El exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, aseguró que altos exfuncionarios como Roberto López Lara, ex secretario de Gobierno y los exfiscales Rafael Castellanos y Maricela Gómez Cobos también, deben ser investigados por el caso, ya que tenían responsabilidades adjudicadas al tema del deambular de cientos de cuerpos por la ciudad a bordo de un tráiler refrigerante en septiembre de 2018.Como por ejemplo, dijo, la firma del acuerdo para resguardar los cadáveres en los tráileres, el arrendamiento de los mismos, el garantizar que dentro del Instituto se contara con lo necesario para resguardar los cuerpos de manera digna y la compra de insumos, como etiquetas para reconocer los cadáveres, que al ser de mala calidad ocasionaron la pérdida de información.“Sobre ellos no se menciona nada. El ánimo nada más era vincularme a mí y al doctor Mota, lo demás es cosa que no les interesa ni dicen nada”, señaló el ex director.Cotero Bernal, tras su vinculación a proceso por el delito de abuso de autoridad, insistió en que el IJCF sólo se encarga del resguardo de los cadáveres, siendo la Fiscalía la encargada de determinar su entrada o salida del Instituto.“Ciencias Forenses la única función que tiene es hacer peritajes, hacer dictámenes, como se deberían estar haciendo ahorita, para entregar los cuerpos a quien la Fiscalía ordene. Pero ha sido exagerado el número de cuerpos que ha llegado al instituto por petición de la Fiscalía, que es la responsable de determinar el destino final de los cuerpos, el entregarlos, a quien entregarlos, y la Fiscalía es la única que decide sobre los cuerpos” manifestó.Cotero Bernal añadió que la determinación de su vinculación se debió a una persecución política por parte del Gobierno de Jalisco debido a que preside el Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG). “No quisiera yo estar metiendo a la Universidad en problemas, pero creo que soy yo el instrumento nada más de esta gente para también afectar a la institución”, expresó.Tras la determinación del juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, de vincular a proceso a Cotero Bernal, el médico aseguró que optará por tramitar un juicio de amparo ante un juez de distrito federal “porque la justicia a nivel local no es confiable para nada”, añadió.Al respecto del tema, el Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, explicó que las investigaciones no ha sido cerradas y que la vinculación de Cotero Bernal sólo se relaciona con la autorización para que el tráiler que transportaba 273 cadáveres sin identificar saliera del IJCF y terminara deambulando por la ciudad.La indagatoria, dijo, se inició a partir de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 10/2019, que se elevó a la CNDH y luego de la denuncia presentada por el ex fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro.“Los cuerpos que se tenían y que, bueno, ahorita tenemos más, me queda claro, para tratar de enfrentar esa situación en ese momento advierten que ya la capacidad instalada era insuficiente para el número de cuerpos, y en consecuencia se toma una decisión en la Fiscalía General del Estado, de rentar esas cajas refrigeradas, que no son congeladoras con la finalidad de almacenar los cuerpos en el interior del IJCF, hay un contrato efectivamente, en el cual se establece que la fiscalía renta, paga y que le corresponde a Ciencias Forenses resguardarlo”, comentó.Aunado a ello, dijo, fueron cinco las carpetas de investigación abiertas por el tema en general: por el trato indigno de los cadáveres, por la renta de los tráileres, por el mal manejo de los cuerpos y de los indicios, aunque no precisó qué funcionarios están señaladas en ellas a quienes se les podría vincular próximamente, justificando el sigilo de las indagatorias.Añadió que por el caso exclusivo de la renta de los tráileres la semana pasada se vinculó a proceso a Yolanda Santiago, funcionaria encargada del arrendamiento de los tráileres donde serían guardados los cuerpos. A ella se le dio una sentencia de un año y cuatro meses en prisión y la inhabilitación para trabajar en la función pública por un periodo de seis años.“Ya en la cuestión administrativa, de por ejemplo si dice que el ex secretario López Lara el el presidente de la Junta de Gobierno y tendría que estar enterado de cómo estaban las condiciones, yo creo que ya le tocaría en este caso al doctor, ahora vinculado, que acreditara que le hizo saber a la junta de Gobierno que siguió los conductos normales para denunciar las carencias que tenía. A mi me queda claro que mediáticamente se ha hecho, no se si administrativamente lo llevaron a cabo”, añadió.Respecto del tema de las etiquetas que se borraron haciendo que se perdieran indicios, comentó que también era responsabilidad del IJCF al no garantizar que los materiales solicitados fueran de buena calidad para evitar que se perdiera la trazabilidad de indicios o de los cuerpos.Por último, De la Cruz Tovar lamentó que Cotero Bernal acuse de ataques políticos ante la coyuntura social o de venganza su vinculación en el caso, pues añadió, el tema no es nuevo, sino que se inició desde el anterior gobierno, y que desde hace 11 meses que se solicitó la audiencia de vinculación, pero la defensa del médico no tomó las acciones pertinentes para alguna impugnación o solicitud de la presentación de alguna prueba o testigo.Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. 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