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Domingo, 22 de Julio 2018

En riesgo, nuevas salas y central de notificaciones

En la discusión del presupuesto 2018, el Supremo Tribunal de Justicia pide más recursos al Congreso de Jalisco para reducir el rezago acumulado

Por: El Informador

Primer informe. Tras los escándalos de Luis Carlos Vega Pámanes, el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, asegura que se recuperó la confianza de la gente. EL INFORMADOR/A. Camacho

Primer informe. Tras los escándalos de Luis Carlos Vega Pámanes, el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, asegura que se recuperó la confianza de la gente. EL INFORMADOR/A. Camacho

Para aminorar el rezago que arrastran y cubrir la ampliación de atribuciones que se le han otorgado, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco hizo una proyección presupuestal por 748.2 millones de pesos para el próximo año, pero el proyecto que analiza el Congreso apenas contempla 542.8 millones.

El requerimiento formulado por los magistrados incluyó una bolsa de 224.3 millones que se emplearía en diferentes “proyectos especiales”, como la creación de salas especializadas. En la justificación del gasto se afirma que el Poder Judicial se encuentra rebasado en sus funciones y requiere de sustento presupuestal para cumplir con su labor y las nuevas tareas asignadas.

El magistrado presidente, Ricardo Suro Esteves, afirmó que, por el déficit que arrastran, no se cubren las necesidades elementales ni se tiene certeza de cómo se asumirán las nuevas atribuciones.

“Actualmente tenemos un déficit presupuestario para cubrir nuestras necesidades imperiosas… y recordemos que el próximo año entra en vigor la reforma laboral. Vamos a tener que crear juzgados laborales y no tenemos ni espacio ni dinero para lo elemental”.  

En la presentación de la propuesta de presupuesto 2018, el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, destacó los recursos considerados para el Poder Judicial del Estado crecen en general 17%, pero incluyendo a la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa. Pasarían de los mil 337 millones que recibieron este año a mil 565 millones que se les etiquetarían para 2018. Pero esta bolsa podría crecer, pues el presidente de la Comisión de Hacienda, Ismael del Toro, ha señalado que una de las reasignaciones que podría aprobar el Congreso sería de 100 millones más.

"La petición que se hace de presupuesto no es ni mezquina ni para buscar opulencia… se pide para dar un servicio de calidad".

Mientras tanto, para asumir las funciones en materia de justicia laboral, el Supremo calculó que requieren una bolsa de 29.3 millones de pesos para conformar la sala especializada en la materia. Se argumenta que la reforma constitucional requiere esos fondos para contar con la infraestructura material y operativa. En la reforma federal se dio plazo de un año a los Estados para cumplir con la legislación; es decir, para comenzar en febrero de 2018. “Esta nueva competencia trae consigo una nueva materia y nuevos juzgados laborales”, se advierte en el proyecto de presupuesto.

Por otra parte, la sala especializada en materia de lo familiar se encargaría de los juicios contenciosos relativos al matrimonio, los que tengan por objeto modificaciones o rectificaciones en las actas de registro civil relativas al estado civil de las personas, la paternidad, a la filiación legítima y cualquier cuestión relacionada con el patrimonio de la familia y juicios sucesorios. La apertura de esta sala se valora en 29.3 millones de pesos.

También está la creación de una sala unitaria regional, proyectada como la vía para brindar servicio de manera más cercana a la sociedad. Como ventaja se subraya que evitaría el traslado de personas que viven en las regiones del Estado a la Zona Metropolitana de Guadalajara, para que se les imparta justicia. Se le etiquetan 12.4 millones de pesos, pero no especifican dónde se ubicaría esta sala, ni el personal que requiere.

La habilitación de por lo menos una sala especializada en materia de narcomenudeo, otra colegiada de segunda instancia especializada en ejecución de penas y una más colegiada en materia mercantil oral, son otras necesidades consideradas.

