Anticorrupción.

El experto en seguridad nacional, Alejandro Hope, añadió que es “sencillo” que los indicadores delictivos presentados al Sistema Nacional de Seguridad Pública no sean los reales, pues esa instancia únicamente concentra los datos que le son reportados por las fiscalías estatales y no necesariamente los verifica.

Enrique Alfaro sostiene que durante su administración no se ocultará información para cambiar la imagen de la Entidad. FACEBOOK/EnriqueAlfaroR

Pide a Federación auditar cifras delictivas de los estados

Tras ventilar que las cifras oficiales del Gobierno del Estado en materia de seguridad estuvieron “maquilladas” los últimos tres años, el gobernador Enrique Alfaro solicitó al secretario de Seguridad Pública nacional, Alfonso Durazo, que se realice una auditoría en todos los estados, a fin de garantizar que sus respectivas procuradurías y fiscalías enviaron datos reales y no “maquillaron” sus cifras como, asegura, ocurrió en Jalisco.

Esto, luego de dar a conocer que entre junio de 2016 y noviembre de 2018 la Fiscalía de Jalisco, durante la administración pasada, reportó solamente 70% de los delitos por los cuales se abrió una carpeta de investigación en la Entidad.

El mandatario estatal indicó que durante su administración las cifras presentadas serán las reales, pues no se ocultará información alguna con la finalidad de que cambie la imagen de inseguridad que se tiene de la Entidad, por lo cual existe el riesgo de que Jalisco sea ubicado en los primeros lugares nacionales en la comisión de delitos, especialmente si, como él piensa, las demás entidades no reportan sus datos verdaderos.

“La decisión es: no más mentiras. Si otros gobernadores quieren mentir, allá ellos, pero lo que le vamos a pedir al Sistema de Seguridad Nacional es que los audite, que revisemos de manera real lo que está pasando. Prefiero que la gente sepa de dónde partimos para que pueda evaluar hacia a dónde vamos a llevar al Estado. Al final de mi Gobierno esta realidad en la que hoy estamos no va a ser la realidad, ese es mi compromiso”, expresó.

El experto en seguridad nacional, Alejandro Hope, indicó que hasta ahora no existe un sistema de auditoría “confiable” que garantice que la cifras de incidencia delictiva reportadas por los estados sean las reales, y los que existen no se realizan de manera formal ni regular, por lo cual, sugirió, es necesario establecer uno que sí permita verificar y equiparar las estadísticas.

Este medio de comunicación buscó a losex fiscales Eduardo Almaguer, Raúl Sánchez Jiménez y Marisela Gómez Cobos para conocer su opinión al respecto de los señalamientos hechos por el gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, hasta anoche no habían dado respuesta a la solicitud.

CLAVES

¿Cómo se llegó a las mediciones reales?

Origen. Se creó el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco y su Comisión Ejecutiva, conformados por miembros de instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, entre ellos el Ejército, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Coordinación Estratégica de Seguridad.

Análisis. Esa instancia realizó un análisis al número de carpetas de investigación que fueron abiertas por la Fiscalía estatal entre junio de 2016 y noviembre de 2018. También se hizo un cruce de información con los datos que fueron reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Omisión. De esa forma se detectó que tres de cada 10 delitos que llegaron a la Fiscalía General en todo el Estado no fueron reportados al Sistema Nacional, por lo que iniciaron las investigaciones dentro de la Comisión Ejecutiva a fin de dar con los responsables.

Protocolo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reúne las estadísticas de incidencia delictiva de los 32 estados de la República y los presenta de manera mensual a través de su plataforma web. Desde 2015, la metodología muestra un nivel de desagregación más avanzado.

TELÓN DE FONDO

Diferencias, a diario...

El miércoles, este medio publicó que las cifras de homicidios dolosos que a diario presenta la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), difieren de las documentadas por la Fiscalía del Estado. Mientras su metodología reportó 50 muertes hasta el 7 de enero, la Fiscalía contabilizó 64. Además, el 1 de enero la plataforma del Gobierno federal indicó que hubo cuatro asesinatos y la dependencia contó seis.
El 6 de enero también hubo diferencias. La CNS destacó nueve decesos en Jalostotitlán, pero estas víctimas no aparecieron en los datos estatales.

Siempre hubo diferencias: Caro

Los reportes estadísticos de la Fiscalía General del Estado constantemente tuvieron discrepancia con los datos registrados por la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, aseveró Salvador Caro Cabrera, excomisario tapatío. Al mismo tiempo, negó que haya sido omiso por no denunciar el sub registro en las cifras estatales. “Lo que hacíamos era contrastar nuestros datos y los de ellos (Fiscalía). Decían que finalmente ese era el número de denuncias que habían recibido; el número de carpetas de investigación que se habían abierto con el nuevo sistema penal”.

Ocho años de cárcel

El Artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece penas de ocho años de prisión a quien “ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea”. Es decir, que habría responsabilidad penal para quien, como acusó ayer el gobernador, autorizó que se compartiera información “maquillada”. Y si el responsable sirvió en las instituciones de seguridad “se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente” y, además de la destitución, se le inhabilitará en cualquier nivel de la función pública.

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