El cumplimiento de las órdenes de protección a mujeres que han sido violentadas podrá ser vigilado mediante un brazalete electrónico con Sistema de Posicionamiento Global (GPS).El Congreso de Jalisco avaló que, para tratar de garantizar la integridad de las víctimas, se permitirá utilizar sistemas de monitoreo electrónico para vigilar a los agresores. La diputada Sofía Berenice García, promotora de los ajustes, explicó que el uso de los dispositivos podría intercambiarse por prisión preventiva en los casos que determine la autoridad ministerial. Los detalles sobre su uso los definirá la Fiscalía General.Además, se estableció que la Fiscalía deberá emprender estrategias de seguimiento en tiempo real a las órdenes emitidas mediante técnicas de georreferenciación, usando los equipos del Escudo Urbano (C5) del Estado y los Centros de Control y Comando (C4) de los municipios. “Que sea una manera de poder ubicar y tener más enfoque en las mujeres que tienen órdenes de protección y darles una tranquilidad y la seguridad que se merecen. Dentro del Código Penal ya están las causales por las cuales los agresores pueden llegar a la prisión preventiva y, en este caso, se genera el tema de los brazaletes o alguna otra opción para poder tener ubicados a los agresores”, comentó.Negó que el uso de brazaletes viole los derechos humanos de los agresores. Argumentó que se dio prioridad al derecho de las víctimas a vivir sin violencia.La temporalidad de las órdenes de protección (y la activación del brazalete en consecuencia) será definida por el juez, quien podrá prorrogarla mientras considere que persiste el riesgo. La medida tendrá que dictarse en las primeras ocho horas, tras el conocimiento del acto que la motiva, y su duración mínima será de 72 horas.También se avaló conformar unidades móviles de órdenes de protección para las mujeres en municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Éstas deberán contar con un mecanismo de reacción inmediata de atención y supervisión del cumplimiento de las órdenes de protección.Se pide incorporar al Banco Estatal de Datos e Información Sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (Banavim) información precisa de las órdenes de protección emitidas en la Entidad para realizar acciones de política criminal y facilitar el intercambio de información entre las instancias involucradas.El Gobierno del Estado y los ayuntamientos tendrán un plazo de 120 días, contados a partir de la publicación en el Periódico Oficial y la entrada en vigor de la reforma, para aplicar las disposiciones aprobadas.