Entre los planes que quedarían en el tintero por falta de recursos se suma la solicitud de 23 nuevas plazas para crear una “central de notificaciones” para una mejor organización y distribución de los expedientes, escritos y comunicación de sus resoluciones, así como las cédulas de notificación emitidas por los órganos jurisdiccionales. Para esta área se solicitan 10 millones de pesos.

Y también solicitan 20 millones de pesos para re-nivelar las prestaciones y sueldo de todos los jueces de Jalisco, partida que sí se contempla.

PANORAMA 2018
Presupuesto

• Supremo Tribunal de Justicia
Recursos solicitados: 748 millones 278 mil 015 pesos.
Proyecto presupuestal del Ejecutivo: 542 millones 850 mil 250 pesos.

• Consejo de la Judicatura
Recursos solicitados: 1,631 millones 639 mil 751 pesos.
Proyecto presupuestal del Ejecutivo: 854 millones 116 mil 243 pesos.

• Instituto de Justicia Alternativa
Recurso solicitados: 107 millones 421 mil 931 pesos.
Proyecto presupuestal del Ejecutivo: 44 millones 671 mil 346 pesos.

LAS PETICIONES PRESUPUESTALES DEL TRIBUNAL PARA 2018

• Gasto ordinario: 523 millones 904 mil 446 pesos.
• Pago de haber de retiro a magistrados: 48 millones 567 mil 932 pesos.
• Secretario relator: 47 millones 882 mil 881 pesos.
• Sala en materia penal: 29 millones 332 mil 340 pesos.
• Sala en materia laboral: 29 millones 332 mil 340 pesos.
• Sala especializada en materia familiar: 29 millones 332 mil 340 pesos.
• Sentencias y resoluciones judiciales: 17 millones 086 mil 559 pesos.
• Sala unitaria regional: 12 millones 400 mil pesos.
• Central de notificaciones: 10 millones de pesos.
• Apoyo gasolina a notificadores: 450 mil pesos.

PIDEN ACELERAR REFORMAS
En informe, Suro presume un Poder Judicial más confiable

Con la afirmación de que se dio un giro de 180 grados en la percepción del Poder Judicial del Estado, el magistrado Ricardo Suro Esteves presentó su primer informe de actividades. Destacó que son un Poder más “autocrítico y confiable”, que se ha mantenido al margen de escándalos.

Sin hacer mención directa al escándalo que atravesó el Poder Judicial el año pasado, con la renuncia de Luis Carlos Vega Pámanes, luego de que se dio a conocer que tenía antecedentes penales, señaló que desde los primeros días de su administración tuvo que salir a tocar puertas y visitar diferentes sectores para ganarse la confianza de la sociedad.

Al referirse a la aplicación del sistema de justicia penal, reiteró que los errores son responsabilidad de quienes lo operan, no del nuevo esquema. Apuntó que todos los involucrados, desde policías, agentes del Ministerio Público, abogados y juzgadores, deben mantener el compromiso de capacitarse y trabajar para perfeccionar la coordinación en la nueva forma de impartir justicia.

Subrayó que en este año, tan sólo en el Primer Distrito Judicial de Tonalá, 12 jueces del nuevo sistema penal atendieron seis mil 326 audiencias, un promedio de 18 diarias por juzgado. Acentuó que el Consejo de la Judicatura avaló cerrar cinco juzgados del sistema penal tradicional para migrar al nuevo modelo, con lo que cierran el año con un total de 17 jueces orales para desahogar la carga de trabajo.

Sobre combate a la corrupción, reveló que durante el año se han sancionado a 29 funcionarios judiciales y se han castigado a dos jueces, sin especificar los motivos.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, llamó al Congreso del Estado para que se trabaje en alcanzar un acuerdo y aprobar las reformas al Poder Judicial. En su intervención durante el informe, dijo: “Reitero el compromiso del Ejecutivo estatal con el fortalecimiento del Poder Judicial, lo que hago con un respetuoso llamado para que no se postergue la discusión y, en su caso, la aprobación de la reforma del Poder Judicial. Esta reforma plantea la autonomía presupuestal, contribuiría a garantizar la estabilidad de la justicia”.

