Aunque implicará una reducción de recursos para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), diputados locales aprobaron una reforma para restringir la expedición de las cartas de no antecedentes penales. La diputada Priscila Franco Barba, promovente de la medida, defendió la modificación; sostuvo que era obligatoria para prevenir actos de discriminación, cumplir con la Ley Nacional de Ejecución Penal y alentar la reinserción social de quien cometió un delito y cumplió con la sanción."Los ingresos por la constancia de no antecedentes eran recursos adicionales al Instituto, este año recibió 39 millones extra para que puedan cumplir con sus funciones. Su nómina y su gasto no dependen de esos ingresos adicionales. No les tiene que afectar", argumentó.Hasta octubre del año pasado el IJCF emitió cerca de 622 mil constancias que representaron ingresos por alrededor de 40 millones de pesos. La carta de no antecedentes únicamente podrá solicitarse a candidatos a cargos en seguridad pública o privada, por requerimiento de una autoridad judicial o en el trámite de licencias para portación de armas. También si la piden autoridades administrativas y judiciales para fines de investigación o en los casos que sea requerida por una embajada o consulado extranjero en el país.La reforma aprobada da facultades a la Secretaría del Trabajo y a la de Igualdad Sustantiva para socializar la medida entre los empleadores e inspeccionar que se acate.La solicitud para aplicar en Jalisco el programa de mochilas segura fue ajustada y finalmente no se concretó. El exhorto presentado por la diputada panista Verónica González Orozco se modificó antes de votar y se cambió por analizar implementar un programa de prevención y atención psicológica a estudiantes para evitar conductas violentas y uso de armas. Se sugirió aplicar protocolos de revisión en los accesos a planteles, pero sin especificar que implique la revisión a las mochilas de los estudiantes.En otros temas, los legisladores retiraron de la discusión la posibilidad de pedirle al presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, que solicite licencia al cargo en tanto se investiga la agresión que propinó a una mujer en diciembre pasado, en una riña en la vía pública. El punto se suprimió de los temas a votar en la sesión.La prisión preventiva aplicada al ex secretario de desarrollo social, Miguel Castro, fue motivo de discusión entre la coordinadora del PRI, Mariana Fernández y el de Movimiento Ciudadano Salvador Caro. La priista aseveró que en el caso se aplica una justicia selectiva y defendió la honestidad del ex candidato a la gubernatura. Caro Cabrera reviró argumentando que Castro se burló de la administración de justicia al violar las medidas cautelares que limitaban su libre circulación. El legislador naranja cuestionó los parámetros de la diputada priista para calificar a una persona como honesta. OB
