La lista de juzgadores que presentaron amparos para que no se les aplique la reforma al Poder Judicial sigue ampliándose.Con esta legislación se suprimió el pago de haber de retiro (un superbono que equivale a 12 meses de salario íntegro más 14 días por año laborado) y se cambió el mecanismo para llevar a cabo los nombramientos, además de que ahora están obligados a presentar pruebas de control de confianza.A Lucía Padilla, Celso Rodríguez y Marcelo Romero, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) que ya cuentan con una suspensión provisional para no someterse a la medida, se sumaron Alberto Barba Gómez y Juan Luis González Montiel, del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).Sin embargo, el Congreso local también tiene notificación de 20 recursos promovidos por jueces.El titular de la coordinación de Asuntos Jurídicos del Legislativo, Javier Ulloa Sánchez, indicó que ya se le negó la suspensión provisional a uno de los jueces y explicó que han presentado quejas procesales para que no obtengan suspensiones definitivas.En el caso del magistrado Celso Rodríguez, quien obtuvo una que frenó el proceso para designar al titular del Órgano Interno de Control del Poder Judicial, Ulloa Sánchez destacó que el recurso sigue vigente, pues se aplazó la audiencia incidental y no se ha resuelto la queja que promovió el Congreso.Resaltó que el Legislativo no ha sido notificado de la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) en contra de esta reforma.En caso de que la Corte admita el asunto y notifique al Congreso, éste tendría un plazo de 30 días para proporcionar argumentos de defensa.El secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, aseguró que la reforma superará los recursos en su contra. Dijo que la CNDH está en su derecho de promover la acción y reiteró que la modificación legal no viola derechos ni autonomías.“La reforma al Poder Judicial va, porque es una demanda y una petición de la sociedad. El órgano de evaluación y de realización de pruebas de control será surgido del propio Poder Judicial. Es una falacia que haya una vulneración a la autonomía”, agregó.El funcionario estatal calificó como lamentable que por “apetitos personales” algunos magistrados hayan promovido recursos jurídicos para frenar la medida.