Sobre el tema, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Ismael del Toro, afirmó que el llamado del secretario debe ser para la bancada del PRI, pues son los responsables de tener frenado el acuerdo sobre la reforma.

“Espero que esta línea sirva para que tengamos la reforma la próxima semana”.

Requieren aumento para pagar impuestos y becas

Dar beca a los prestadores del servicio social y crear una escuela judicial para la investigación y la capacitación de los servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, son parte de las proyecciones presupuestales consideradas por los magistrados, que están en manos del Congreso de Jalisco.

Según el Tribunal, las becas para los estudiantes se justifican con la afirmación de que se debe reconocer el apoyo y el auxilio que prestan al Poder Judicial. Se sostiene en el proyecto presupuestal que la beca con remuneración está prevista en la Ley de Servidores Públicos del Estado. El problema es que tampoco se especifica cuánto dinero requieren para los apoyos o cuántos estudiantes recibirían el subsidio.

Además, en el proyecto se incluye un aumento salarial para el personal, con la intención de que no registren una disminución en sus sueldos tras la reforma federal que los obliga a pagar el Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

El presidente del Supremo Tribunal justificó la petición de este ajuste salarial “porque de no considerarse” el personal tendrá una disminución de sus percepciones quincenales.

Cuestionado sobre el monto del aumento y a quiénes se les daría, Ricardo Suro comentó que se revisaría caso por caso y refirió que se pretende favorecer a notificadores.

En el proyecto se añade incremento al pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Pensiones del Estado.

ESPECIALES
Sentencias y gasolina

En el paquete de “proyectos especiales” se consideró el pago de sentencias y resoluciones judiciales por 17 millones de pesos y una partida para apoyo de gasolina a notificadores de 450 mil pesos.

Defiende haber de retiro millonario

Para cubrir la prestación que tienen los magistrados que dejan el cargo al cumplir 70 años o concluir su periodo, el Supremo Tribunal de Justicia necesita 48 millones 567 mil 932 pesos para pagarle a los seis juzgadores que se han retirado de sus funciones, pero aún no se les da el llamado haber de retiro.

Ricardo Suro reiteró la argumentación a favor de la prestación y negó que sea un bono, con el argumento de que es un derecho que tienen los magistrados por la labor de impartir justicia y la imposibilidad que tienen al retirarse de litigar por cuenta propia.

“No es un bono, es una prestación que está contemplada en la ley, no está a voluntad del Poder Judicial o del Supremo Tribunal. Es una obligación del Estado que se debe de cubrir a los magistrados”.

Esta pretensión tampoco encontró eco en la propuesta de presupuesto que analizan los diputados.

Al dejar el cargo, cada magistrado tiene derecho a recibir un año completo de salario, más 12 días de sueldo por cada año trabajado. Durante 2017 se han pagado 10 millones de pesos en haber de retiro a los ex magistrados Miguel Ángel Estrada Nava y Alfredo González Becerra, que por la vía del amparo obligaron a que se cumpliera con la prestación.

LA VOZ DEL EXPERTO
Está en penumbras

Augusto Chacón (de Jalisco Cómo Vamos)

El funcionamiento y administración del Poder Judicial se mantiene en las penumbras como uno de los espacios menos abierto a la transparencia, afirmó Augusto Chacón Benavides.

Argumentó que, aunque existen algunos avances, de los tres Poderes estatales, el Judicial es el menos abierto al escrutinio.

“Con todo lo que se ha avanzado, que no es poco, el espacio del Poder Judicial y el manejo que se le da siguen estando en una penumbra intensa. Todavía no podemos abrir las puertas para ver qué sucede en el Poder Judicial, desde cómo se dan los nombramientos de magistrados hasta la administración de justicia de forma cotidiana. Sigue siendo un espacio de penumbras”.

Subrayó que uno de los principales rezagos está en la administración de justicia, uno de los puntos que más afectan al ciudadano común.

Cuestionó que la designación de magistrados se ha prestado al reparto de cuotas entre partidos.

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