A pesar de que la fiscal central, Maricela Gómez Cobos negó la responsabilidad de la Fiscalía frente al tráiler que deambulaba con más de 150 cadáveres sin reconocer en su interior, existe un convenio en el que se establece a esta dependencia como la principal responsable de la adquisición del vehículo."El reglamento interno del Servicio Médico Forense señala en su artículo 22, en el inciso quinto, que la responsabilidad del resguardo de estos cadáveres es del Instituto, es decir, hay un primer responsable y en razón de eso la autoridad actúa", señaló por su parte el vocero del Gobierno del Estado, Gonzalo Sánchez, en referencia a la causa del despido de Luis Octavio Cotero Bernal, ahora ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).El convenio, firmado el 2 de enero de 2017 por el entonces fiscal del Estado, Eduardo Almaguer; el ex titular del IJCF, Luis Octavio Cotero y la fiscal central, Maricela Gómez Cobos, como testigo, establece que fue la Fiscalía General quien dispuso la contratación de un tráiler refrigerante en el cual se conservarían y resguardarían los cadáveres no identificados que se encuentran a su disposición tras las pericias practicadas por el IJCF para su identificación y causa de muerte, en tanto la Fiscalía obtenía un espacio para su resguardo definitivo.Lo anterior debido a que, según dicho escrito, el Instituto es el encargado de mantener en refrigeración los cuerpos en tanto les realiza los exámenes mencionados, luego de esto, regresan a ser responsabilidad del Ministerio Público, para el esclarecimiento de los hechos."En consecuencia de la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, el IJCF se ha visto en la necesidad de apoyar a "LA FISCALÍA GENERAL", otorgándoles a su servicio un área específica para el asentamiento de un equipo especial de refrigeración móvil, contratado a su gasto y costa, para la conservación de los cadáveres anteriormente citados que yacen como pruebas", dicta el texto.También establece además que si bien el IJCF se comprometía a facilitar las condiciones para la operatividad del convenio, la Fiscalía se comprometía por su parte a deslindar de cualquier responsabilidad penal, administrativa y civil al Instituto a partir de que este le devolviera la custodia y resguardo de los cuerpos al Ministerio Público, una vez que le practicara las pericias de identificación ya mencionadas, de acuerdo con el artículo 13 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.GC
