Luego de que el gobernador anunció que vetó la reforma con la que se pretendía extinguir los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, Annel Vázquez Anderson, presidenta del organismo, reconoció la apertura del Poder Ejecutivo para dialogar sobre el tema con la Comisión de Selección y admitir que la medida era inconstitucional.Comentó que, a reserva de conocer los detalles de las observaciones formuladas por el mandatario estatal, apoyan que se revise el tema de la permanencia de los integrantes. Recordó que, desde 2018, el Comité Técnico de Valoración Salarial estableció el monto de los honorarios que reciben. También que desde hace dos años cuentan con un Código de Ética y Conducta.Vázquez Anderson afirmó que desde este ejercicio presupuestal han rendido cuentas a través de la matriz de indicadores de resultados que se captura en la plataforma de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado. Apoyó la publicación de sus declaraciones patrimonial y de intereses, se comprometió que a más tardar en una semana estarán en su página de Internet.“Refrendamos nuestra voluntad de trabajar juntas y juntos. En particular, enfatizamos en nuestro interés por mantener siempre el diálogo con las instituciones públicas y, particularmente, con el gobernador quien nos ha mostrado su disposición a escucharnos”, dijo.Añadió que han sido evaluados por instancias externas, académicas, técnicas y de la sociedad civil.Fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la llamada reforma anticorrupción 2.0 que implicó modificaciones a 17 leyes estatales.Entre otras cosas, se faculta a la Fiscalía Anticorrupción para identificar y asegurar bienes en los delitos asociados a la corrupción. En el Código penal estatal se incluyeron como delitos relacionados con corrupción la defraudación fiscal y el uso de recursos de procedencia ilícita, considera sanción de cinco a 15 años de prisión.También introduce el concepto de “Política de Integridad Empresarial”, que se define como el conjunto de elementos de autorregulación y controles internos contemplados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para mitigar y reducir los riesgos de corrupción. Crea el Registro de Empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco que estará a cargo de la Contraloría del Estado.También se ajustó la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara para armonizar su Contraloría con la legislación anticorrupción, se dejó al Consejo General Universitario realizar el proceso y designar a su titular.Dieron plazo de un año para que el gobierno estatal haga todas las adecuaciones a sus reglamentos para armonizarlos con la reforma.Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.Para iOS: https://apple.co/35jaVgbPara Android: https://bit.ly/3gwVSEVJM
