Como mecanismo de disuasión a las empresas y particulares que contaminan cuerpos de agua, el Congreso local analiza una iniciativa de reforma a la Ley del Agua del Estado para aumentar, hasta cuatro millones 30 mil pesos, el monto máximo de la multa que podría recibir quien descargue, en los sistemas de alcantarillado o al subsuelo, aguas residuales sin tratar, basura, desechos materiales o sustancias tóxicas.Actualmente, la sanción máxima es de 80 mil 600 pesos. También se propone que estos castigos se apliquen a quien lo haga con agua tratada fuera de los parámetros o límites permisibles establecidos en las normas oficiales.La diputada Priscila Franco Barba, promotora de la medida, sostuvo que el incremento en el costo de la infracción no tiene un fin recaudatorio y sólo busca elevar la gravedad de estas prácticas para inhibirlas.“Se pretende desterrar un añejo vicio de muchos infractores de la ley que, bajo el amparo de una norma laxa y de un débil cuerpo de inspectores ambientales, le apuestan a que nunca los visitará la autoridad. Y en el remoto caso que ello ocurra, pues, por el monto de las infracciones que actualmente prevén las leyes locales en la materia ambiental, les resulta mucho más barato pagar una irrisoria multa que controlar la contaminación que están generando”, comentó.Según la reforma, que también contiene modificaciones para incluir la medida en el Código Penal, en caso de reincidencia la multa podría duplicarse. Además, el infractor deberá reparar el daño.El endurecimiento de sanciones por contaminar el agua forma parte del plan de saneamiento del Río Santiago que impulsa la nueva administración estatal.En el presupuesto del próximo año se etiquetaron 51 millones 698 mil pesos a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) para que refuerce las labores de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental y contrate más supervisores.
