La renegociación del pago que recibirá la empresa proveedora del software usado para las verificaciones vehiculares es una medida desventajosa para el interés del Estado; afirmó la diputada María Esther López Chávez, vocal de la Comisión de Estudios Legislativos.La legisladora morenista acusó que el programa, además de recaudatorio, se está convirtiendo en un negocio de particulares favorecidos por la administración estatal.“Es un menoscabo a la estimación que se hizo, viene a trastocar el objetivo principal del programa que debe ser tener un fondo verde para implementar en proyectos a beneficio del medio ambiente. También reafirma lo que he criticado que no se respetaron los tiempos y no se explicó el proceso paso a paso con claridad”, dijo.Añadió que el retraso en la aplicación del programa es responsabilidad de la administración estatal y acusó que siguen sin socializar adecuadamente el tema.EL INFORMADOR documentó que la administración estatal y la empresa Worldwide Environmental Products (proveedora del software y la tecnología) renegociaron el contrato e incrementaron el pago unitario. Con el ajuste, de los 500 pesos que cuesta cada verificación, la empresa proveedora se quedará con 140 pesos (más IVA), los centros autorizados recibirán 200 (más IVA) y el Fondo Estatal de Protección al Ambiente tendrá alrededor de 106 pesos.Según el contrato firmado en septiembre de 2019 por la administración estatal y la empresa proveedora del software y la tecnología, el precio unitario por revisión se pactó en 99 pesos con 76 centavos, con la posibilidad de modificar ese valor en caso de que el porcentaje de cumplimiento del programa tuviera variaciones superiores al 5% de lo proyectado.JL
