Para incluir sanciones a los funcionarios públicos que no concluyan los procesos de entrega recepción, fueron modificadas las leyes estatales de austeridad y la de entrega-recepción con lo que las omisiones en ese trámite serán consideradas faltas administrativas, que deberán investigar y sancionar los órganos internos de control. En la reforma aprobada en el Congreso local se plantea que en los casos que lo ameriten se procederá penalmente.La diputada panista Pilar Pérez Chavira, promotora de la reforma, explicó que, dentro del marco del sistema anticorrupción, se incluyó a los procesos de entrega recepción en el catálogo de las responsabilidades que son sancionables. “Es una reforma oportuna pues las autoridades municipales y estatales que están por concluir su función tendrán que tener cuidado, de que lo que documentaron al recibir la administración esté entregándose, dar cuenta del uso de los recursos. Esto permitirá dar mayor orden y que no se dilapiden los recursos que se tienen en las dependencias públicas”, comentó. La legisladora detalló que las sanciones pueden ir desde la inhabilitación, amonestaciones o establecer créditos fiscales por el monto de los faltantes que se comprueben. Destacó que serán los órganos internos de control (antes contralorías), quienes investiguen posibles irregularidades y revisen si se cumplió adecuadamente el trámite. Añadió que la reforma se requería pues con la legislación anterior los procesos se planteaban muy generales y en algunas áreas se entregaban mobiliarios o vehículos como pérdidas totales; con los cambios cuando esto suceda se tendrá que justificar por qué se generó la pérdida. Los procesos de entrega recepción en cualquier dependencia pública del estado deben realizarse al concluir la función de servidor público, quien se retira y el que recibe deben efectuar el trámite, verificar y documentar el patrimonio público con el que se cuenta y el estado en que se encuentre. JA
