Amás de dos años de su lanzamiento, la plataforma digital para denunciar actos de corrupción llamada protocolo 409 solamente recibió 34 quejas, de las cuales 17 fueron atendidas, 12 se quedaron sin contestar, cuatro están en proceso y una tuvo respuesta insatisfactoria.La presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei), Cynthia Cantero Pacheco, considera que el resultado se debe principalmente a que la sociedad no está acostumbrada a denunciar, aunque faltó una estrategia de comunicación para que la plataforma se posicionara entre la población.“Es algo en lo que hemos hecho énfasis: que se denuncie lo que estuvo mal de un funcionario público. Posiblemente no se utilizó la plataforma Protocolo 409 por falta de difusión, o al ciudadano no le interesó presionar a la Contraloría de alguna autoridad para que el trabajo fuera más rápido”.Cantero Pacheco indica que en diciembre pasado se dieron cuenta de que la plataforma estaba teniendo fallas, pero ya fue reactivada. Ahora seguirá dar de alta a las nuevas dependencias estatales y municipales. El apartado se encuentra en la página electrónica del Itei.“Dentro del plan de trabajo está reactivar la invitación a las nuevas autoridades para que se sumen, para que el trabajo de los órganos de control puedan rendir cuentas a la sociedad. Para el ciudadano es más sencillo contactar solamente uno de ellos”.El coordinador del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, menciona que en 2016 se pensaba que las cosas en materia de anticorrupción iban a cambiar, pero la gente necesita resultados para denunciar.“Regresará la participación de la población en la medida en que tengan efectos sus denuncias. Ya sea que tenga razón el que denunció, o que le aclaren que lo que reportó no tiene fondo. De lo contrario, la gente no va a tener motivos para denunciar actos de corrupción”.El Protocolo 409 fue presentado el 26 de octubre de 2016 por el Itei, la Universidad de Guadalajara, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente y el Gobierno de Jalisco.El Instituto de Transparencia (Itei) presentó la última evaluación a los portales de 100 sujetos obligados, de un total de 504 que están obligados a rendir cuentas. Por primera vez, el resultado será vinculante a sanciones, por lo que se les pidió a los incumplidos que atendieran las observaciones. En promedio, el puntaje de cumplimiento de los sujetos obligados fue de 69.29 puntos, de una escala de 100.Los fideicomisos sin estructura y los sindicatos tuvieron la peor evaluación por bloque, con 42.08 y 51.50 puntos, respectivamente.Los primeros tres lugares del ranking de cumplimiento fueron para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y el Organismo Operador del Parque de la Solidaridad. Los peores lugares fueron para el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de Conalep de Jalisco, el Fideicomiso para el Fondo de Garantía Agropecuaria de Jalisco (Fifojal), el Ayuntamiento de Ayotlán y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TAE).La presidenta del Itei, Cynthia Cantero Pacheco, responde que está por vencerse el término que tenían los sujetos obligados para enviar informes de cumplimiento y no cumplimiento.“Será uno de los datos que daremos en la próxima sesión , donde estaremos revisando los informes que hayan enviado los sujetos obligados. De 100 sujetos obligados, alrededor de 81 enviaron informes de cumplimiento y 19 no lo hicieron”.Detalla que van a revisar el fondo de los documentos que recibieron para determinar procedimientos de responsabilidad por el incumplimiento, ya que los sujetos obligados tenían 30 días hábiles para ponerse al corriente.Adelanta que se podrían generar sanciones económicas para los titulares, o en un momento determinado, para los extitulares que estaban al frente de esas instituciones.“Según la ley, pueden ir desde los 12 mil a los 84 mil pesos para el que estaba de titular, que es el responsable de que esté publicada y revisada la información”.Remarca que las medidas proceden también para anteriores servidores públicos, en caso de que los nuevos funcionarios acrediten que no les dejaron los datos, y que el incumplimiento fue por parte de la anterior administración.Por opacidad, en 2018 se sancionaron a 99 funcionarios (81 amonestaciones públicas, 13 multas y cinco arrestos). La cifra de 2017 fue de 119 servidores públicos sancionados y 208 durante 2016.La titular recuerda que los sujetos obligados, como secretarías estatales, municipios, organismos descentralizados, Poder Judicial o fideicomisos deben actualizar la información cada mes, principalmente la relacionada con el Artículo 8, que tiene más rubros.Por eso pide que si los ciudadanos detectan que los portales no tienen la información, envíen un recurso de transparencia al Itei.Luego que se logró conformar el Sistema Anticorrupción del Estado, uno de los principales pendientes es la creación de la Plataforma Digital Nacional, afirma Cynthia Cantero Pacheco.Indica que en este sitio los ciudadanos podrán presentar denuncias, aparecerán los procedimientos de compra, se conocerá quiénes se contratan y bajo cuáles estatus, declaraciones de intereses y patrimoniales, entre otros datos.Explica que la plataforma, responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción, está