Diputados de la Comisión de Responsabilidades aprobaron iniciar el proceso de revisión de tres denuncias de juicio político. Entre los procesos que inician está una acusación contra el presidente municipal de Acatlán de Juárez, Gerardo Ochoa Alvarado, por aplicar cobros supuestamente indebidos en el uso del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF).El segundo proceso es contra el alcalde de Tala, Aarón Buenrostro Contreras, por presuntamente incurrir en desacato de una sentencia que le ordena el pago de una indemnización. Otro de los procesos es contra el juez noveno de lo familiar por presuntas irregularidades en resoluciones emitidas. Según un reporte elaborado por el Congreso local en los últimos nueve años se han presentado ante el Poder Legislativo 366 juicios políticos, pero sólo en cinco casos concluyó todo el proceso que derivó en la sanción al servidor público señalado. En otros asuntos, la comisión aprobó sumarse al dictamen de la reforma que armoniza el Código Penal del Estado con la Ley de Responsabilidad Administrativa, para aumentar las sanciones por el delito de peculado. El castigo planteado será de tres meses a seis años de prisión, además de multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos de uno a diez años; cuando el daño al erario sea hasta 16 mil 120 pesos. El castigo aumenta conforme a la cuantía del peculado para llegar hasta 12 años de prisión y 20 años de inhabilitación.JA
