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Miércoles, 21 de Noviembre 2018

Buscan solventar laguna legal que “satura” a Fiscalía Anticorrupción

La propuesta plantea ajustes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General y a la Constitución estatal para delimitar el campo de acción del área anticorrupción

Por: Rodrigo Rivas Uribe

Se plantea reformar el artículo 53 de la Constitución estatal y el 22 A de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Se plantea reformar el artículo 53 de la Constitución estatal y el 22 A de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Para tratar de corregir la laguna legal que ha saturado a la Fiscalía Anticorrupción con carpetas de investigación que no le corresponden, se presentó en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para limitar los delitos que serán de su competencia.

El diputado priista, Hugo René Ruíz Esparza, remitió la propuesta que plantea ajustes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General y a la Constitución estatal para delimitar el campo de acción del área anticorrupción. 

“Especificar los tipos penales que deben ser de competencia de esta Fiscalía especializada en combate a la corrupción para no desviarla de su asunto primigenio, que tiene que ser combatir los delitos que tienen que ver con el perjuicio del erario. Con esto estaríamos evitando que se le turnen carpetas de investigación que tienen que ver con tortura o desaparición forzada de personas”, explicó el legislador.

En junio pasado, el zar anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, advirtió que una imprecisión en la reforma hecha al Código Penal estatal provocó que la Fiscalía Anticorrupción haya recibido unas 200 carpetas de investigación por casos de tortura o desaparición forzada.

El fiscal argumentó que los diputados no definieron claramente qué se considera un acto de corrupción y sólo cambiaron de nombre el título séptimo del código que incluye ilícitos que no tendrían que ser atendidos por la nueva fiscalía.

La iniciativa presentada plantea que el órgano anticorrupción investigue delitos como: abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono del servicio público, cohecho, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y los delitos cometidos en la custodia o guarda de documentos. Además de ocultamiento o falsificación de rendimientos, delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.

Se plantea reformar el artículo 53 de la Constitución estatal y el 22 A de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la iniciativa se remitió a comisiones legislativas para su revisión.

NM

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