Luego de una reunión sostenida con la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Ozuna, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) informó que se llegó a un acuerdo para garantizar el derecho de familiares de personas desaparecidas en los trabajos de exhumación que se llevan a cabo en el panteón de Coyula.A partir de hoy 27 de mayo, tanto los familiares de personas desaparecidas, como la CEDHJ y la Comisión Estatal de Búsqueda podrán estar presentes como observadores en los trabajos de exhumación que se realizarán varios días más, a fin de que se garantice que se realizan con la debida diligencia, competencia y conforme a las normas y protocolos sobre la materia, además de generar certeza de la correcta ubicación, recuperación e identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.Por último, dijo la CEDHJ, se acordó que diariamente se dará un informe a los colectivos y familiares en busca de sus seres queridos sobre los resultados de los trabajos llevados a cabo el día anterior.El pasado 25 de mayo la CEDHJ inició el acta de investigación 217/2022/IV luego de que comenzara el proceso de exhumación de cuerpos de personas fallecidas no identificadas que fueron inhumadas, sin contar con registro básico de identificación.Ante ello, se emitieron medidas cautelares dirigidas al fiscal de Derechos Humanos, a la fiscal de Personas Desaparecidas, a la directora del Centro de Vinculación y Seguimiento a la Defensa de los Derechos Humanos de la Fiscalía Estatal, a la comisionada de Búsqueda de Personas, al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y al secretario de Seguridad del Estado.A ellos se les solicitó, además de garantizar la debida diligencia y el correcto manejo de los cadáveres, que se respetara el derecho a las familias a participar en la observación de dichas exhumaciones, y que se les brindara la información necesaria sobre los protocolos y procedimientos seguidos.“Una vez identificados los cuerpos, realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares deberá hacerse respetando su dignidad, tradiciones religiosas y culturales. Si fuera el caso, y a solicitud de los familiares, generar los mecanismos para repatriar los restos de las víctimas ya identificados”, señaló la CEDHJ, el pasado 25 de mayo en el anuncio de la emisión de las medidas cautelares.Fue ese mismo día cuando el Gobierno de Jalisco informó que iniciaría con el proceso de exhumación de 262 cuerpos que fueron inhumados durante los años 2017 y 2018, los cuales no cuentan para su identificación con un archivo básico “debido a que no era una exigencia por la legislación vigente en ese momento”.A los mismos, dijo, se les realizarán tomas de muestras para su eventual identificación y la realización de un archivo básico por cada caso, para posteriormente inhumarlos de nueva cuenta, pero ahora en el panteón forense que ya ha comenzado a ser edificado en el municipio de Atotonilco El Alto.GC
