Para tratar que se hagan efectivas las infracciones impuestas a automóviles con placas de otros Estados, el Congreso de Jalisco avaló una reforma a la Ley de Movilidad para facultar a la Secretaría de Transporte a firmar convenios con otras Entidades Federativas y emprender acciones encaminadas a sancionar a los propietarios de vehículos que hayan cometido una infracción en el territorio jalisciense. El diputado presidente de la Comisión de Movilidad, Jonadab Martínez García, explicó que la modificación era un requisito legal para concretar acuerdos con otras autoridades estatales. Señaló que en Jalisco circulan más de un millón de vehículos con placas foráneas.Aunque finalmente no se incluyó, la iniciativa original consideraba la posibilidad de que la autoridad estatal apercibiera a los propietarios de vehículos con placas foráneas, que residan en la Entidad, para que en plazo máximo de un mes tramitaran sus placas. También se suprimió la intención de que los autos foráneos, que no cuenten con seguro de daños a terceros, solicitaran un permiso provisional para circular en vialidades del estado. Municipios pierden participaciones Debido a que no cumplieron con presentar sus cuentas públicas, los municipios de Hostotipaquillo, Santa María de los Ángeles, Tonila y Villa Guerrero; no podrán ser incluidos en el reparto de recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación; del Fondo Municipal de Participaciones y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en Gasolina y Diesel. El pleno del Congreso del Estado aprobó las fórmulas para la distribución del excedente de esas bolsas, cuyo monto a repartir aún se debe aprobar en el presupuesto federal.El diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda, informó que 11 ayuntamientos fueron incluidos de último momento en el reparto, pues remitieron a la Auditoría Superior del Estado sus informes de gastos e ingresos del año pasado. También se autorizó al Ayuntamiento de Tonalá para renegociar un crédito de 846 millones 729 mil pesos, el endeudamiento se contrató desde 2007, y se ha renegociado en dos ocasiones. La reestructuración no implicará contratar más deuda, ni ampliar la fecha de pago que es 2034.Hacen obligatorios protocolos contra acosoPara que todas las dependencias públicas cuenten con protocolos de actuación y prevención del acoso y hostigamiento sexual, el Congreso del Estado aprobó cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Universidad de Guadalajara y escuelas estatales también deberán contar con estos protocolos. Se da plazo de seis meses para que los protocolos estén vigentes. También se reformó el Código Penal para aumentar la pena en los casos de acoso sexual hacia servidores públicos. La pena máxima será de hasta seis años de prisión. LS