en etapa de construcción, por lo que esperan que en unos meses quede concluida. “Cuando esté lista, en todos los Estados, los sistemas nos vamos a tener que conectar. Se concentrará toda la información de las autoridades”.Acentúa que existió voluntad de instituciones en el tema de la plataforma 409, ya que 38 sujetos obligados recibieron las denuncias que se les atribuyeron. “Buscamos que no exista impunidad por parte de las autoridades donde en ocasiones se presentan denuncias por parte de los ciudadanos, y no son atendidas… en ese avance, el reflejo de algunas de las denuncias fueron contestadas”.Informa que este año comenzarán a gestionar propuestas con las nuevas administraciones, con el objetivo de incrementar la transparencia de actividades. Dice que, aunque son 504 sujetos obligados de forma directa en Jaisco, llegarán a 700 con entidades indirectas.“Solamente del Poder Ejecutivo se derivan 100 sujetos obligados, con los cuales tenemos que comenzar a trabajar, ya sea en capacitaciones, acercamientos…”.Remarca que con el Poder Judicial, Congreso del Estado, municipios de la zona metropolitana y Gobierno del Estado buscarán ir más allá de lo que la ley establece en cuanto a publicación de información. Un ejemplo será transparentar los procesos de justicia, donde el ciudadano pueda identificar lo que se está haciendo en el Poder Judicial. O en el Congreso de Jalisco, proyectos de parlamento abierto.Artículo 8Los sujetos obligados deben informar cada mes cuestiones relacionadas con finanzas, patrimonio, viajes, estadísticas, estudios, ingresos recibidos, entre otros.CLAVESSujeto. Los sujetos obligados son aquellos que reciben recursos públicos. Según el Itei son entes que generan o administran información pública, y las personas jurídicas privadas que recauden, administren o apliquen recursos públicos.Evaluación. El Itei vigila, a través de evaluaciones a portales de internet, que los sujetos obligados pongan a disposición de la población la información generada como resultado de sus funciones y atribuciones, particularmente aquella establecida como “fundamental”. La Contraloría Ciudadana de Guadalajara presentó la semana pasada distintos canales para denunciar actos de corrupción, ya sea de forma presencial, telefónica o electrónica.El contralor tapatío, Enrique Aldana, informa que los tapatíos pueden presentar las denuncias por medio de buzones de quejas instalados en la Presidencia Municipal, en las direcciones de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, Obras Públicas, en Padrón y Licencias, Servicios Médicos Municipales, Registro Civil, Justicia Municipal y en Control al Comercio en la Vía Pública. Además de módulos itinerantes en eventos masivos realizados en el municipio.También recibirán denuncias exclusivas por WhatsApp al número 33-12-64-23-56. Una de las principales ventajas es que la mayoría de las personas usa este medio de comunicación y no causa dificultades a los ciudadanos.Para que las quejas trasciendan, pidieron que se adjuntaran los elementos suficientes y detalles como lugar, fecha y hora de los hechos, así como modo en que se llevaron a cabo. De ser posible pidieron fotografías, videos y cualquier material que pueda ser de utilidad.Las autoridades indican que la Contraloría investiga 23 casos de corrupción, por señalamientos como presunto abuso de autoridad, cohecho y la solicitud de dádivas.El portal de internet del Ayuntamiento de Zapopan cuenta con un apartado llamado “Pégale a la Corrupción”, en el cual reciben reportes de abusos por parte de servidores públicos.David Rodríguez, encargado de despacho de la Contraloría Ciudadana, indica que en 2018 recibieron 196 peticiones, entre quejas por irregularidades en trámites y abusos de funcionarios.Subraya que la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 2017, significó un parteaguas para delimitar el funcionamiento de “Pégale a la Corrupción”, ya que en años anteriores no tenían la legislación específica.Enfatiza que una vez que el ciudadano presenta su queja formal se siguen dos procesos: investigación y sustanciación. El primero se lleva a cabo por la Contraloría, mientras que la Sindicatura se encarga de lo segundo.“El Sistema Anticorrupción pide tener la independencia específica de las personas que resuelven el procedimiento, tanto de lo que es la investigación, como la sustanciación”.Recalca que actualmente no han tenido resoluciones completas de las quejas, pero sí han avanzado, ya que cuentan con 69 denuncias en el esquema de investigación, 15 en sustanciación, 10 casos en trámite de procedimientos no graves, dos graves y el resto de los reportes se concluyeron por falta de elementos. “Tendrá que llevarse a cabo el procedimiento, no tiene un término concreto, mientras que no caduque”.Coincide en que, con la Plataforma Digital Anticorrupción, se podrá ampliar el alcance en materia de información. Por ejemplo, si un trabajador fue sancionado en Guanajuato y viene a trabajar a Jalisco se podrá conocer su historial. Además de que se podrán subir las declaraciones patrimoniales y de intereses.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina del combate a la corrupción en Jalisco?Participa en Twitter en el debate del día @informador
